La sentencia de los ERE se conocerá el martes 19 de noviembre
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado este martes una providencia en la que cita a procuradores y acusados el próximo día 19 de noviembre, a las 12.00 horas, para notificarles la sentencia del caso ERE, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Este mismo miércoles vence la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del TSJA concedió al presidente de la sala, el magistrado Juan Antonio Calle, y finaliza el plazo de dedicación exclusiva de este juez encargado de redactar la sentencia de la pieza política de esta macrocausa de corrupción, un documento que puede suponer más de 1.700 folios.
Visto para sentencia desde el pasado 17 de diciembre, el caso de los ERE sentó en el banquillo nada menos que a dos expresidentes andaluces, seis exconsejeros y otros 13 exaltos cargos de la Junta ante un tribunal de justicia (eran un total de 22 acusados pero la Fiscalía retiró su acusación contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa). La Fiscalía Anticorrupción, PP y Manos Limpias (salvo en el momento en que retiró los cargos por malversación contra los 15 acusados por este delito) se mantuvieron más o menos firmes en sus argumentos de acusación durante el juicio: que hubo un sistema fraudulento para la concesión de ayudas a trabajadores y a empresas en crisis, que hubo un concierto al más alto nivel para evitar la fiscalización de las mismas y se pudieran otorgar de manera arbitraria, y que ello colaboraba en mantener una “paz social” que, como fin último, tenía la intención de mantener al PSOE al frente de la Junta de Andalucía. De hecho, para los populares, Chaves y Griñan fueron “la cúspide de la pirámide” de los ERE, aseguran las defensas.
Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, por su parte, quisieron dejar claro durante el juicio que la Junta de Andalucía no actuó contra el sistema “ilícito” y “opaco” de concesión de ayudas pese a que los acusados que se sentaban en el banquillo tuvieron “conocimiento” del mismo. Se trataba de una “práctica reiterada” que derivó en que los fondos públicos salieran “de la misma forma ilícita” durante años, aseverando la “gravedad de los incumplimientos” en cuanto a que se pudo “revisar” el sistema desde aquel mismo 2004 y no desde 2011, incidiendo en el “daño efectivo, real y cuantioso de caudales públicos”, aludiendo al menoscabo de los mismos como han venido reiterando las acusaciones.
La falta de advertencia de las supuestas ilegalidades, la falta de competencias o el respaldo de la normativa fueron los argumentos más utilizados por las defensas de los acusados. “Recuerda usted si....” fue el arranque de pregunta más recurrente entre la pareja de fiscales anticorrupción, que se fueron relevando en los interrogatorios entre enero y abril según qué acusado. ¿La respuesta más frecuente? “No lo recuerdo, señor fiscal” y sus variedades “lo desconozco” o “no lo sé, puede ser”. Los informes finales de sus abogados no hicieron más que apoyar jurídicamente la posición que, unos mejor que otros, defendieron ante el tribunal.
Los informes aportados a la causa por los peritos de auxilio judicial (elaborados por técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado designados por el juzgado instructor) y por los peritos de parte propuestos por algunas de las defensas centraron las sesiones del pasado otoño. Los primeros ratificaron “absolutamente” todos sus dictámenes y apuntalaron su idea de que las transferencias de financiación fueron usadas “indebidamente” e “ilegalmente” por parte de la Junta. Los segundos, por su parte, matizaron numerosos conceptos durante la prueba conjunta y expusieron su postura contraria al equipo de auxilio judicial designado por Alaya en 2012.
