El cierre de la cuenta de Vox en YouTube se une a las vulneraciones que otros partidos ya protagonizaron en el mundo digital desde la campaña del 28A, que les han enfrentado a distintas redes sociales por no respetar sus normativas mientras alegaban que se les priva del derecho a comunicarse libremente.
La primera responsabilidad que asumen los partidos al hacer uso de un servicio privado como el que prestan las tecnológicas Google, Facebook o Twitter es cumplir adecuadamente con los requisitos que establecen y que aplican a todos los usuarios por igual, explica el analista y consultor de medios sociales David Álvarez.
Algo que no respetaron diversas formaciones desde el inicio de la campaña, lo que llevó a que WhatsApp (propiedad de Facebook) cerrase la cuenta de difusión de Podemos días antes de la cita electoral, que la red de Mark Zuckerberg borrase cientos de anuncios de Ciudadanos y PSOE de la plataforma o que ahora YouTube bloquease temporalmente a Vox.
En el caso del partido de Santiago Abascal, el regate a las reglas comunitarias de YouTube (perteneciente a Google) llevó a que la plataforma cerrase durante varios días su canal oficial. Vox sostiene que la suspensión se debió a una decisión tomada “contra” su partido y que se trató de un “atentado contra la libertad de expresión”.
Ante las acusaciones de esta formación y las preguntas de los medios, la respuesta de YouTube consistió en explicar que Vox había cometido una “infracción de derechos de autor” hasta en tres ocasiones, por lo que la plataforma procedió a suspender su cuenta “con previa notificación”.
“Lo que le ocurre a Vox con YouTube le ocurre cada día a cientos de empresas”, explica Álvarez, experto en comunicación política, quien especifica que este caso no es singular ni arbitrario, pese a la distinta naturaleza de unas y otras organizaciones.
Aprovechar el desconocimiento de las reglas
Para Álvarez, lo “preocupante” de este caso es si la infracción se produce por “desconocimiento” o por “indiferencia”. Para hacer uso de los servicios digitales hay que tener “un mínimo conocimiento sobre tecnológicas”, subraya este analista, y hay partidos que aprovechan que “casi ningún usuario de Internet sabe de ese tipo de normas” a la hora de denunciar los hechos en sus propias redes sociales.
Las regulaciones de estas plataformas son todavía muy laxas, pero en los últimos meses Facebook, Twitter y Google han puesto en marcha iniciativas para detectar incumplimientos de sus políticas con mayor rapidez: la suspensión temporal a Vox resulta de la última actualización de los términos de uso de YouTube.
También Podemos se enfrentó al ajuste de las políticas comunitarias de uno de los gigantes tecnológicos, en este caso WhatsApp. La red de mensajería cerró varias cuentas de difusión del partido, cinco días antes de las elecciones generales, por usar la plataforma para enviar mensajes de forma “masiva” a sus suscriptores.
Desde Facebook también comunicaron al partido que se prohibía la utilización en WhatsApp Business -la extensión usada por empresas y organizaciones para ampliar las prestaciones de la red- de “programas de terceros para automatizar los mensajes”.
El secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, afirma que esta medida supone una “discriminación de trato sobre un partido político”. “Se cerró la cuenta sin previo aviso y dos días después se nos envió una comunicación vía email”, explica.
Del Olmo argumenta que “fue la cuenta de WhatsApp de Podemos la única que se cerró” en los días previos a la celebración de las elecciones generales, el 28 de abril.
No obstante, fuentes del área de Sistemas del PSOE han confirmado que cuatro de los siete grupos de distribución que su partido tenía en funcionamiento en esa red social, con el mismo fin, también fueron bloqueados en esas fechas, al no atenerse a las condiciones del servicio de WhatsApp Business.
Los anuncios ilegales de PSOE y Ciudadanos
Con la compañía de Mark Zuckerberg también tuvo que lidiar Ciudadanos, concretamente con la “Biblioteca de anuncios” de Facebook. En los primeros días de campaña, la formación de Albert Rivera fue una de las más activas y llegó a colgar más de un centenar de publicaciones propagandísticas en los primeros días de campaña.
Ciudadanos vio no obstante cómo desaparecían de golpe por no haber respetado la fecha límite que marcó la plataforma para inscribirse como partido político en la Biblioteca (15 de abril), un proceso de verificación obligatorio que Facebook implantó de cara a las elecciones europeas.
“Cuando haces la solicitud de certificación, Facebook te impide publicar hasta que te dan el OK. Tardaron unas horas en darlo y luego todo se regularizó, el perfil se silencia mientras se obtiene el certificado como partido”, explicaron fuentes de la formación.
¿Deben tener las cuentas de los partidos la misma regulación que las de los usuarios?
Tanto las infracciones más leves como aquellas producidas por descuidos administrativos conducen al mismo final: el bloqueo de la difusión a través de la plataforma digital, ya que los partidos están sujetos a las mismas condiciones que el resto de usuarios.
En este punto, el consultor de comunicación política y asesor jurídico Ignacio Martín Granados opina que las normativas dirigidas a cuentas de partidos deberían ser más “estrictas”, precisamente por la diferencia de sus intereses y objetivos respecto a las cuentas privadas del “ámbito civil”.
“Si dos políticos se insultan y el caso se lleva a los tribunales, el juez podría estimar que eso forma parte del ámbito político y no condena a nadie. Si pasa en el ámbito civil, sí que podría incurrir en condena”, explica.