El Supremo cuestiona el decreto del Gobierno que deja en sus manos decidir sobre las restricciones tras el estado de alarma

El gabinete técnico de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha emitido un primer informe de urgencia sobre el decreto-ley aprobado esta semana por el Gobierno que deposita en el Alto Tribunal la última palabra sobre las restricciones sanitarias que adopten las comunidades autónomas tras el estado de alarma. El documento, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso elDiario.es, alerta sobre los “numerosos interrogantes” y los “problemas prácticos” del recurso exprés aprobado por el Gobierno. 

Pero no sólo eso. Aunque no hace un análisis de fondo, alude al “problema de constitucionalidad” que puede suponer al situar a los tribunales “como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de competencias administrativas compartidas”. Y también apunta, por otro lado, a una “posible insuficiencia” de este tipo de norma —un decreto ley— para regular cuestiones que afectan a derechos fundamentales. No obstante, no entra a hacer un análisis más detallado de estos posibles problemas legales y afirma que “ambas cuestiones requieren de un estudio profundo que ahora no puede abordarse”. 

Tras trascender este documento, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha emitido un comunicado en el que su presidente, César Tolosa, afirma que se trata de un informe “interno, provisional y no vinculante” y que “no anticipa” la postura del tribunal. “Es un punto de partida para el estudio por parte de los magistrados del nuevo recurso de casación y de los problemas que su aplicación pudiera plantear”, dice ese comunicado, que añade que los magistrados podrán incorporar las modificaciones que estimen pertinentes.

Además de las citadas consideraciones de carácter legal, el informe se pronuncia sobre el principal motivo esgrimido por el Gobierno para promover esta reforma: la unificación de criterios en los tribunales ante el goteo de decisiones judiciales no siempre homogéneas sobre estas medidas. Según la exposición de motivos del real decreto, la introducción del recurso de casación pretende “uniformar doctrina” ante las “posturas divergentes” de los tribunales autonómicos. Los letrados del Supremo, sin embargo, no lo tienen tan claro y advierten de que “eso puede no ocurrir”, pues “bien puede suceder que la Sala llegue a la conclusión de que el recurso de casación concretamente examinado está incurso en causa de inadmisión”. 

Sobre este particular, el informe explica que puede ocurrir que, dado que se prescinde del trámite previo para determinar si concurren los requisitos legales para admitir el recurso, sea la propia Sala la que en su resolución establezca que debe inadmitirse por eso o porque no hay interés casacional —por ejemplo por ser “una cuestión puramente casuística”— y no estudie ni se pronuncie sobre el fondo del asunto. A este respecto, lamenta que se suprima esa fase de preparación permitiendo que se presente directamente ante el Supremo, lo que “plantea numerosos interrogantes y problemas prácticos” referidos sobre todo a la imposibilidad de filtrar esos requisitos legales y el interés casacional.

Los letrados también ponen en duda la celeridad que el Gobierno quiere imprimir a este recurso exprés, con un plazo máximo de resolución de once días desde la impugnación, mucho más corto que el habitual. A este respecto, el informe dice que si, como es de temer, se multiplica la litigiosidad en esta materia, resultará “muy problemático” resolver los recursos en tan breve plazo, habida cuenta que al Supremo accederán, probablemente en fechas coincidentes, recursos procedentes de cualesquiera tribunales inferiores de este orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

“En esta tesitura, la Sección encargada de tramitar y resolver estos recursos necesitará con alta probabilidad de la asistencia del Gabinete Técnico, para poder cumplir los plazos procesales así fijados”, dice el informe. Y añade que, por tanto, se hace “urgente” insistir en la dotación de medios personales y materiales para el personal del gabinete, ya saturado de trabajo con la dedicación que se pide al recurso de casación común y general.