El alférez que participó en la condena a muerte a Miguel Hernández pierde la guerra contra la Universidad de Alicante

Los tribunales han vuelto a rechazar que Antonio Luis Baena Tocón, alférez jurídico que participó en el proceso franquista que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, se pueda beneficiar del derecho al olvido. Después de que el Tribunal Supremo rechazara borrar su nombre de todos los buscadores, el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana ha cogido el testigo y ha zanjada un pleito histórico entre los descendientes de Baena Tocón y la Universidad de Alicante, descartando que un artículo de investigación que mencionaba su actividad en esos años dentro de los juicios franquistas deba desaparecer. “La ponderación nos lleva a dar prevalencia al trabajo de investigación histórica”, dicen los jueces valencianos.

Antonio Luis Baena Tocón era el secretario judicial que participó en el proceso contra el poeta Miguel Hernández en su Orihuela natal. El autor de 'El rayo que no cesa' fue detenido y encarcelado para que, poco después, un Juzgado Especial de Prensa franquista iniciara un procedimiento que terminó con su condena a muerte, falleciendo de tuberculosis en la prisión de Alicante en 1942. Desde hace años, los descendientes de Baena Tocón han puesto en marcha diversos procesos judiciales para que Google haga desaparecer enlaces e informaciones que explican su relación con la instrucción que desembocó en la sentencia de muerte.

El procedimiento principal quedó resuelto en firme hace unos meses por parte de la sala tercera del Tribunal Supremo. Los jueces de lo contencioso-administrativo entendieron que, en este caso, existía un “interés público incuestionable” y que, siendo posible que un fallecido se acoja a la protección de datos y al olvido digital a través de sus familiares, en este caso primaba el derecho a la información.

Uno de los primeros capítulos de este conflicto por el nombre de Baena Tocón no tuvo lugar en el Tribunal Supremo sino en la Universidad de Alicante. En torno al artículo “El caso Diego San José y el Juez Humorista”, del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, que daba detalles sobre el papel de este alférez jurídico en los procesos de censura franquista: “Realizaba durante la posguerra una labor esencial a las órdenes del juez instructor: el expurgo, vaciado y/o desaparición de los fondos de la prensa republicana depositados en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Su objetivo era la búsqueda de 'delitos', que agravaba con comentarios cuyas consecuencias podían ser una condena a muerte”.

Un artículo que, durante un tiempo, fue objeto de censura. La Universidad de Alicante accedió en 2019 a una petición de la familia y borró el nombre de Baena Tocón del artículo, colgado en su web. El propio centro revocó su decisión y, desde entonces, el nombre aparece con un apunte cada vez que aparece: “Nombre citado por resolución del rector de la UA del 30-VII-2019”. La familia del alférez llevó el asunto a la Justicia y ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha avalado la negativa final de la universidad a “desindexar”, o dejar fuera del alcance de Google y los grandes buscadores, el artículo.

“Prevalencia al trabajo de investigación histórica”

La resolución del TSJ de la Comunidad Valenciana, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que todavía puede ser recurrida ante el Supremo, avala los argumentos del juzgado alicantino que ya rechazó el primer recurso del descendiente de Baena Tocón. “El enlace estaría amparado por la libertad de información y de expresión, sin que proceda la supresión de los datos personales”, dice el tribunal.

A pesar de “algunas inexactitudes que no afectan a la esencia” del artículo, se trata de “un trabajo de investigación histórica realizado por un profesor, interpretando las fuentes, expresado con su particular visión subjetiva, en ejercicio de su libertad de información y expresión”.

Los jueces entienden que el enlace al artículo de la Universidad de Alicante debe mantenerse activo y al alcance de cualquier persona que busque su contenido en plataformas como Google: “La ponderación nos lleva a dar prevalencia al trabajo de investigación histórica, de interés o relevancia pública”, dicen.

La sentencia cita en diversas ocasiones el dictamen del Tribunal Supremo, que a principios de este año ya estableció que Antonio Luis Baena Tocón no tenía derecho a olvido en todo lo que tenía que ver con su participación en el proceso franquista que condenó a muerte a Miguel Hernández. Estimar lo que pedían en su demanda, dijeron los jueces del alto tribunal, llevaría a generar “una historia selectiva y sesgada a voluntad de los familiares o herederos del difunto”.