Tercer intento para proteger a los alertadores de corrupción en España, misión imposible desde 2016
Tercer intento para aprobar una ley que permita a España dejar de ser el único país de la UE que no establece una protección especial para que los alertadores de corrupción e irregularidades en empresas e instituciones no sufran el acoso o la venganza de aquellos a los que señalan. 16 diputados pertenecientes a cuatro partidos han apoyado la tercera propuesta de ley presentada en los últimos tres años con el objetivo de levantar ese muro de contención para los whistleblowers, que quedó registrada a última hora de este miércoles en el Congreso.
A la tercera puede ir la definitiva. Este nuevo intento, a diferencia de los anteriores, el texto presentado este miércoles tiene como base la Directiva Europea de Alertadores, aprobada en abril y que entrará en vigor en los próximos días. Cuando lo haga, los países miembros de la UE estarán obligarla a trasponerla a sus legislaciones en los próximos dos años.
Diputados de ERC, Más País, Compromís y el BNG han prestado sus firmas para apoyar una iniciativa legislativa promovida por la plataforma Xnet, superando el mínimo de 15 que establece el mínimo el reglamento de la Congreso. Esta vía para presentar proposiciones de ley está presente en el reglamento de la Cámara pero apenas es utilizada por los partidos, que escogen en cambio la opción de registro que solo requiere la firma del portavoz de un grupo parlamentario.
Xnet, grupo hacktivista miembro de la red internacional WIN (Whistleblowing International Network), formó parte del grupo de organizaciones de la sociedad civil que asesoraron a las instituciones de la UE durante la negociación de la directiva. Su iniciativa ahora pretende traer a España el marco de protección que la regulación europea establece para los alertadores, con el apoyo de otras organizaciones como Government Accountability Project, Blueprint for Free Speech y de Eva Joly, magistrada y ex eurodiputada, así como de alertadores como Luis Gonzalo Segura, ex-teniente del Ejército de Tierra.
Dos intentos fallidos
El primer intento de aprobar una legislación de este tipo en España se produjo en la duodécima legislatura. Varios partidos colocaron la protección a los alertadores como una de las propuestas estrella en sus programas, aunque fue Ciudadanos el que registró primero una proposición de ley. Su iniciativa fue muy criticada tanto por el resto de partidos del Hemiciclo como por organizaciones de la sociedad civil como Xnet, que consideraban que el texto no establecía una protección efectiva de los alertadores.
Tras tres años de negociaciones, la propuesta de Ciudadanos terminó decayendo con la convocatoria de elecciones. Tras el 28A, Xnet intentó por primera vez la jugada que repitió este miércoles, solicitando el apoyo de 15 diputados para presentar la Proposición de Ley de Protección Integral de los Alertadores y lanzarlo a su tramitación por una vía más rápida que el de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Con el fracaso de las negociaciones para formar Gobierno y la convocatoria de elecciones la iniciativa decayó.
La nueva propuesta ya contará con una directiva europea plenamente vigente sobre la que trabajar. En una negociación rápida y limpia para los estándares comunitarios, el Parlamento Europeo la aprobó con 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones. Uno de los motivos de la diferencia de tiempos entre el Congreso y la Eurocámara el problema para la adaptación del anglicismo whistleblowers al ordenamiento español. Mientras que este concepto de 'filtrador' (que no tiene por qué interponer una denuncia ante la justicia) está presente en las regulaciones anglosajones desde hace décadas, no se contempla como figura legal en las leyes españolas. El término 'denunciante', por contra, sí está recogido pero no permite el anonimato (principal medida de protección prevista en la directiva). De ahí la elección de la figura 'alertador' por parte de Xnet.
