Los técnicos ratifican que la empresa ganadora del concurso de basura en Santa Cruz tiene objetivos de calidad “inconseguibles”

El jefe del Servicio Técnico de Gestión y Control de Servicios Públicos de Santa Cruz de Tenerife, Javier Ignacio Fernández, se ratificó este viernes ante los portavoces de la oposición en el Ayuntamiento en que la oferta ganadora del concurso de limpieza viaria y recogida de basuras plantea unos objetivos de calidad que son “inconseguibles”, y sostuvo, por tanto, que no los va a poder cumplir, como concluyó en un informe emitido en junio de este año, el firmado por otros dos técnicos más.

Así lo manifestó ante los cuatro portavoces de la oposición, en una comisión informativa celebrada a puerta cerrada este viernes, que fue convocada por el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC), y a la que también asistió el director general del área de Servicios Públicos, Juan Domingo Cabrera (estos dos últimos citados, miembros de la Mesa de Contratación), quien insistió en que el reparo puesto por los técnicos no es motivo para excluir a Valoriza, cuestión esta que es la piedra de toque jurídica de la controversia, pues desde la oposición se considera que sí es argumento para eliminar a esta compañía del concurso.

Fernández acudió a esa reunión de la Comisión municipal de Servicios Públicos, monográfica sobre este asunto, en representación de los autores del informe, a petición de Sí Se Puede (SSP), pues el documento fue firmado también por la jefa de Sección de Mantenimiento de la Ciudad, María Flores González-Moro, y el arquitecto técnico Darío López, adscrito a esta sección, quienes, en todo caso, no estuvieron en este encuentro.

El portavoz de SSP, Pedro Fernández Arcila, quien ha advertido por escrito al equipo de gobierno de CC y PP sobre las “responsabilidades penales y patrimoniales” en que pueden incurrir si adjudican el concurso en esas condiciones, se quedó a medias con las preguntas que pretendía formular al funcionario autor del informe desfavorable a Valoriza, pues Arteaga no le permitió hacer más, alegando que no debía producirse un “careo” entre el técnico y el  edil de la oposición.

En cualquier caso, la adjudicación del concurso, de la que desde el 21 de septiembre hay una propuesta de la Mesa de Contratación, sigue demorándose, pues tampoco está incluida en el orden del día de la Junta Local de Gobierno prevista para el próximo lunes.

Tras esta reunión, el portavoz de SSP, también abogado, opina que “se confirman los peores augurios de cómo ha sido este proceso de licitación y podemos afirmar que estamos ante el mayor fraude imaginable en el mayor contrato del municipio”.

IUC ironiza con que una multinacional venga a perder dinero

El portavoz de Izquierda Unida Canaria (IUC), Ramón Trujillo, consideró que, tras escuchar a Arteaga y al director general, miembros de la Mesa de Contratación, le queda la impresión de que “están más preocupados en defender que la resolución del concurso está bien armada legalmente que en garantizar que sea una contratación que vaya a mejorar de verdad la prestación de este servicio público tan cuestionado en la actualidad” con la empresa Urbaser, la que aún lo realiza.

Trujillo admite que después de esta reunión le siguen quedando muchas dudas. La principal es por qué “ese disparate de que pueda ganar un concurso la multinacional sobre la que se sabe de antemano que no va a poder cumplir seis de los ocho criterios de calidad, por oferta temeraria, que incluso admite que puede ser sancionada por ello y que tiene 80 trabajadores menos que otra licitadora”. “Incluso admite que, si es sancionada y tuviera problemas financieros, lograría equilibrarse a costa de sus beneficios, por lo que uno se pregunta cómo es que una empresa viene a perder dinero, o si es que no tiene en cuenta los costes reales, pues una pyme eso nunca lo diría”, apostilla el edil de IUC.

En un comunicado, el concejal del PSOE Andrés Martín Casanova -quien participó en la comisión de este viernes- propugna que “el grupo de gobierno no puede seguir adelante con un concurso en el que sabe que la adjudicataria no va a cumplir”, al tiempo que muestra su “sorpresa” porque “la Mesa reconoce que sabe que Valoriza no va a llegar a los criterios de calidad, que es una oferta desproporcionada pero aun así la aceptan”.

Asimismo, el portavoz del PSOE, José Ángel Martín, critica que “se le dé la máxima puntuación a una oferta que debería estar excluida por hacerse en baja temeraria, como marcan la ley, el pliego del concurso, los técnicos y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública”.

Ciudadanos (Cs), cuya concejal Evelyn Alonso estuvo también presente en esta reunión informativa, asegura en nota de prensa que aprecia visos de que la adjudicación a Valoriza “puede ser contraria a derecho”, pues el informe de los técnicos es “contundente y certifica en sus conclusiones que el aseguramiento de la calidad no puede ser cumplido” con los medios que aporta esa empresa, al haber ofrecido una mejora del 80% en los objetivos de calidad, frente al 50% que marcan los pliegos como porcentaje a partir del cual una oferta puede ser desproporcionada y temeraria.

Para el edil de Cs Enrique Rosales se trata de “un desacierto más de CC-PP, pues hace un año anunciaron que primarían la calidad del servicio en este concurso y las mejoras que se incluyesen en la oferta, y sin embargo, ha pasado todo lo contrario”.