Diez propuestas sobre violencia machista que el PP ha rechazado en esta legislatura
El goteo de víctimas por violencia machista no cesa. Con la mujer degollada por su expareja este lunes en la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés, la cifra de estos primeros meses de 2014 se eleva ya a 24. Ante este drama, la oposición cree que se podrían estar aplicando más medidas, tanto preventivas como para paliar la situación en la que quedan los hijos o las propias víctimas, si logran sobrevivir.
Sin embargo, desde que el PP llegó al Gobierno se ha opuesto en el Congreso a buena parte de las iniciativas sobre violencia de género impulsadas por el PSOE, la Izquierda Plural y el BNG, que ostenta la portavocía del Grupo Mixto en la Comisión de Igualdad. Incluso ha rechazado también alguna de CiU.
Los populares justifican sus sistemáticos votos negativos a estas propuestas argumentando que el Gobierno ya está estudiando reformas en diversas leyes o impulsando otras para proteger mejor a las víctimas, por lo que invitan a la oposición a esperar a que lleguen al Congreso para sumarse a ellas. Entre tanto, ha ido tumbando la mayoría de las iniciativas que, por lo general, se han debatido y votado en la Comisión de Igualdad.
1. Plan de colaboración
1. Plan de colaboración
El 28 de marzo de 2012, el PP rechazó una Proposición no de ley del PSOE sobre medidas para mejorar los servicios de atención y recuperación de las personas afectadas por la violencia de género. La propuesta pedía acordar con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos un plan de colaboración para realizar un análisis de los perfiles y las causas que llevan a las víctimas de la violencia de género a abandonar los servicios de ayuda psicosocial.
2. Exención de tasas judiciales
[if gte mso 9]>
El 7 de noviembre de 2012, el PP también se opuso a otra proposición no de ley del PSOE sobre medidas de asistencia a los hijos de las víctimas mortales de la violencia machista, en particular cuando son menores. De los 12 puntos de los que constaba la proposición, el PP solo admitió tres.
Entre los puntos rechazados, por ejemplo, estaba que el Estado resarciera por los gastos por tratamientos de atención psicológica y psicopedagógica recibida de servicios de atención especializada, cuando la prestación requerida no hubiera sido cubierta por el sistema público sanitario o educativo. También el de eximir de pagar tasas académicas a los hijos de las víctimas, o la exención de las tasas judiciales en los procedimientos civiles que se tramitasen ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
No obstante, el ministro Gallardón enmendó meses después este último punto al anunciar que la nueva ley de Justicia Gratuita eximirá de pagar tasas a las víctimas de terrorismo, las de la violencia machista y trata, y a los discapacitados psíquicos maltratados.
3. Especialistas en las comisarías
El 24 de abril de 2013, el BNG, en representación de Grupo Mixto, registró una proposición de ley en la que se incidía en la necesidad de dotar de sufientes recursos asistenciales a la víctimas y mayores prestaciones económicas para garantizar su emancipación. Además, solicitaba la creación de unidades con agentes especializados de atención a las mujeres víctimas de violencia de género en las comisarías, algo a lo que se acaba de comprometer la nueva secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero. O propiciar una mayor coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y la Administración de Justicia para prevenir la violencia contra las mujeres.
4. Reforzar la protección de los menores
[if gte mso 9]>
[if gte mso 9]>
[if gte mso 9]>
El 8 de octubre de 2013, los socialistas vieron tumbada otra proposición, esta vez de ley orgánica, en la que pedían reforzar la protección a los hijos e hijas menores frente a los delitos de violencia de género. Una de las medidas que incluía la propuesta era que los juzgados de Violencia de la Mujer asumieran competencias para conocer de los delitos de quebrantamiento de condena y de la instrucción de los delitos contra los derechos y deberes familiares, por ser el órgano más adecuado para valorar la situación de riesgo de la víctima. O reformas para impedir que los condenados por estos delitos pudieran heredar el patrimonio de la víctima.
La proposición no se tomó en consideración ante el voto negativo del PP. Lo contradictorio es que meses después –el 7 de abril de 2014–, el Gobierno rectificó de nuevo y anunció que se estaba “trabajando en ello” y que, en concreto, el ministerio de Justicia incluiría en el anteproyecto de Ley Órganica del Poder Judicial alguna de estas demandas del PSOE, como por ejemplo, que los juzgados especializados asumieran la competencia en la instrucción de los delitos contra los derechos y deberes familiares, como puede ser el impago de alimentos o ante el quebrantamiento de la condena.
5. Garantizar los recursos asistenciales
5. Garantizar los recursos asistenciales
El 20 de noviembre de 2013, el BNG también presentó una PNL por la que se solicitaba intensificar las actuaciones económicas, políticas y sociales para combatir la violencia de género. En dos de sus puntos se hacía hincapié en garantizar los recursos asistenciales suficientes para atender las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos, tanto desde el ámbito de la asistencia sanitaria, de los servicios sociales y educativos. Además, incluía aprobar la dotación financiera necesaria a transferir a las CCAA para reforzar las medidas para luchar contra esta lacra social. Evidentemente, corrió la misma suerte que las anteriores.
6. Más recursos públicos
El 25 de noviembre de 2013, la Izquierda Plural vivió el mismo escenario con su proposición no de ley en la que instaba al Congreso a evaluar el grado de implementación de la aplicación de la Ley Orgánica de 2004 y pedía más recursos públicos para prevenir y actuar sobre las causas estructurales de esta lacra, garantizando una dotación presupuestaria suficiente para asegurar la eficacia de las medidas aprobadas.
Asimismo, pedía retirar la reserva hecha al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer, “para evitar lo que supone, sin duda, un paso atrás en la persecución de los delitos de violencia machista”, aseguraba la iniciativa. Fue rechazada por el PP.
7. Enmendar la reforma de la administración local
El año 2014 se inauguró con nuevos portazos del PP a propuestas de los grupos de la oposición, algunas ya solicitadas. El 10 de febrero de 2014, el BNG vio rechazada una PNL en la que se pedía el mantenimento de las actuaciones de los Ayuntamientos en materia de violencia de género que privó la reciente ley de reforma de las Administración Local.
8. Medidas preventivas contra las conductas sexistas
CiU tampoco se ha librado de ver rechazada alguna de sus propuestas en la Comisión de Igualdad. El pasado 30 de abril, el PP no apoyó una proposición no de ley sobre la adopción de medidas preventivas contra las conductas sexistas y el ciberacoso como forma de violencia de género entre la juventud. Los nacionalistas catalanes pedían que se financiase a las comunidades autónomas para que poder realizar campañas informativas contra el ciberacoso y para cursos a profesores sobre el uso y riesgos de las redes sociales. El Gobierno les ha contestado que hay una subcomisión en marcha en la Cámara para el estudio de este espinoso asunto.
9. Pacto de Estado
Ese mismo miércoles, 30 de abril, el PP tambien rechazó en el pleno una PNL de los socialistas para alcanzar un Pacto de Estado contra la violencia machista. El argumento de los socialistas es que la gravedad del problema justifica medidas excepcionales. El debate fue un desfile de acusaciones cruzadas entre los dos partidos mayoritarios sobre sus respectivas gestiones en el tema de la violencia de género. Tanto que los demás partidos les reclamaron responsabilidad.
10. Comisión de seguimiento
10. Comisión de seguimientoEse mismo día se rechazó también una moción de la Izquierda Plural, consecuencia de una interpelación urgente. Los populares se negaron a crear en el Congreso una Comisión No Permanente para hacer un seguimiento de las políticas sobre este drama alegando que ya hay abierto un grupo de trabajo en la Comisión de Igualdad. Además, de los cinco puntos de los que constaba la moción, los populares rechazaron de nuevo “garantizar una dotación presupuestaria suficiente” para la lucha contra esta lacra, y “promover los cambios legales para garantizar la protección de los colectivos especialmente vulnerables” como prostitutas, víctimas de trata o inmigrantes.
Con estos mimbres, pues, y pese a buenas intenciones desplegadas por la nueva secretaria de Estado, Susana Camarero, en su comparecencia de este martes ne la Comisión de Igualdad, la posibilidad de alcanzar el tan cacareado Pacto de Estado sobre violencia de genero se contempla lejos.
