Los arquitectos se encierran contra la Ley de Servicios Profesionales
Los colegios de arquitectos están en pie de guerra contra un proyecto que no gusta a casi nadie. Algunos de sus decanos, para visibilizar el enfado, se han encerrado este lunes en la sede del Colegio de Madrid, donde permanecerán hasta el miércoles. En ese edificio de la calle Hortaleza perfilan la última fase de una protesta contra la futura Ley de Servicios Profesionales, la norma que afectará a un abanico de profesiones (desde abogados a médicos, pasando por administradores de fincas o graduados sociales) y que molesta a los arquitectos un poco más que a los demás.
El último borrador conocido abre la puerta a una redistribución de funciones con arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos. Por esa razón, el Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos comenzó la semana pasada las movilizaciones, solicitando un encuentro urgente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría o con el ministro de Economía, Luis de Guindos. En el encierro de este lunes participan los decanos de los colegios de Sevilla, Madrid, Extremadura, Málaga, Almería y Murcia.
La distribución de las competencias entre aparejadores, arquitectos y, en general, de los profesionales técnicos que intervienen en el proceso de edificación está delimitada, hasta ahora, por la Ley de Ordenación de la Edificación, aprobada en 1999. Cada cual, lo suyo. Cuando elaboró los primeros borradores de la Ley de Servicios Profesionales, en agosto, el Gobierno amagó con permitir expresamente que los ingenieros firmen proyectos de edificación de viviendas.
Sin embargo, el último texto conocido da una patada adelante al problema, que deberá ser resuelto por un grupo de trabajo específico encargado de elaborar una propuesta de atribución de competencias “en el ámbito de la ingeniería y la edificación”. Según el decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río, “un disparate”. El Consejo de Estado, que emitió su dictamen en febrero, advirtió de que no queda “mínimamente clarificado” el régimen de acceso y reserva de funciones. Y en el manifiesto que se ha emitido coincidiendo con la protesta, los arquitectos interpretan que la intención del Gobierno es modificar “de manera encubierta” la distribución de competencias.
Los colegios de arquitectos alegan que compartir las competencias de edificación con otras profesiones pone en cuestión la seguridad de los consumidores. “No entendemos que otros profesionales se puedan dedicar a una materia tan específica. El ingeniero está formado para otros trabajos que no tienen nada que ver con la edificación residencial, que es el objeto de nuestra formación. Yo no quiero hacer una central nuclear, pero es que, además, no sé hacerla”, explica Luis Alfonso Juli, secretario general del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos. El manifiesto explica que, de mantenerse en los términos en los que ha sido planteada, la ley sería “una estafa” a 50.000 arquitectos ejercientes y 30.000 estudiantes de arquitectura.
Un sector soliviantado
De fondo, late el malestar por una situación laboral muy deteriorada. Juli explica que los honorarios han sido “barridos” desde la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, en 2009, que prohibió los baremos orientativos de los colegios excepto para la tasación de costas, y que la precariedad se ha cebado con los arquitectos, primer eslabón de la cadena de la construcción. Muchos jóvenes licenciados en Arquitectura emigraron, y quienes se quedaron se enfrentan a un mercado recesivo. Según datos del Consejo, el 75% de los arquitectos colegiados han abandonado el ejercicio regular de la arquitectura, “no visan un proyecto desde hace años”. Esa cifra alcanza el 90% si se incluye a los arquitectos no colegiados. En ese contexto, que vengan “otros profesionales a hacer lo que ya hacemos nosotros” solivianta al sector.
El Gobierno, mientras tanto, calla. El de los arquitectos es solo uno de los frentes (quizá el más ruidoso) abiertos a cuenta de una ley que el Ministerio de Economía tiene atragantada. No existen previsiones (y si existen quedan desmentidas por la realidad) a propósito de cuándo se aprobará un texto que pasó por el Consejo de Estado en febrero, y cuyo primer borrador se conoció en el mes de agosto pasado. Todos miran a Europa para justificar el porqué de la ley: liberalización de los servicios profesionales, menos barreras de entrada, apertura a la competencia.
Sin embargo, los colegios de arquitectos insisten en que la Unión Europea no exige derribar las barreras que delimitan algunas profesiones, y que la Directiva de Cualificaciones Profesionales reconoce la profesión de arquitecto tal y como está delimitada. En su dictamen, el Consejo de Estado analiza la “errónea excusa europeísta” sobre el conjunto del texto sometido a examen, y recuerda que el anteproyecto no sirve para incorporar el contenido de ninguna directiva. Y ni siquiera la Comisión está satisfecha con el ritmo lento que lleva el proceso, y en abril llamó la atención sobre su retraso y sobre el riesgo de que el texto quede descafeinado.
La asamblea celebrada por el Consejo General Andaluz de Colegios de Arquitectos el 22 de abril acordó la realización de acciones para llamar la atención sobre la cuestión y propuso el encierro. El de calendario movilizaciones culminará el miércoles, con una concentración en la Plaza Mayor de Madrid bajo el lema “Por una sociedad con servicios de calidad”. Esta es, por el momento, la más visible. Especialmente porque desde una de las paredes los arquitectos han colgado una gran lona blanca con el dibujo de una mano roja. “No a la LSCP. Por la arquitectura. Por la sociedad”, se lee en ese gran lienzo.
