Asociaciones de memoria vuelven a la vía privada para exhumar fosas del franquismo

Asociaciones de memoria histórica recuperan la vía privada para abrir fosas del franquismo, como rubrican los últimos trabajos en Alcalá del Valle (Cádiz) y en Guadalcázar (Córdoba). Son casos en los que las administraciones no llegan y las organizaciones de derechos humanos no esperan.

La búsqueda de víctimas del terror franquista sin sostén económico institucional no es nueva. A nivel nacional, las exhumaciones bajo iniciativa ciudadana superan en número las intervenciones públicas. Andalucía, sin embargo, sólo permitía trabajos propios durante la última legislatura. Un cambio de tendencia que vira ahora hacia la cohabitación entre el camino público y privado.

“No hay ningún ánimo intervencionista, nos ofrecemos y no queremos ser un obstáculo sino todo lo contrario: colaborar y apoyar”, confirman fuentes de la Dirección General de Memoria Democrática a eldiario.es Andalucía. Una suerte de tutela que garantice, y facilite, el cumplimiento de la normativa vigente y del protocolo de exhumación.

En el año 2013, la Administración andaluza llegó a paralizar una exhumación en Alcalá del Valle porque la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) no cumplía los requisitos burocráticos exigidos. Ahora, en otra fosa en la misma localidad, la ARMH ha culminado un proceso sin apoyo económico de la Junta. Como AREMEHISA en Córdoba, que arrancó la búsqueda el pasado fin de semana.

La Junta sigue con el trabajo en fosas

El propio Gobierno autonómico, en todo caso, continúa con trabajos de búsqueda de fosas. Como publicó en el BOJA , no ha parado esa vía. Pero confirma la notificación de los mencionados trabajos privados y asume el alejamiento del ánimo prohibicionista. “Si hay solvencia técnica y voluntad y se suma la labor de las asociaciones, la Dirección General tiene que estar apoyando en todo lo que haga falta”, precisa el asesor para la Memoria Histórica y coordinador general de exhumaciones de la Junta, Miguel Ángel Melero.

Conocer el número exacto de exhumaciones públicas y privadas no es sencillo. Como contaba este medio, tan sólo la Sociedad de Ciencias Aranzadi mantiene un conteo de intervenciones en fosas (actualizado hasta diciembre de 2012) que alcanza poco más de 332 de las más de 2.000 fosas que registra el Mapa de Fosas oficial. Ni el Estado ni el resto de comunidades autónomas posee un listado similar.

“Son más exhumaciones realizadas sin apoyo institucional que con apoyo institucional”, asegura el presidente de Aranzadi, Francisco Etxeberría. Procesos sobre los que es “complicado cuantificar esto en dinero” y que devienen, a menudo, en “falta de estabilidad en los equipos de investigación”.

Para el coordinador del proyecto Todos (…) los nombres y del grupo de memoria de CGT, Cecilio Gordillo, “en los últimos años sí se ha hecho un importante número de intervenciones”. Catas arqueológicas y exhumaciones que enumera y, precisa, “algunas han sido llevadas tan en secreto que no se sabe casi nada”. La falta de datos oficiales es una rémora, según Gordillo, “de ahí lo pesados que somos algunos con la necesaria actualización del mapa de fosas y la publicación de los informes de las intervenciones de los técnicos”.

De la vía pública al presupuesto cero de Rajoy

Desde el año 2012, la Junta de Andalucía ha asignado casi 450.000 euros para 30 proyectos de exhumación de fosas comunes. Ahí entran también intervenciones directas como las once previstas en 2014 –Alfácar, Cúllar Vega, Moclín y Órgiva (Granada), Coria del Río, La Puebla de Cazalla y La Puebla de los Infantes (Sevilla), Ronda y Cañete la Real (Málaga) y los cementerios de Almería y Cádiz– con 120.000 euros. Dinero público que contrasta con el presupuesto cero a la Memoria Histórica del Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy.

En los últimos años, por tanto, la vía pública se impuso a la privada en suelo andaluz. La búsqueda de desaparecidos forzados corría por cuenta de la administración aunque el número de actuaciones aleja en décadas la posibilidad de abrir las más de 600 fosas del franquismo en Andalucía. La Junta sigue apostando por ese “deber del Estado” que pocas regiones han puesto negro sobre blanco y las organizaciones ciudadanas, además, recuperan la vía privada.

“No está nada mal que asociaciones y familiares den estos pasos, con todos los requisitos necesarios y con la administración al lado, cooperando”, considera el antropólogo Juan Manuel Guijo, experto en actuaciones en fosas del franquismo y director, junto al arqueólogo Andrés Fernández, de la búsqueda recién iniciada en Guadalcázar. “También puede estar muy bien que Aranzadi o la ARMH estén aquí, por qué no, que se impliquen y aporten su trabajo y la labor que vienen desarrollando desde hace años”.

Los siete 'carboneros' ejecutados

“Venga usted, que ahora le voy a contar toda la verdad”. Teresa Estepa Marín (70 años) se dirige “al periodista”. Enfrenta miedo y silencio, muros regados durante décadas de represión. Corre la calurosa mañana del 29 de agosto de 2015. Una leve brisa serpentea los cipreses del pequeño cementerio guadalcaceño. El sol aprieta al ritmo acompasado de picos y palas. La tierra está siendo perforada para rescatar los restos de siete miembros de una misma familia: 'Los Carboneros'.

“Cuando llegó Franco le querían quitar una tierra que habían 'desmontado', hacían carbón y la dejaron bien”, apta para el cultivo, cuenta Teresa, nieta de uno de los ejecutados. “Ese día”, continúa, “llegaron al cortijo a buscarlos y les tuvieron que poner de comer”. A un grupo de guardias civiles y falangistas, refiere. “Queso, jamón... se decían, esto es muy raro. Cuando se hartaron de comer les dijeron que ahora iban a dar un paseo y ya cerca del cementerio uno de mis tíos dijo: ustedes nos vais a matar. A él lo mataron allí mismo, lo subieron a una yegua y a los demás los fusilaron ahí”.

Teresa señala el lugar del camposanto donde está, esperan, la fosa común donde reposan desde hace casi ocho décadas Manuel Torres Herrera, Manuel Galindo Moriana, Manuel Torres Romero, Juan Antonio Marín Sojo, Antonio Marín Lomares, José Rodríguez Gil y su hijo, José Rodríguez. Era el lugar donde su madre lloraba, un día y otro. “Otro de mis tíos se salvó, le dieron un tiro en la boca que le salió por el otro lado y se hizo el muerto. Llegó a casa ensangrentado y escapó”.

Su familia, natural de Casariche (Sevilla), tenía arrendadas aquellas tierras y vivían en el cortijo de Villafranquilla, en Fernán Núñez (Córdoba). La llegada de la República y la Ley de Reforma Agraria habían aplazado el desahucio de 'Los Carboneros'. Años antes de la ejecución colectiva “pleitearon en los juzgados y la Audiencia Provincial de Córdoba ayudados por la Asociación Española de Agricultores, Arrendatarios, Aparceros y Medianeros de la Tierra”, apunta el presidente de AREMEHISA, Rafael Espino.

Resistían “y esto incomodó al patrono”. Tras el golpe militar, era suficiente 'delito'. En el proceso de preparación del proyecto, el propio alcalde de Guadalcázar, Francisco Estepa (PSOE), ha descubierto que su propio bisabuelo es uno de los allí fusilados y sepultados. “Para mí también ha servido para comprobar que ahí hay parte de mi familia, no lo sabía y esto nos lleva a conocer la historia”, asegura.

El Ayuntamiento, subraya, “ha dado todos los permisos necesarios y no pone ninguna traba, al contrario”. Como la Junta, presente en el inicio del trabajo de exhumación y “en contacto” con el Gobierno municipal para una búsqueda que parte del empuje de la generación de los nietos, de María Teresa Torres Salazar, descendiente de Manuel Torres Herrera. “Esto lo hago por mi padre y por la memoria de mi abuelo”, dice. “Esto no es una venganza, no vamos contra nadie. Dicen que removemos… pues claro, por mi padre, porque esto cierra un ciclo”.