La Universidad admite que el máster de Cifuentes funcionaba de manera “gravemente irregular”
La Universidad Rey Juan Carlos admite que el máster de derecho público del Estado autonómico que organizaba su Instituto de Derecho Público funcionaba de manera “gravemente irregular”. En ese instituto y en ese curso es donde obtuvo su título la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Así lo ha dejado por escrito el rector Javier Ramos tras la investigación interna ahora suspendida después de remitir el expediente a la Fiscalía.
En su informe presentado ante el Consejo de Gobierno de la Universidad, el rector fija el inicio de las sospechas en las notas del curso, en las que aprecia la existencia de “indicios de la comisión de un delito de falsificación de documento público”, que le llevaron a trasladar sus indagaciones y la documentación existente al Ministerio Público. La decisión, explica, se adoptó después de que se detectaran “versiones contradictorias sobre la veracidad del acta de evaluación del trabajo fin de máster” y de que una de las profesoras que figuraba como firmante reconociera que el tribunal no se reunió y que su firma había sido falsificada.
El propio Álvarez Conde, que defendió por escrito ante el rector que Cifuentes había presentado su Trabajo de fin de máster el 2 de julio de 2012, ha terminado por confesar que el documento se fabricó tras la primera información de eldiario.es sobre las irregularidades.
La URJC toma el control del Instituto y audita el resto
Tras constatar las irregularidades detectadas en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público, y al margen del procedimiento iniciado por la Fiscalía, el rector ha anunciado la puesta en marcha de medidas para retomar “el control del funcionamiento” del organismo para esclarecer su gestión “académica y económica”.
El Instituto de Derecho Público forma parte de la URJC, aunque goza de gran autonomía; tanta que llega a permitirle disfrutar de CIF propio. Al frente siempre ha estado Enrique Álvarez Conde. La investigación de eldiario.es sobre el título de Cristina Cifuentes ha desvelado una manera de actuar en el IDP en el que algunos alumnos podían obtener títulos con un esfuerzo académico escaso y los gestores del organismo conseguían más ingresos económicos.
En ese sentido, el rector ha abierto un expediente disciplinario a Álvarez Conde tras las irregularidades detectadas y después de que se haya negado a remitir la memoria de las actividades del Instituto, su gestión y sus cuentas a pesar de que se lo habían exigido. Álvarez Conde también ha sido suspendido en sus funciones como director del Instituto para evitar que interfiera en la investigación.
La URJC ha decidido, además, auditar todas las actividades de sus institutos y centros propios para “verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional”.
Expediente a Calonge y fin de la coartada de Cifuentes
Además de a Álvarez Conde, la Universidad ha abierto un expediente a Amalia Calonge, la funcionaria que entró en el sistema informático de la Universidad en 2014 para transformar de “no presentado” a “notables” dos calificaciones del máster de Cifuentes.
El informe del rector confirma la primera información de eldiario.es sobre el caso y detalla que Calonge “ha podido modificar actas de máster sin pertenecer a la unidad competente para hacerlo y, al parecer, sin autorización y sin comunicación, ni previa ni posterior, al jefe de servicio de dicha unidad”.
El expediente abierto a la funcionaria desmonta así la coartada del “error administrativo” esgrimida por Cifuentes tras el estallido del escándalo. La presidenta madrileña, que llegó a intentar que Calonge recogiera el título del máster en su nombre, también afirmó en sus primeras declaraciones públicas que Calonge estaba habilitada para cambiar las calificaciones.
En el informe que ha presentado ante el Consejo de Gobierno de la URJC, el rector ha activado, además, el mecanismo para distanciarse del problema provocado por el caso Cifuentes. Javier Ramos reitera en varias ocasiones que “los graves hechos referidos ocurrieron con anterioridad a mi toma de posesión, hace apenas un año” y asegura que tiene el “compromiso implacable” de investigar cualquier “irregularidad o mala praxis de la que pudiera tener conocimiento” para “depurar” todas las responsabilidades.
