Pobreza, renta mínima y emergencia social: ¿nos gobiernan políticos sin escrúpulos?

Decía Albert Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio y no le faltaba razón. Vivimos en la época de la posverdad, esa mentira intencionada y varias veces repetida que se abre espacio en el imaginario de la sociedad, que carece del más mínimo rigor y que no aguanta una crítica seria, por pequeña que sea.

Este es el caso de las personas sin hogar. Estas personas son, sin duda, la exclusión de la exclusión. Los estereotipos, los clichés y los prejuicios forman un todo que hace incomprensible esta realidad para la mayoría de la sociedad: “están así porque quieren”, “duermen en la calle porque quieren”, “no aceptan la ayuda porque no quieren salir de esa situación…”. Si con alguna palabra se puede definir la situación de las personas que malviven en la calles es poliédrica. Esto es lo primero que te encuentras si te paras y escuchas a las personas protagonistas y ves, sin prejuicios, sus itinerarios personales, que son diversos y complejos.

Sara Mesa ha escrito Silencio administrativo, un pequeño y gran libro en el que describe, a través de la historia de Carmen, cómo la pobreza es silenciada desde distintos espacios: por la sociedad en su conjunto y especialmente por la administración, que sigue a lo suyo ofreciendo una burocracia laberíntica que lleva a dar vueltas y más vueltas para seguir, de por vida, en el laberinto de la miseria. El libro, imprescindible para quien quiera acercarse a la realidad de las personas más excluidas, es un manual del absurdo que las administraciones ofrecen a quienes más necesidades tienen.

Las personas que legislan y gobiernan en Andalucía han estado siempre más preocupadas por sus intereses, muchas veces nada confesables, que por atender y dignificar la vida de las familias más empobrecidas. No tuvieron problema en vender a bombo y platillo la renta mínima de inserción como si fuera la panacea, sabiendo que estaban vendiendo humo al tiempo que planeaban una carrera de obstáculos y humillaciones constantes, acompañadas del silencio y la displicencia de la administración con ocho meses de media para responder a los expedientes, mayoritariamente denegados y silenciados.

Decía Mandela que “una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos y ciudadanas con mejor posición, sino por cómo trata a quienes  tienen poco o nada”. Pues, para el caso de Andalucía, parece que la cosa está clara: nos gobiernan y legislan gentes sin escrúpulos, con la empatía de una piedra y con una conciencia que no reúne las mínimas características humanas y éticas para que se les pueda llamar así.

Vivimos en una sociedad claramente fragmentada (el 37% de andaluces se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social) con una parte importante de la sociedad que no puede tener acceso a los mínimos que permiten llevar una vida digna. Una clase política que da por buena la violación del artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, la alimentación, la vivienda, los servicios sociales necesarios, los seguros en caso de desempleo…”.

Ningún interés en ir a las causas de la exclusión, que tienen mucho que ver con la falta de trabajo remunerado, con trabajos que no permiten salir de la pobreza, con unas políticas de vivienda, secularmente mantenidas en el tiempo, que ponen el derecho a la propiedad por encima del derecho al uso de la vivienda y por unas ayudas económicas (llamadas de distintas formas) que son insuficientes y humillantes. No hay ninguna relación entre la situación de emergencia social que existe en Andalucía y las medidas ridículas que propagandísticamente venden las administraciones.

Es necesario implementar, de una vez por todas, la Renta Básica Universal para garantizar unas condiciones de vida mínimas a todas las personas. Es necesario dejar de humillar a las personas empobrecidas. Es necesario que quienes gobiernan y legislan estén a la altura de la época en la que les tocó vivir y dejen la criminalización de la pobreza y el odio a las personas excluidas para quienes quieran seguir viviendo en épocas ya pasadas.  

Ojalá, más pronto que tarde, cada vez que veamos a alguien que malvive en la exclusión pongamos el foco en quienes lo ocasionan y permiten. Empatía con las víctimas y beligerancia con quienes actúan como psicópatas y miserables.

Pablo María Fernández, delegado APDHA-Sevilla y miembro del área de Marginación