¿Consulta no vinculante?
De entre los artículos publicados sobre Catalunya este pasado fin de semana ha habido tres que me han llamado poderosamente la atención, dos en La Vanguardia de Manuel Castells y Jordi Amat y uno en El País de Santos Juliá. Se trata de tres artículos de lectura sumamente recomendable, que se enfrentan con el problema desde perspectivas completamente diferentes, que reflejan distancias notables tanto en el análisis que hace cada uno de ellos del proceso que nos ha llevado a la situación en que ahora mismo nos encontramos como a la forma en que habría que proceder para salir del círculo vicioso en el que hemos caído. Pero, a pesar de las diferencias, hay un punto de coincidencia en dichos artículos sobre el que vale la pena reflexionar.
Mientras en Catalunya no se constituya una opinión inequívoca y claramente mayoritaria sobre su relación con el Estado, que pueda sustituir a la que actualmente existe con base en la Constitución de 1978, no se podrá avanzar en ningún tipo de solución. Esto es algo que, de formas distintas, subrayan los tres autores. No es la relación con el Estado lo decisivo, sino la relación de Catalunya consigo misma. Hasta que Catalunya no sepa de manera clara e inequívoca qué es lo que quiere, es imposible que Catalunya pueda salir de la relación que ahora mismo mantiene con el Estado. Parece claro que la relación actual resulta insatisfactoria, pero no se sabe qué otro tipo de relación se podría establecer.
Hay un cierto parecido entre la situación en que se encuentra la relación de Catalunya con el Estado español con la del Reino Unido con la Unión Europea, aunque en Catalunya no se haya celebrado ningún referéndum y en el Reino Unido sí. Es la no existencia de una opinión inequívoca y claramente mayoritaria sobre la relación del Reino Unido con la Unión Europea lo que impide al Parlamento británico implementar la decisión que adoptaron los ciudadanos en el referéndum del Brexit. Porque hay problemas para los que el SÍ o el NO de un referéndum no pueden estar en el punto de partida, sino que tienen que estar en el punto de llegada. Los ciudadanos británicos tomaron su decisión en referéndum sin saber exactamente las consecuencias de la salida de la Unión Europea. Cuando el Parlamento, que sí sabe cuáles son las consecuencias, tiene que hacer efectiva esa decisión, comprueba que no hay mayoría en la Cámara, porque no la hay en el país, sobre cómo dar cumplimiento a la misma. La moraleja es clara: la separación de una parte del todo en el que está integrado únicamente se puede decidir en referéndum, cuando previamente se han negociado los términos de la separación y son conocidas sus consecuencias.
En Catalunya no se ha celebrado ningún referéndum con las garantías exigibles y, por tanto, no disponemos de información inequívoca, pero sí se han celebrado dos consultas referendarias y varias elecciones calificadas de “plebiscitarias”, en las que se ha puesto de manifiesto que en la sociedad catalana existe una división en partes prácticamente iguales entre los que propugnan la independencia y los que prefieren seguir formando parte del Estado. En las dos consultas referendarias la mayoría a favor de la independencia fue abrumadora, pero, si tomamos en consideración la participación, el porcentaje es similar a la de los partidos independentistas en las elecciones “plebiscitarias”. Esta división está siendo confirmada por los resultados de todos los estudios de opinión conocidos. Con la evidencia empírica de que disponemos, pues, no hay nada que permita deducir que la opinión favorable a la independencia llegue siquiera a la ligera mayoría absoluta que se manifestó en el referéndum del Brexit. Y respecto a la información acerca de las consecuencias de la separación no estamos en mejor situación de la que se encontraban los ciudadanos británicos cuando votaron en referéndum. El círculo es verdaderamente un círculo vicioso.
Jordi Amat acaba proponiendo la celebración en Catalunya de una “consulta no vinculante”, que sirviera como medida transitoria para salir del estancamiento en que nos encontramos. No creo que haya Gobierno de la Nación que pueda en este momento convocar o autorizar la convocatoria de una consulta de esa naturaleza. Difícilmente superaría, además, el recurso de inconstitucionalidad que se interpondría contra la decisión. Pero es que, en mi opinión, el recurso a dicha consulta generaría más problemas de los que resolvería.
En primer lugar, porque los resultados de un referéndum son siempre vinculantes, aunque jurídicamente no lo sean. El del Brexit no lo fue. La decisión vinculante es la del Parlamento. Y sin embargo, ya estamos viendo lo que pasa. En segundo lugar, porque el resultado de un referéndum convocado como no vinculante no es fiable o, en todo caso, es mucho menos fiable que el de un referéndum convocado como vinculante.
Por muchas vueltas que le demos, al final acabaremos llegando a la misma conclusión: únicamente a través de los instrumentos propios de la democracia representativa pueden los partidos que propugnan la independencia acreditar la mayoría necesaria para abrir negociaciones con el Estado, que puedan conducir a un nuevo pacto de integración o a la independencia. Mientras no se pueda acreditar esa mayoría clara, va a ser muy difícil salir del staus quo. Una vez que se acredite, sería el momento de recurrir al referéndum.
