Los Pactos de La Moncloa, un mito redivivo de la Transición

Alguno de los expertos que queda en la Casa de Semillas del hoy desértico complejo de Moncloa debió considerar que el Gobierno de España necesitaba una imagen icónica que uniese al país ante el formidable reto de la pandemia. Había que difundir la idea de que, cuando acabe todo esto, habrá un plan de salida pactado por todos los actores políticos, sindicales y empresariales, que reactive la economía española y no deje a nadie atrás. En un país tan crispado en lo político y poco dado a la épica macroeconómica, la opción de los Pactos de La Moncloa de octubre de 1977 parecía la más adecuada a tal fin.

Ese acuerdo ha sido elevado por sus hagiógrafos a la categoría de hito de la Transición democrática. Y no faltan razones a tenor de lo que refieren los manuales de historia económica y ciencia política. Primero, los partidos políticos con representación parlamentaria acordaron las políticas económicas que corrigieron los graves desequilibrios coyunturales de una economía en la UCI y, a la vez, se sentaron las bases estructurales para el despliegue de una economía de mercado y del Estado benefactor, semejantes a los de las democracias europeas. Y, segundo e igual de importante, se impulsaron las libertades políticas y sociales, colectivas e individuales, cercenadas bajo la dictadura, integradas después en la Constitución de 1978.

En esa línea se están expresando estos días algunos artículos de opinión, incluyendo el testimonio de ministros, políticos, sindicalistas y periodistas de la época, en un ejercicio de memoria que, a mi juicio, está lastrado por el relato canónico de la historia oficial. Además, la propuesta inspirada en los Pactos de La Moncloa de recuperar una fórmula de consenso político ante la gravedad económica y social que se nos viene encima, ha sido abruptamente rechazada por los partidos del 'cuanto peor mejor'. Así que, tal vez por eso, haya que puntualizar los significados de esa gran operación política y económica de hace más de 40 años. Más aún, si pensamos que la mitad de los españoles de hoy no había nacido durante la Transición y merezcen una historia que no esté al servicio del poder.

1.- En el fondo no es tan sorprendente que se haya construido una visión casi épica de la transición económica si se alinean los problemas a los que hubo de enfrentarse la joven democracia española: desequilibrios profundos de variables esenciales para la estabilidad económica (inflación, desempleo, déficit de la balanza de pagos), declive industrial y crisis bancaria y burbuja de deuda privada, provisión de funciones básicas del Estado del bienestar inexistentes o raquíticas hasta entonces, saneamiento de un gigantesco sector público empresarial que actuó de hospital de empresas quebradas y rescató negocios privados, la articulación de un marco de concertación social entre empresarios y trabajadores, reformas estructurales en la fiscalidad, las finanzas y los mercados de bienes y servicios, la negociación para entrar en Europa como miembro de pleno derecho. En suma, había que desmantelar el anacronismo institucional de una dictadura que contribuyó al desarrollo económico de los años sesenta y primeros setenta, y engendró, inmediatamente después, uno de los ejemplos de mayor intensidad en la debacle económica. Los expertos de la OCDE que examinaron la situación de España en 1975 y 1976 fueron muy críticos con las políticas activadas entre 1974 y 1976 por el gobierno para enfrentarse a la desaceleración y juzgaron con severidad algunas medidas. Pero sobre todo insistieron en que “cualquier objetivo de crecimiento, de empleo o de balanza de pagos deberían ser analizados en el contexto de una eventual modificación de la política económica general y de una reforma paralela de las instituciones”. Y eso significaba desmantelar el franquismo para modificar los comportamientos de los grupos de interés.

2.- En consecuencia, la complejidad de nuestro país debe ser integrada en la perspectiva de las convulsiones económicas, financieras y monetarias que se produjeron a nivel mundial, en general, y europeo, en particular. La suma del impacto del final de Breton Woods y las crisis energéticas implicaron un cambio en el paradigma bajo el que se habían gobernado las economías occidentales desde 1948. Sus gobiernos aplicaron de inmediato medidas anticíclicas de matriz keynesiana que aminorasen en el corto plazo el impacto de la recesión mundial. En España no fue así y el ajuste macroeconómico se demoró hasta el otoño de 1977, aunque el diagnóstico y la terapia de choque ya estaban hechos antes por el FMI, el Servicio de Estudios del Banco de España y el Instituto de Estudios Fiscales. La incertidumbre respecto a qué políticas económicas aplicar en el medio y largo plazo fue generalizada en el mundo occidental en los diez años siguientes a 1974.

Las respuestas de política económica no fueron las mismas en las economías industriales y en las dictaduras que se extinguían en España, Portugal y Grecia, aunque forzados por las circunstancias pusieron en práctica políticas moderadas y con frecuencia impopulares. De hecho, cuando el partido socialista alcanzó el poder en España, en 1982, la 'contrarrevolución conservadora' de Thatcher y Reagan marcaba el giro de las políticas económicas hacia la alternativa liberal como la única posible.

3.- Los logros inmediatos de los Pactos de la Moncloa no fueron la panacea que proclaman hoy sus defensores. La combinación de una política monetaria restrictiva y un ajuste duro sobre los salarios frenaron los riesgos de la espiral inflacionista, pero un año después la segunda crisis del petróleo barrió los avances en el reequilibrio macroeconómico. El exceso de restricción financiera por el Banco de España entre 1978 y 1980 debilitó el potencial de crecimiento económico y profundizó la crisis industrial. El paro se disparó. La reforma fiscal chocaba con el rechazo de la nueva patronal organizada. A los cuatro meses de la firma del pacto, su gran hacedor, el vicepresidente del gobierno, Enrique Fuentes Quintana dimitió ante las presiones de grupos empresariales y, en particular, del poderosísimo oligopolio eléctrico, que se sintieron amenazados por las propuestas de liberalización financiera y de racionalización del sector electronuclear. La portada de Cambio16 (febrero 1978) lo resumía: “Derechazo, Fuentes KO”.

Aprobada la Constitución, el consenso político fue dinamitado. En realidad, el conjunto de reformas coyunturales y estructurales que se listaron en 1977 tardarían en aplicarse. La historia de esa Economía en Transición requirió de un tiempo largo de aprendizaje de los actores y de transformación institucional que cubrió una primera etapa hacia 1985 y que solo se completaría en 1992 con el desarrollo de los mecanismos de integración de España en la Unión Europea.

4.- Lo cierto es que los economistas que vivieron la Transición acuñaron inmediatamente ex post esa visión canónica. Su deconstrucción es compleja. El modo en que el proceso global de la Transición fue difundido por los medios de comunicación públicos y privados resulta clave. Existió una estrategia de comunicación que legitimó la democracia, identificó protagonistas y mensajes e impregnó el relato hasta nuestros días. Hubo una retórica de la Transición que algunos de sus creadores relatan sin complejos en sus memorias. A medio y largo plazo, había que explicar que, en realidad, se había vivido uno de los momentos brillantes de la historia española contemporánea. El vértigo que se vivió en el corto plazo entre 1976 y 1981 no garantizaba, sin embargo, semejante resultado.

Afortunadamente el país de hoy no se parece en nada a aquel gestionado por los herederos del franquismo, aunque se repitan algunas coincidencias. En 1977 Alianza Popular solo firmó el paquete económico de ajuste duro y se negó a apoyar el de las libertades políticas.