El Ayuntamiento de Córdoba declarará personas 'non gratas' a los miembros de 'la manada'
El Ayuntamiento de Córdoba declarará personas 'non gratas' a los cinco jóvenes del grupo de WhatsApp denominado 'La Manada' que han sido condenados a nueve años de cárcel por un delito de abusos sexuales cometido a una joven en los Sanfermines de 2016, frente a los cargos de violación promovidos por la Fiscalía y la acusación particular.
Dicha declaración se realizará a través de una moción conjunta de todos los grupos municipales sobre la que ha informado este jueves en rueda de prensa la viceportavoz de IU y teniente de alcalde, Alba Doblas.
En este sentido, con la moción “se discrepa de la sentencia de la Audiencia de Navarra”, a la vez que “se rechazará un planteamiento patriarcal de la justicia y se debe avanzar en el sentido de no dar ningún tipo de paz a los maltratadores, a quienes abusan y a quienes consideran que las mujeres no son iguales a los hombres”.
Asimismo, se mostrará “el apoyo y solidaridad a la víctima, sus familiares y amistades”, de manera que se declarará personas 'non grata' a José Ángel Prenda, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero “por los hechos realizados”, al tiempo que “se apoyan las movilizaciones convocadas en la ciudad y se insta al Gobierno de España a la modificación urgente del Código Penal para que las interpretaciones patriarcales de los artículos del Código Penal no conduzcan a estos resultados”, entre otros aspectos.
Por otra parte, IU presentará junto a Ganemos dos mociones, una de ellas en la que rechaza la creación dé un producto paneuropeo de pensiones individuales, de manera que insta a la Comisión Europea a retirar la propuesta y que el Gobierno de España apoye su retirada, así como que se estudien “las medidas necesarias para que los sistemas públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes”, además de otros puntos.
En cuanto a la segunda moción, es la relativa a instar al Gobierno de la Nación y a las Cortes a que, “a través de la Ley de Presupuestos, se deroguen de la Ley de Haciendas Locales todos los beneficios fiscales en los impuestos de ámbito municipal (IBI e ICO) de las confesiones religiosas”, entre ellas la Iglesia Católica.
En concreto, pretenden que se supriman dichos beneficios fiscales “para todos aquellos inmuebles, que, de manera directa o indirecta, están sustentando o son susceptibles de que puedan sustentar actividades económicas insertas en el ámbito del mercado”.
