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Telepizza no es sinónimo de soberanía alimentaria

Murcia, Andalucía y Canarias, comunidades con más riesgo de pobreza infantil

Andrés Muñoz Rico

Responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra e impulsor de Del Campo al Cole —

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Las situaciones de crisis ponen de manifiesto las carencias del sistema en el que vivimos. Esta emergencia sanitaria del coronavirus destapa y visibiliza la crisis de cuidados que sufrimos y la precariedad de los recursos públicos, cada vez más mermados, para dar respuesta a las necesidades productivas y reproductivas de la vida.

Este mismo miércoles se ponía en marcha la medida anunciada por la Comunidad de Madrid, que había decidido apostar por Telepizza como solución para dar de comer a 11.500 niños y niñas con escasos recursos económicos. Niñas y niños que se han quedado sin comedor escolar por el cierre de los colegios debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Las reacciones virtuales en estos días de hiper-conexión domiciliaria forzosa fueron desde la incredulidad, pasando por el chiste fácil, hasta la indignación cuando se confirmó que el Ministerio de Sanidad autorizaba dicha medida.

Si nos permitimos analizarlo con detenimiento, vemos cómo ilustra perfectamente la dejación de las administraciones públicas a la hora de atender el derecho humano a una alimentación adecuada, especialmente en poblaciones vulnerables por su condición de menores y por sus características socioeconómicas.

¿Cómo hemos podido llegar a la situación en el que la única medida operativa de las autoridades públicas para dar de comer a estos niños y niñas sea obligarles a ir a recoger su menú infantil de comida ultraprocesada a una cadena de comida rápida? ¿Cómo puede ser que la mayor autoridad sanitaria del país autorice que niños y niñas con posibles carencias nutricionales, por la situación socioeconómica de sus familias, se alimenten de una comida que la ciencia nos dice que provoca graves impactos para la salud? ¿Es que no existen otros recursos alternativos que garanticen una alimentación sana y que no supongan entregar recursos públicos en manos de una gran corporación de la alimentación?

Si miramos con detenimiento a algunas de las decisiones que han tomado las autoridades públicas en las últimas décadas, como privatizar la mayor parte de los comedores públicos en colegios, hospitales o residencias de mayores, nos damos cuenta de que dependemos de empresas externas para abastecernos de este servicio. Si además, comprobamos que estos servicios se han adjudicado atendiendo a cuestiones exclusivamente económicas (abaratando precios a cambio de nuestra salud) y otorgando tratos de favor sin disimulo a grandes multinacionales de la restauración colectiva, entonces empezamos a tomar conciencia de la pérdida de soberanía alimentaria que sufrimos en España.

En un país en donde el campo reclama un precio justo y lograr que las personas que nos alimentan puedan vivir dignamente, parece incomprensible que las administraciones públicas cierren sus compras a los pequeños productores agrarios de proximidad y se las ofrezcan a grandes multinacionales de la alimentación, que impondrán nuevamente el criterio del lucro económico.

Parece entonces que el “chiste” de Telepizza ilustra bien cómo en situaciones de emergencia, pero también de normalidad, las autoridades han hecho una dejación de funciones para dar respuesta a una necesidad tan esencial como la alimentación. ¿Qué podemos hacer entonces para revertir esta situación?

En primer lugar, es necesario compartir un análisis clave: la alimentación no es una mercancía, sino un derecho humano. Delegar este derecho en empresas y grandes multinacionales nos hace vulnerables en las ciudades, y hace que las personas que producen alimentos en el mundo rural no puedan vivir de su trabajo en las condiciones que se merecen.

En segundo lugar, pasa por escuchar a la sociedad civil. Muchas organizaciones, como Amigos de la Tierra, venimos reclamando una apuesta decidida de las administraciones por una compra pública que favorezca una alimentación saludable, agroecológica y con criterios de justicia social para las personas productoras.

Unos comedores saludables y sostenibles en colegios, hospitales y residencias de ancianos son una potente herramienta de salud alimentaria frente a las emergencias sanitarias de toda índole. Ojalá aprovechemos esta crisis para llevarnos lecciones aprendidas de cara a las situaciones de normalidad, y ojalá esta emergencia nos sirva para poner en su lugar la importancia de los cuidados y de la alimentación.

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