PP, Ciudadanos y Vox firman sus segundos Presupuestos andaluces y se acomodan para una legislatura larga
El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles el segundo proyecto de ley de Presupuesto autonómico en tres meses. Esta vez, el borrador de las cuentas de 2020 ha superado con menor dificultad el debate de totalidad, la línea roja que delimita la estabilidad del Gobierno de PP y Ciudadanos, dependiente de los votos de Vox. La suma de los tres grupos conservadores ha tumbado las enmiendas de la izquierda -PSOE y Adelante Andalucía- y el proyecto de Presupuestos para 2020 continua su tramitación parlamentaria hasta su previsible aprobación a principios de diciembre.
En el camino, este proyecto de Presupuestos se encontrará con la campaña electoral y los comicios del 10 de noviembre, terreno fértil para la confrontación entre partidos. Pero ni PP, ni Cs ni Vox esperan sobresaltos ni imprevistos. “Una isla de seguridad y confianza en la estabilidad a largo plazo de Andalucía”, reza el preacuerdo firmado por las tres formaciones por la mañana y que ha allanado la aprobación del proyecto de Presupuestos horas antes del debate.
En junio, el partido de ultraderecha mantuvo encendida la amenaza de tumbar el Presupuesto en vigor hasta el mismo debate, hasta la misma intervención de su portavoz desde la tribuna, ofreciendo una imagen clara de la fuerte dependencia que tienen PP y Cs de sus socios de Vox. Ahora, los tres grupos conservadores han omitido escenas de peligrosidad parecidas. “Por responsabilidad”, dicen, y pese a la “tentación de hacer electoralismo” a diez días de la campaña para los comicios del 10N. Las tres derechas han firmado por la mañana un segundo acuerdo impuesto con Vox, pero de impacto relativo en las cuentas. Lo suficiente para que estos no presentaran otra enmienda a la totalidad y convirtieran el debate presupuestario en un mero acto protocolario.
La Junta ha cifrado sus políticas en 38.539 millones de euros, un 5,6% más que el presente ejercicio. Son unos números expansivos que reposan en una previsión de crecimiento de la economía andaluza del 1,9% del PIB, a pesar de las amenazas circundantes: el impacto del Brexit, la guerra arancelaria de Donald Trump a los productos agroalimentarios andaluzas y su industria aeronáutica, o la amenaza de que la recesión de Alemania afecte en cadena al resto de países miembros. Con todo, las cuentas del año que viene aumentan un 4% el gasto sanitario, un 3,6% en educación y un 3% las políticas sociales, y prevé la creación de 60.000 empleos [lejos de los 600.000 prometidos por el PP en campaña para toda la legislatura].
También se profundiza en la rebaja fiscal ya iniciada en 2019, con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, ajustes en el IRPF para las rentas medias-altas, y para transacciones patrimoniales. Quien compre una vivienda habitual por valor real de 130.000 euros se ahorrará 1.300 euros de media. El ajuste fiscal tendrá un impacto de 126 millones de euros menos en el capítulo de ingresos, que esperan recuperar gracias a la actividad económica y el consumo interno.
En campaña
En Andalucía no se atisban los roces eléctricos que saltan en la capital de España entre los líderes nacionales de PP, Ciudadanos y Vox, que codean dentro del mismo espacio político por ganarse la hegemonía del voto conservador. Aquí el espacio es el mismo, pero el eje que separa el voto conservador del progresista está más levemente desplazado a la derecha. Según los sociólogos, porque el PSOE andaluz ha gobernado ininterrumpidamente casi 37 años y, en ese tiempo, ha mezclado sus políticas socialdemócratas con otras de corte más liberal. La expresión más clara vino tras la ruptura del bipartidismo, estos últimos años en los que los socialistas gobernaron apoyados en Ciudadanos.
Puede que la animadversión al PSOE de Susana Díaz sea el pegamento que une la alianza de las tres derechas o puede que el perfil de sus líderes regionales sea más moderado que el de sus homólogos en Madrid [en el Parlamento andaluz no se ha visto a los diputados de Vox violentar el orden institucional como han hecho sus compañeros en el Congreso esta semana, durante la Diputación Permanente]. El caso es que PP, Cs y Vox han logrado “encapsular al Gobierno andaluz” del ruido externo.
Más allá de la imagen de estabilidad política de cara a los mercados e inversores externos, sellar un pacto presupuestario a diez días de que arranque la campaña electoral es un potente mensaje para los candidatos de PP, Cs y Vox. “El acuerdo a tres funciona”, parecen gritarles desde el sur a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. En realidad es el mismo grito (pero a la inversa) que lanzó Pedro Sánchez el martes a las bases socialistas de Huelva. “Si las derechas suman, harán lo mismo que están haciendo en Andalucía. Que nadie se relaje, esto va de izquierda o de derecha, de que gobiernen ellos o el PSOE”, dijo el presidente en funciones.
El preacuerdo con Vox
Las cuentas andaluzas de 2020, las primeras diseñadas íntegramente por el Gobierno de Juan Manuel Moreno, recogen algunas píldoras del giro ultraconservador impuesto por Vox al que se refiere Sánchez: medidas que cuestionan las políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista -un teléfono para víctimas de violencia intrafamiliar-; criminalización de los menores inmigrantes -ampliando el gasto de seguridad en centros de acogida-; derecho de veto de los padres a actividades escolares de sus hijos que consideren contrarias a su ideología; promoción de la caza en las aulas; búsqueda de fórmulas jurídicas para retirar subvenciones públicas a familias que ocupen una vivienda...
PP, Cs y Vox firmaron por la mañana un nuevo acuerdo, con 35 medidas, que materializa y fija una fecha de cumplimiento a las propuestas incluidas en el pacto anterior, firmado en junio. Es el segundo documento con la rúbrica y el logo de los tres partidos, firmado por el titular de Hacienda, Juan Bravo (PP), el de Economía, Rogelio Velasco (Cs) y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández. La negociación, esta vez, se ha dilatado en el tiempo, porque la relación entre las tres fuerzas se ha consolidado. No ha habido efectismos de última hora ni ultimátum ni se han forzado medidas que no estuvieran ya esbozadas en el acuerdo anterior. El impacto de los 35 puntos que ha incluido Vox, según fuentes de Hacienda, ronda los 15 millones de euros, en un Presupuesto que rebasa los 38.500 millones de euros.
La partida más cuantiosa de las incluidas por la ultraderecha son los tres millones de euros que costará contratar a empresas privadas las auditorías operativas para fiscalizar los entes instrumentales de la Junta -agencias empresariales, fundaciones y sociedades mercantiles- que el PP siempre ha considerado “chiringuitos o administración paralela”. El sector instrumental tiene una plantilla de 26.045 trabajadores. El nuevo Gobierno investiga, uno a uno, para saber quién logró su empleo de forma reglada y quién entró “enchufado por el PSOE”. Hacienda no quiere arriesgarse a encarar una montaña de litigios en los tribunales, sin embargo, el acuerdo firmado con Vox contempla una partida de 15 millones de euros para pagar posibles despidos.
Las auditorías privadas tendrán que informar trimestralmente a lo largo de 2020 y a final de año se espera que esté auditado el 90% del sector instrumental. Vox insiste en que el objetivo es “desmantelarlo”, pero el PP matiza que la idea es “conocer qué función realiza cada empresa pública”. El punto 4 del acuerdo con Vox, sobre la reducción del personal directivo del sector público, sostiene que “en el caso de integración de entidades, el número de puestos de personal directivo, será el correspondiente a la suma de los puestos de las entidades integrada”. O sea, el mismo número de directivos.
Las cuentas incluyen una partida de 300.000 euros para costear el teléfono de atención a víctimas de violencia intrafamiliar (término que Vox usa en sustitución de violencia de género); otros 150.000 euros se suman a los 800.000 que ya incluyeron en 2019 para reforzar la seguridad en los centros de acogida para menores extranjeros no acompañados (Menas), otra exigencia de la ultraderecha, a pesar de que el Gobierno andaluz ya admitió que la conflictividad en estos centros era residual (0,54%).
En políticas de familia se incluye una deducción fiscal para familias numerosas: 200 euros en en el IRPF para hogares con más de dos hijos, y de 400 euros para las consideradas de categoría especial. Para beneficiarse de esta rebaja fiscal, los ingresos no podrán ser superiores a 19.000 euros en tributación individual y 24.000 euros en tributación conjunta.
