Cuando José Ignacio Wert llama a reflexionar sobre algo, en la comunidad educativa se encienden todas las alarmas. Y aunque este martes en el Senado el ministro ha asegurado con voz firme que el Gobierno no está planeando implantar nuevos copagos, el llamamiento que había hecho la semana anterior a repensar la aportación de las familias en las etapas no obligatorias ha puesto en pie de guerra a sindicatos, partidos políticos, asociaciones de padres y de estudiantes.
Y es que las perspectivas económicas del sistema educativo no son precisamente halagüeñas. El plan de sostenibilidad que el Gobierno ha enviado a Bruselas prevé que España reduzca su inversión en Educación al 3,9% del PIB en 2017. Esto supone un 13,6% menos que en 2012, cuando alcanzó el 4,5% del producto interior bruto. El retroceso es mucho más notable si tomamos como referencia, por ejemplo, 2009, cuando el dinero dedicado a la educación supuso un 5,09% del producto interior bruto. En términos absolutos la caída del gasto en educación es todavía mayor, puesto que en el último trienio el PIB ha retrocedido más de un 5%. Sólo entre 2012 y 2013 el recorte ha sido de 4.630 millones de euros.
El argumento del Ministerio es que el dinero no mejora los resultados. Y para ello citan al informe PISA –en el que España no consigue grandes notas– asegurando que “a partir de cierto nivel de inversión”, poner más dinero a disposición de la educación “no mejora los resultados”. Esto ha repetido una vez más Wert este martes en el Senado a quienes reclamaban que, una vez que el Gobierno asegura que la situación económica mejora, se relajaran las restricciones presupuestarias en educación.
Un derecho constitucional
Con los presupuestos en mínimos y varias medidas extraoridinarias de austeridad (aumento de las ratios, congelación de la tasa de reposición de docentes, eliminación de ayudas al estudio), las posibilidades de recortar las partidas se reducen, lo que lleva a muchos a pensar que tarde o temprano se pedirá “un poco más de esfuerzo a las familias”. Sobre todo en la enseñanza no obligatoria (Infantil, Bachillerato, FP, universidad), porque la obligatoria está consagrada como gratuita en la Constitución.
Sí puede contribuir a la calidad de la educación, según el ministro, el “compromiso y el esfuerzo de los estudiantes”, el argumento que utilizó el Gobierno para modificar los requisitos de acceso a una beca universitaria, entre los que ahora se cuentan una nota mínima y una cantidad de créditos que deben ser aprobados obligatoriamente.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) considera que Wert “engaña” a la sociedad hablando del copago en la enseñanza no obligatoria porque, a su juicio, lo que quiere es “la privatización de la Universidad”. Una amenaza más cercana teniendo en cuenta que el próximo objetivo de Wert es llevar a cabo la reforma universitaria, en la que, entre otras cosas, quiere “revisar” los modelos de financiación de estos centros de estudios, que a juicio del ministro dependen demasiado de los fondos públicos.
CREUP recuerda que el alumnado y sus familias ya hacen frente al copago universitario y denuncia que la política del Gobierno “no es mejorar la calidad de la formación sino cargarse el sistema universal de enseñanza universitaria reduciendo drásticamente el número de estudiantes”. Esta aportación de los estudiantes se ha multiplicado en los últimos años con la subida de las tasas, que han crecido hasta un 20% según el grado y la universidad desde 2011. En Madrid se registran las tasas más elevadas, hasta un 68% más altas que en 2011.
Wert ha negado que ese aumento influyera negativamente en la igualdad de oportunidades. En mayo de 2012 aseguró “que la familia no tiene recursos para afrontar el pago de esas tasas, evidentemente se pueden dar casos, pero no tener recursos [...] qué quiere decir, que no se quieren dedicar recursos a eso en detrimento de otras [...] cosas”, aseguró.
La propuesta de los 'sabios'
La propuesta de “reflexión” de Wert surge de las propuestas incluidas en el informe de reforma fiscal encargado por el Gobierno, que aconsejan incluir el copago en la fases educativas no obligatorias para mejorar la “equidad y justicia” del sistema. Hay que pensar “cómo se sirve mejor a esa equidad y justicia distribuyendo entre el pago por quienes pueden pagar y el pago público, lo que son beneficios privados y beneficios públicos de esas fases”, ha dicho el ministro.
Para la Federación de Estudiantes Progresistas (FAEST), establecer un copago sería “una aberración tal y como está la situación económica de las familias” en España. “Si con esto restringen incluso el acceso a Bachiller, nos pondría a la cola en igualdad de oportunidades en la UE”, asegura un portavoz.
Entre los padres, el presidente de la Confederación Española de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA), Jesús María Sánchez, considera que esta declaración del ministro es un indicio más del “afán privatizador” del Gobierno sobre la educación en España. “Vemos una vez más que el principal objetivo es acabar con la educación pública convirtiéndola en un derecho para unos pocos”.
Mientras se discute si las familias deben cargar con una parte más importante del coste de la educación no obligatoria, el Consejo Escolar del Estado advierte de que los costes derivados de la educación obligatoria están poniendo en un brete a muchos españoles.
De hecho, en el documento que el ente aprobó hace unos días hace referencia específica a este tema: “Existen grandes dificultades de las familias para asumir los costes impuestos por la adquisición de los libros de texto y materiales, agravadas por la reducción, e incluso eliminación, de ayudas específicas para ello.