Esperanza Aguirre, la matrioska de la corrupción

En toda la historia democrática española, es difícil encontrar un gobierno más corrupto, una organización más podrida. El vicepresidente primero, Ignacio González. El consejero de Presidencia y secretario general del partido, Francisco Granados. El viceconsejero de Presidencia, Ignacio López Viejo. El tesorero, Beltrán Gutiérrez… La lista completa es aún mayor y el último en sumarse es el vicepresidente segundo, Alfredo Prada, que esta semana ha sido sentenciado a siete años de prisión.

Todos estos nombres tienen dos cosas en común. La primera, que están condenados o pendientes de juicio por gravísimos casos de corrupción. La segunda, que todos ellos formaron parte del círculo de máxima confianza de la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre.

No se salva nadie. Todas las personas clave de aquel Gobierno autonómico han acabado igual: en la Audiencia Nacional. Hay una única excepción: la propia Esperanza Aguirre, que ha logrado tres milagros.

El primero, librarse de absolutamente todas las causas de corrupción que emponzoñan su gestión y han atrapado a sus principales subordinados. De todas ellas. La última, la que juzgará la trama de financiación ilegal del PP de Madrid. Su partido se presentó dopado, con dinero negro, a todas las campañas electorales donde Esperanza Aguirre era candidata. A todas, desde el infausto Tamayazo. Pero Aguirre tampoco tendrá que responder por esto ante los tribunales. Manuel García Castellón –qué sorpresa– decidió que no había materia y la desimputó.

El segundo milagro: que una persona con un currículum como el suyo siga dando doctrina sobre la ética y la política en distintos medios de comunicación sin que apenas se le recuerde lo mucho que tiene que callar; el enorme daño que su gestión provocó.

El tercer milagro: que Esperanza Aguirre no solo no haya pedido nunca disculpas por todo el dinero robado o malversado por su Gobierno, sino que encima pretenda convencer a los ciudadanos de que fue ella la engañada. Que no sabía nada. Que ni siquiera sospechó.

La justicia ha sido lenta y, con seguridad, nunca podrá demostrar todo lo que en esos años nefastos ocurrió. Pero paso a paso, poco a poco, se va completando el relato de uno de los peores capítulos de la historia de la corrupción. 

Los últimos hechos probados están en una sentencia que se conoció esta semana y que ha pasado bastante desapercibida en la inmensa mayoría de los medios de comunicación: la condena al exvicepresidente de Madrid Alfredo Prada por la Ciudad de la Justicia. 

Los datos. Esperanza Aguirre prometió que no costaría “ni un euro” a los madrileños. La idea era vender los distintos edificios judiciales de Madrid y, con ese dinero, construir nuevos y modernos juzgados en una zona de las afueras de la capital. En 2004, el Gobierno de Madrid creó una empresa pública para impulsar esta operación y al frente de ella se nombró a Alfredo Prada: el entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia de Aguirre. 

En 2007 se colocó la primera piedra. Solo en aquel acto propagandístico se gastaron 900.000 euros. 

La obra jamás se terminó. Después de despilfarrar 350 millones de euros, solo se construyó un único edificio de los diez previstos. El resto de la Ciudad de la Justicia sigue hoy siendo un enorme descampado. 

La sentencia es bastante clara. El verbo que usan los jueces de la Audiencia Nacional es “esquilmar”. Alfredo Prada y cuatro directivos que él nombró, también condenados, malversaron 40 millones de euros con adjudicaciones fraudulentas. Son contratos amañados. O facturas que no tenían nada que ver con el supuesto objetivo de esa empresa pública. 

Prada no fue acusado de enriquecerse con este caso de corrupción –a diferencia de González, Granados o López Viejo–. Y en el juicio también argumentó que seguía las órdenes de Aguirre. Pero eso no le ha servido para evitar una condena a siete años de prisión, que aún no es firme. 

Buena parte del dinero se gastó en propaganda: campañas de publicidad, exposiciones sobre la Justicia, maquetas carísimas y hasta cuatro islas virtuales en el metaverso, en Second Life. 

Como pasó con otras empresas públicas gestionadas por el PP de Madrid, la promotora de la Ciudad de la Justicia se convirtió en una máquina de pagar favores: otra herramienta más para consolidar el poder del PP. No es casual la enorme inversión en publicidad, que se repartió entre los medios de comunicación afines. O los nombres que se llevaron estos contratos amañados.

Una de las empresas beneficiadas fue Over Marketing. Su dueño, Daniel Mercado, aparece ligado a otros casos de corrupción del PP en Madrid, en Baleares y en Valencia. Entre otras campañas electorales, Over Marketing participó en la de Esperanza Aguirre de las autonómicas de 2007. “El PP me pidió que facturara gastos de campaña a constructoras”, confesaría años después el propio Mercado ante la Audiencia Nacional. 

Otro de los condenados, a tres años y medio de cárcel, es un comisario de policía: Andrés Gómez Gordo. Estaba contratado como director de Seguridad, un cargo cuya necesidad es difícil de entender en una empresa cuyo objetivo era construir varios edificios públicos. “El gasto en seguridad resultó superfluo y causó un perjuicio a las arcas públicas”, dice la sentencia. ¿Su sueldo? Unos 6.000 euros mensuales. Además, se llevó otros 100.000 euros cuando fue despedido, como indemnización. 

Nunca ha estado claro a qué se dedicó Gómez Gordo en esos años. Sí sabemos algunas de las cosas que hizo después.

Gómez Gordo es uno de los personajes clave en la brigada política del PP, en la cloaca policial. Tiene otro juicio pendiente por su intervención en la operación Kitchen: el espionaje a Luis Bárcenas y la destrucción de las pruebas que preocupaban a M. Rajoy. Otros policías también le acusan de ser el responsable de confeccionar el Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) contra el líder de Podemos. 

Gómez Gordo es también muy cercano a María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, donante de la caja B del PP. En su época como presidenta de Castilla-La Mancha, De Cospedal nombró al policía como director de Análisis y Documentación de la Junta. Un cargo que explicaba poco sobre su verdadero papel al servicio de la entonces secretaria general del PP: un rastro que aparece en numerosas anotaciones y grabaciones del comisario Villarejo. 

Pero volvamos a Madrid, a ese Gobierno de Esperanza Aguirre que hace no tanto presumía de que “solo le habían salido rana dos nombramientos”.

Alfredo Prada duró poco como vicepresidente. En 2008, apostó por Mariano Rajoy en el pulso que intentó Aguirre para desbancarlo como líder del PP. Poco después, Aguirre lo cesó. Y a las pocas horas de ser destituido, el director general de Seguridad del Gobierno de Madrid, Sergio Gamón, registró el antiguo despacho de Prada y se llevó su ordenador.

Sergio Gamón trabajaba a las órdenes de Francisco Granados. Y había llegado al Gobierno de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre, que antes le había tenido como escolta en sus años como presidenta del Senado. Es el mismo Gamón que después fue a juicio junto con varios otros policías por la ‘gestapillo’; el espionaje de varios políticos del PP rivales de Aguirre. Fue absuelto por una ajustada votación de un jurado popular: cinco a cuatro.

Entre las personas que aparecían en los partes de seguimiento del equipo de Sergio Gamón estaba el propio Alfredo Prada. Y estos espionajes ni siquiera fueron hechos aislados: Ignacio González también fue espiado en un viaje a Colombia y se filtró a los medios un dossier contra él.

Otro episodio, más propio de una novela negra. El 22 de octubre de 2006 alguien quemó un coche dentro del garaje de Francisco Granados, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Era un Mini Cooper descapotable que usaba su mujer. Pero cuando la Policía investigó el incendio descubrió que, en realidad, era propiedad de una constructora de Valdemoro, el pueblo donde Granados había sido alcalde.

La primera pregunta: ¿qué hacía la mujer de un consejero de la Comunidad de Madrid conduciendo un descapotable que no era suyo? La segunda, ¿quién quemó el coche para que ese feo asunto saltara a la luz?

Aguirre, siempre tan locuaz, calificó aquel incendio como “el primer atentado político de la Comunidad de Madrid”. Nunca sabremos si era pura demagogia o es que ella se olía algo más. 

Tanto espionaje, tanto suceso extraño, no se entiende sin comprender las dinámicas internas dentro del gobierno de Aguirre. Los dos hombres fuertes de la lideresa, Ignacio González y Francisco Granados, estaban enfrentados entre sí. Años después quedó clara la verdadera razón: ambos rivalizaban por exprimir el poder y los recursos de ese lucrativo gobierno regional.

A Francisco Granados le apareció una cuenta millonaria en Suiza. Y también 922.000 euros en fajos de billetes, escondidos en un altillo en casa de sus suegros. 

Granados ya ha sido condenado por una primera sentencia menor, por el chivatazo de la Púnica. Tiene pendiente el juicio principal por corrupción. Y es el único preso de España que ha dormido un par de años en una cárcel, la de Estremera, que él mismo inauguró. 

Ignacio González, por su parte, también ha pasado unas cuantas noches en prisión preventiva. Fue exonerado en un primer caso de blanqueo pero sigue pendiente de tres piezas separadas del caso Lezo donde Anticorrupción pide para él varios años de cárcel.

¿Y Esperanza Aguirre? El próximo jueves estaba previsto su debut como tertuliana en la nueva edición de 59 segundos, en TVE, un fichaje que en el último momento se canceló –la inoportuna condena a Prada lo complicó–. Pero denle un poco de tiempo, que ya tenemos a Cristina Cifuentes en Masterchef.

En cuanto a la Ciudad de la Justicia, Isabel Díaz Ayuso la quiere completar. Y ha empezado el proceso con una polémica adjudicación. La Comunidad de Madrid dice que costará 542 millones de euros. Los arquitectos ya avisan que será bastante más.  

Lo dejo aquí por hoy. Espero que tengas una buena semana y gracias otra vez por tu apoyo a elDiario.es

Un abrazo,

Ignacio Escolar