El Gobierno de Susana Díaz confía en desactivar la marea blanca con las dimisiones en Salud

Tras la destitución de Manuel Bayona, gerente del Complejo Hospitalario de Granada -cuna del conflicto sanitario en Andalucía- el pasado mes de noviembre, y las dimisiones del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, y el viceconsejero, Martín Blanco, este martes, el consejero, Aquilino Alonso, trabaja contrarreloj para frenar la marea blanca.

Tras haber pasado por el duro trance del cese de sus dos altos cargos, sabe que tiene estas dos semanas para evitar que nuevamente vuelvan las movilizaciones, por lo que confía en que con los nuevos interlocutores (María Isabel Baena Parejo como viceconsejera y Mariano Marín Patón como gerente del SAS) se vuelva a reconducir la negociación con los sindicatos, que el pasado lunes plantaron a los responsables de la administración en la reunión en Granada, y las plataformas que impulsan la marea blanca, que de momento observan los movimientos.

Pese a que el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha reiterado que Aquilino Alonso tiene “toda la confianza” del ejecutivo, otras fuentes han confirmado que el consejero ya habría puesto su cargo a disposición de la presidenta, Susana Díaz, que le ha dado un margen de confianza pero que no quiere más protestas, y menos con el Día de Andalucía, 28 de febrero, como escenario. C's ya ha avisado de que podría pedir dimisiones, llegando incluso hasta el consejero, si no se soluciona esto en un tiempo “razonable”, lo que supone un punto de desequilibrio en el pacto de investidura con el PSOE-A.

De momento, este miércoles se somete a una complicada comparecencia en el Parlamento de Andalucía, pedida por todos los grupos, si bien tanto PP-A como Podemos e IU iban a más y querían un pleno monográfico sobre el tema. En estos meses, desde que por primera vez en septiembre de 2016 se echaran a la calle más de 30.000 personas en Granada contra la fusión hospitalaria, ha ido modificándose la postura de la Junta de Andalucía: desde considerar que la marcha no tendría que tener más recorrido hasta rectificar y renunciar a un modelo.

Eso sí, el Gobierno de Susana Díaz y el PSOE-A en su conjunto no renuncian a su convencimiento de que detrás de estas movilizaciones -que de Granada han saltado a Huelva, Málaga, Sevilla, Almería y Cádiz con distintas reivindicaciones- hay un uso político centrado sobre todo en desgastar a la presidenta, en pleno dilema todavía de si disputa la secretaría general de su partido. En cierta medida Aquilino Alonso está siendo el escudo humano de la presidenta.

En este sentido, no deja de sorprender a Susana Díaz y a los suyos que en los momentos más duros de recortes no hubiera marea blanca en Andalucía, ni tampoco cuando en 2012 se pusieron en marcha las fusiones hospitalarias y la gestión unificada en el caso de gerencias compartidas como en Sevilla y Málaga, en lo que también se ha retrocedido. “¿Por qué ahora?”, se preguntan los socialistas mientras apuntan a los supuestos intereses ocultos del PP-A con Podemos e IU como aliados.

De hecho, también en este pleno los socialistas volverán a presentar una proposición no de ley (PNL) contra los copagos farmacéuticos, con la que no ocultan que quieren que “el PP-A se retrate” porque se trata de instar a que el Gobierno de España renuncie a este modelo de financiación de los medicamentos. “Se verá si de verdad está con la sanidad pública como dice en las movilizaciones en Andalucía o no”, confiaba el pasado lunes el número 2 del PSOE-A, Juan Cornejo.

Ya cuando hace tres meses presentaron esta PNL, desmenuzada en varios puntos que se votaron por separado, los socialistas intentaron desenmascarar a PP-A y Podemos porque, a su juicio, no se opusieron a los copagos, pero esa crítica no consiguió frenar el efecto de la marea blanca. Es más, para la oposición, son legítimas críticas de los ciudadanos que comparten frente y, en todo caso, consideran que el uso político está en la “propaganda” de San Telmo con la sanidad pública negando recortes, como expresaba el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno en su último cara a cara con Susana Díaz.

Por todo ello, sin ser un pleno monográfico, el de esta semana, con el que se estrena el nuevo periodo de sesiones, estará muy centrado en este tema, desde el momento en que también, en la sesión de control, el portavoz de IU, Antonio Maíllo, preguntará a la presidenta por la situación de la sanidad pública.

Lo que se ha hecho y lo pendiente

Tanto ella como el consejero tienen material para explicar cómo se está respondiendo a las demandas de la calle, comenzando porque las fusiones hospitalarias se han paralizado -este martes se iniciaba el trámite para derogar la orden que las puso en marcha en Huelva y Granada en 2013- a lo que hay que unir el incremento de personal, los ceses y nombramientos de las últimas semanas o el compromiso de hacer interinos a 15.000 eventuales, cosa a la que por otra parte obligan los tribunales.

Lo que será vital para la Consejería de Salud en las próximas horas es poder volver a sentarse con los representantes de UGT, CCOO, CSIF y Satse, que no acudieran a la reunión a la que habían sido citados por el SAS en Granada par abordar la reordenación de los hospitales en la ciudad y atajar este primer foco del conflicto sanitario. Se veía venir porque estos cuatro sindicatos habían dado por rotas las negociaciones con la gerencia, pero han recibido con expectación las dimisiones en la cúpula de la Consejería de Salud y creen que pueden iniciarse nuevos cauces para el diálogo.

Cabe recordar que estos sindicatos firmaron un principio de acuerdo con el SAS el pasado mes de diciembre que desató las iras de Jesús Candel que los acusó de haberse “vendido”, si bien el SAS cree que cerrar esta negociación servirá para mermar notablemente su poder de convocatoria.

Las razones de los sindicatos para romper las negociaciones se centran en que ven “contradicciones” y “confusión” entre lo que se les transmite desde la gerencia comandada por Cristina López y lo que se firmó entonces. En todo caso, el SAS ha manifestado en un comunicado su convencimiento de que será posible retomar las negociaciones. Su principal prioridad pasa por “diseñar un modelo en la línea de dos hospitales completos con urgencias finalistas”.

Cristina López ha deseado que estos agentes sociales retomen el acuerdo “una vez quede diseñado el nuevo mapa hospitalario en un documento que acredite la cartera de servicios, tarea que en estos momentos está realizando la comisión técnica de profesionales creada para este fin”. También ha recordado que se ha dado respuesta a “todos los compromisos pactados con estos sindicatos”, entre otras cosas, con la incorporación de 68 profesionales de los 76 comprometidos.

Mientras, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, que el pasado lunes se encontraba en Jerez de la Frontera inaugurando un centro de salud tras la resaca de la movilización horas antes, se ha mostrado también convencido de estar “ya en la fase final” de la organización en los hospitales de Granada, y espera que “esta semana” se establezcan las propuestas de las juntas facultativas y de enfermería para volver a sentarse con los sindicatos y mostrarles que “la propuesta se ajusta al compromiso que habíamos firmado, como no puede ser de otra forma”.