Este miércoles los hijos de Juana Rivas, de tres y 11 años, tendrán que volver a casa de su padre, en Italia, a pesar de que el hombre fue condenado por maltrato en España en el año 2009 y que ella huyó de su lado tras ser agredida después de una reconciliación.
“La decisión del juzgado es un mazazo increíble para Juana”, apunta Francisca Granados, directora de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena (Granada), que asiste en un programa específico de atención a víctimas de violencia de género a esta mujer y a sus hijos. “El martes estuvo hasta las 23.00 en mi casa, la estuve consolando. Hay que ponerse en su lugar”, añade. Además, asegura que uno de los menores le pidió ser atendido el martes en consulta para trasladarle que “no estaba dispuesto a aceptar bajo ningún concepto la vuelta con su padre”.
El juzgado de primera instancia Nº3 de Granada ha dictado una providencia en la que determina la entrega de estos dos menores a su padre en un punto de encuentro familiar de la localidad durante la tarde del miércoles. La orden de devolución que puede ser recurrida, ha dado solo un margen de 48 horas para rebatirla ya que se emitió el martes y será ejecutada este jueves. Tanto Granados como la abogada de Rivas, María Castillo, critican que la magistrada tome esta decisión sin tener en cuenta que la decisión “no es firme”, ya que la defensa ha presentado recurso de reposición.
En la providencia judicial se establece que si la madre obstaculiza la restitución de los menores, “se acuerda el auxilio” al denunciante por parte de la Unidad de Familia y Mujer del Cuerpo Nacional de Policía. “No se ha tenido en cuenta en el juzgado que esta mujer y que sus hijos son víctimas de violencia de género”, asegura la trabajadora del Ayuntamiento. Los hijos de víctimas de violencia de género son también víctimas directas de esa violencia, esta condición está reconocida por la ley española desde julio de 2015 .
El pasado 14 de diciembre ya se dictó una sentencia por el mismo juzgado que ha dictado la providencia, ordenando “la restitución inmediata” de los menores al domicilio del padre en la isla italiana de Caloforte, de donde, según el relato de la mujer de 35 años, huyó con sus dos hijos “de una situación de violencia física y psicológica constante”.
La Audiencia provincial de Granada desestimó el pasado 21 de abril el recurso de apelación y, según denuncia la letrada María Castillo, en esta sentencia se utilizaron argumentos y datos que no “son propios de su expediente”, ya que la magistrada aludía en esta decisión “a una niña”, cuando su representada “tiene dos menores varones”.
Recurso desestimado por el Supremo
El recurso contra esta decisión presentado ante el Supremo también ha sido desestimado y presentarán uno nuevo “de queja” en los próximos días. Ante este resultado, el padre solicitó una ejecución de sentencia que ha promovido la decisión que se ejecutará este miércoles.
La sentencia, que ratificó la Audiencia Provincial de Granada, asegura que no existe peligro basándose en el informe de una psicóloga adscrita a los juzgados de familia. El hombre, de nacionalidad italiana, fue condenado y se le impuso un año y medio de orden de alejamiento por un delito de lesiones hacia Rivas en 2009, momento en el que se separaron. Por ello él se fue a vivir a Italia. “En 2013 me convenció de que me fuera con él, me decía que había cambiado. Regresé y al poco tiempo retomó la violencia. He estado mucho tiempo soportándolo y por eso me he ido”, relató Rivas a eldiario.es.
Al llegar a España interpuso una denuncia por violencia de género, que fue desestimada. La jueza la archivó argumentando falta de jurisdicción por no concurrir los requisitos para investigar un delito cometido fuera las fronteras españolas y por una persona extranjera. Sin embargo, no hubo notificación del proceso al Estado italiano. Ante esta decisión, en marzo presentaron otra denuncia para que “de oficio sea emitida a Italia”. “No la derivan a Italia porque todavía no han traducido los documentos, la justicia española está demorando el proceso”, apunta Castillo, letrada que atiende de oficio a esta mujer.
Amparado por el Convenio de la Haya
Como informó eldiario.es, no haber enviado la denuncia a las autoridades italianas contradice el Estatuto de la Víctima del Delito, aprobado en abril de 2015, que obliga en su artículo 17 a que en los casos de delitos cometidos fuera de España los jueces que resuelvan “no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción” –como es el caso– remitan “inmediatamente la denuncia a las autoridades competentes del Estado” en el que se hayan cometido los hechos.
El procedimiento por el que la justicia ha decidido la restitución de los menores está basado en el Convenio de la Haya, que obliga a que vuelvan al haber transcurrido menos de un año desde que se trasladaron a España y no haya consentimiento paterno. La letrada asegura que ha basado su defensa en que esta esta normativa contempla excepciones a la restitución, entre ellas, si expone a los menores a un peligro grave físico o psicológico.
Convocatoria para impedir la entrega
Desde el Ayuntamiento están intentando frenar la decisión judicial, ya que consideran que si finalmente una decisión judicial termina dando la razón a esta familia, “no hay manera de reparar el daño ocurrido”, incide Granados. De cara a la cita emitida por la jueza, desde el departamento de Igualdad pretenden que “haya una concentración masiva en todo el municipio para apoyar y reclamar que no se aplique una medida que no es firme”.
Por su parte, la abogada asegura que han intentado llegar a una acuerdo con el progenitor para evitar este final: “Se le dio la posibilidad de reconducir la situación por el bien de los niños para establecer unas medidas civiles y que no haya ningún ganador ni ningún perdedor. Juana aceptó, pero el abogado del padre se negó”.
Ante la decisión judicial, la directora de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena alude al acuerdo unánime que se llegó el martes para sentar las bases un pacto de Estado contra las agresiones machistas. “Cada una de las instancia y las instituciones que pintan algo en esta historia no pueden estar en sus respectivos despachos mientras se llevan a los niños de Juana. Deben movilizarse para que el miércoles no suceda lo que la jueza ha dicho que tiene que ocurrir”, finaliza Granados.