Superada la recesión pero con varias crisis por resolver

Artículo publicado previamente en Policy Network: The recession is over but the crises still need to be resolved.Policy NetworkThe recession is over but the crises still need to be resolved.

La economía española ha dejado atrás la recesión. Ahora bien, las perspectivas de crecimiento continúan siendo muy modestas, el desempleo se mantendrá en tasas muy elevadas y los perniciosos efectos sociales, fruto de la crisis pero también de muchas de las decisiones políticas que se han venido tomando en los últimos años, tendrán largo impacto sobre la cohesión de nuestra sociedad.

De este modo, si bien parece que lo peor de esta larga crisis europea podría haber pasado, los retos políticos y sociales continúan siendo titánicos. Ello exige una nueva agenda progresista que aúne las reformas económicas necesarias para vigorizar el crecimiento y una aproximación radical a los problemas de inequidad y pobreza que están asolando el presente. Además, el país urge de una reforma institucional y democrática serena pero innovadora.

Para encontrar las razones de la mejora económica, se debe analizar la política europea. Si entre 2008 y 2010 las agendas estuvieron focalizadas en políticas keynesianas, tal proceso acabó fracasando ante los problemas de sostenibilidad de la deuda soberana.

Esas incertidumbres emergieron porque en una unión monetaria muy parecida a un simple acuerdo de tipos de cambio fijo no se pueden realizar políticas nacionales de gasto ante una crisis de deuda; sin embargo, en aquellos momentos se creía que la fortaleza y credibilidad de la unión no estaban en juego. No obstante, tales contradicciones acabaron emergiendo en mayo de 2010 con la crisis de deuda soberana en Grecia y en el resto de países “deudores”.

Entonces se podría haber optado por una estratégica focalizada en revisar la naturaleza de esa unión económica incompleta acelerando la integración, de tal modo que hubiera herramientas alternativas a los ajustes fiscales y las desregulaciones agresivas.

Por desgracia, el equilibrio político del momento condujo a la adopción de las políticas más conservadoras, centradas en responder a la crisis de deuda soberana dentro del statu quo institucional de la zona euro. Ahora bien, ese camino, como en otras ocasiones en la historia, no sólo no garantizó la salida de la crisis, sino que ha tenido costes sociales profundos.

De este modo, sólo a mediados de 2012, una vez testada la insuficiencia de tal estrategia, la Unión comenzó a virar su agenda hacia una aceleración de la integración en la eurozona. En este sentido, el Consejo Europeo de junio que ayudó también a la toma de decisiones posteriores por parte del BCE, comprometidos todos en el futuro de la eurozona y, por lo tanto, obligados a reformar las propias instituciones europeas, está siendo central en esta estabilización económica.

El compromiso político de pasar desde una zona euro muy parecida a un simple acuerdo de tipos de cambio hacia una unión económica integrada, cuyo primer hito sería la unión bancaria, está en la base de la mejora en la transmisión de la política monetaria y ello, a su vez, en la suavización de los procesos de ajuste fiscal. Además, en el caso de España, la solicitud del rescate financiado por el MEDE para sanear el sector financiero, en el marco de esa aceleración de la integración europea, ha ayudado también a esta estabilización de la economía.

Además, es justo reconocer que el Gobierno ha tomado medidas que han ayudado también a esa mejora de la economía. Ahora bien, existían otras opciones de política económica más idóneas para mejorar la credibilidad del país y el funcionamiento de los mercados y, por supuesto, con nulos costes sociales. Sin embargo, el Partido Popular prefirió dotar a las reformas, que necesitaba el país, de contenidos profundamente ideológicos con efectos muy negativos sobre la cohesión social, por ejemplo, en el mercado laboral.

En todo caso, España inicia 2014 con unas perspectivas de crecimiento en torno al 1%, si bien las estimaciones a medio plazo apuntan a aumentos muy débiles de la renta, que apenas podrán reducir la tasa de desempleo. Así pues, la recesión ha quedado atrás pero la economía española necesita innovar su estrategia de crecimiento, reformular las reformas del Partido Popular salvaguardando la cohesión social y combatir urgentemente los efectos de la pobreza.

Bajo esta estrategia, España debe abordar a corto plazo una reforma fiscal que amplíe las bases tributarias y ataque los nichos de elusión y fraude fiscal, además de revisar la tributación sobre el patrimonio y los impuestos ambientales. Se necesitan también reformas profundas en los mercados de factores de producción: trabajo y capital. En primer lugar, es urgente una reforma laboral que apueste por la flexi-seguridad, frente a la desregulación absoluta impulsada por el Gobierno del Partido Popular, para acelerar la creación de empleo de calidad. Y en segundo lugar, el sector financiero, aun tras la finalización del rescate europeo, debe seguir siendo centro de atención para mejorar su recapitalización, pero también el flujo de crédito y la competencia.

En este sentido, la concentración de los órganos de supervisión y regulación sectorial junto con la Comisión de Competencia, aprobada por el Partido Popular, ha supuesto un paso atrás en la lucha frente a los oligopolios y los abusos de poder, que atenta contra los emprendedores y el conjunto de los consumidores. Asimismo, el país debe afrontar una reforma energética que contenga los costes eléctricos y mantenga la apuesta contra el cambio climático, clave también para fortalecer el sector industrial exportador.

Además, más allá de la agenda económica, la reforma tributaria debería permitir suavizar los ajustes del gasto en el marco de una consolidación fiscal pautada. Ello debería permitir focalizar a corto plazo las políticas del Estado de bienestar en combatir la pobreza. Y a medio plazo, España debe revisar las políticas educativas, revirtiendo lo peor de la última reforma del Partido Popular y centrando los esfuerzos financieros en los primeros años de vida de los ciudadanos. Por cierto, el próximo Gobierno progresista tendrá que derogar la propuesta de regulación del aborto del Gobierno del Partido Popular, si finalmente decide aprobarla en el Congreso.

En otro orden de cosas, España hace frente a un problema territorial severo derivado de las tensiones de Cataluña, así como de un modelo federal del Estado, fruto del desarrollo normativo de la Constitución, pero con serios problema de coordinación y cooperación. En este sentido, tarde o temprano, el país deberá revisar su Carta Magna para hacer más armónico el modelo descentralizado y permitir una mejor adecuación de Cataluña. Y todo ello debe realizarse en un clima político muy enrarecido ante los casos de corrupción que afectan a casi todas las instituciones del Estado. De este modo, España necesita un programa regeneracionista y progresista para salir adelante frente a la actual crisis, que no sólo es económica.

En todo caso, la economía ha comenzado a estabilizarse, gracias a esa reorientación de las políticas europeas, estrategia que aún debe fortalecerse y confirmarse ante las próximas elecciones europeas. España y el conjunto de la zona euro sólo superarán esta crisis económica si se acelera ese proceso de integración que implica también severos retos de gobernanza económica y legitimidad democrática.

La unión bancaria debe ser un primer paso que anticipe la unión fiscal y social de Europa bajo un proyecto profundamente democrático. La socialdemocracia europea tiene claro tal camino, que deberá ser refrendado por el conjunto de la ciudadanía europea el próximo mes de mayo.