El Gobierno elude pronunciarse sobre los candidatos al TC y destaca el acuerdo

Madrid, 29 oct (EFE).- La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha rehusado pronunciarse sobre la idoneidad de los candidatos propuestos para renovar el Tribunal Constitucional y se ha limitado a valorar que se haya alcanzado un “acuerdo de Estado” para desbloquear esa institución.

Llop, en declaraciones a los periodistas en el Senado durante la conferencia sectorial de Justicia, ha sido preguntada por los negocios realizados por uno de esos candidatos, Enrique Arnaldo, con diferentes administraciones gobernadas por el PP, pero no ha querido opinar al respecto.

La ministra ha mostrado su respeto a la división de poderes -esos candidatos los propone el Congreso- y se ha limitado a recordar que los cuatro nombres acordados son “personas de larga trayectoria en el mundo del derecho”.

“Lo importante es que se ha llegado a un acuerdo de Estado”, ha recalcado la titular de Justicia.

También ha respondido a preguntas por la sentencia del TC que declara inconstitucional el segundo estado de alarma, cuyo fallo se ha adelantado esta semana, y con el que el Gobierno discrepa de manera “respetuosa”.

Llop ha incidido en la “controversia jurídica” que existe sobre la constitucionalidad de los estados de alarma declarados para combatir la pandemia, avalados por dos sentencias del Tribunal Supremo y anulados después por el Tribunal Constitucional por una “mínima mayoría”, en palabras del presidente de esa institución, que es uno de los magistrados que cree que se utilizó el instrumento adecuado.

Y ha recordado que la sentencia del primer estado de alarma salió con seis votos a favor de anularlo y cinco en contra y la segunda con seis a cuatro.

La ministra ha recalcado de nuevo que el Ejecutivo actuó con los instrumentos legales que tenía a su disposición y lo hizo en todo momento “por el bien de la ciudadanía, para salvar vidas, por la salud e integridad de las personas”.

Además, ha incidido en que todos los grupos parlamentarios salvo Vox apoyaron el primer estado de alarma y en que el PP se abstuvo en el segundo, lo que permitió su prórroga por seis meses. Es decir, fueron apoyados por “una mayoría social”.

A su juicio, la gestión del Gobierno, mediante la cogobernanza con las comunidades autónomas -uno de los asuntos que cuestiona la sentencia-, ha sido “un éxito”.