La Andalucía de la gente

Andalucía es una tierra rica, de trabajo, de esfuerzo y de lucha. De toda esa gente que se levanta día a día a trabajar, o a buscar un empleo, a estudiar y a luchar por una vida mejor.

Este 28 de febrero es uno de esos días donde, más aún si cabe, volvemos al espíritu original de esta efeméride: a reivindicar la importancia de nuestro autogobierno como la vía para mejorar la vida de los andaluces y andaluzas.

De esos andaluces y andaluzas que solo tienen su trabajo para salir adelante. Esa es la gente que necesita de la sanidad pública, de la educación, de la dependencia y de todos esos servicios públicos que se están viendo enormemente deteriorados por una política contraria a sus intereses.

Cuando la derecha ostenta el gobierno siempre ha intentando esconder tras la máscara de un folclore vacío y caduco la Andalucía de verdad, la del sudor, la de las manos curtidas de trabajar y la del esfuerzo ingrato. La de la gente que trabaja a destajo y tiene problemas para pagar la luz, el agua, la que quita alimentos de la cesta de la compra porque los números no le da y acaba perjudicando la salud de sus hijos e hijas. Y esto pasa hoy igual que pasaba en su momento en la dictadura. En eso han cambiado poco.

Pese a eso, gracias a la conquista de la autonomía, nuestra tierra se ha transformando profundamente. El hecho de tener la capacidad de autogobierno ha permitido aterrizar las políticas en las necesidades más concretas de nuestra tierra. Aunque siempre ha habido margen para mejorar, nuestro Estatuto de Autonomía tiene las herramientas para desarrollar aún más los servicios públicos, para obtener la financiación suficiente para reforzarlos, para responder a las demandas y problemas de la gente: la vivienda, la formación para el empleo, la sanidad, la educación, la igualdad… Nuestro Estatuto también tiene capacidades también para desarrollar las potencialidades de nuestra tierra y su estructura productiva.

Una cara amable para enmascarar políticas que van en contra de la mayoría social, de ti que te levantas todos los días a trabajar y aun así te cuesta llenar la nevera o tienes que esperar a cobrar para comprarle un par de zapatos a tu hijo

Lo que marca la diferencia es qué se decide hacer con ese margen de competencias que da el Estatuto. Y eso es una decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía y de qué acción de gobierno decide llevar a cabo.

En los últimos seis años, en Andalucía se ha consolidado un proceso que, aunque ya tenía las bases sentadas, ha hecho retroceder enormemente el avance social logrado desde la conquista de la autonomía. Un proceso de vuelta atrás, de mandar a la chatarrería y vender al mejor postor piezas importantes de nuestra sanidad, de nuestra educación y de nuestra dependencia. Como si nuestros servicios públicos fueran una máquina vieja que es mejor tirar a la basura y comprar una nueva que sabemos que se estropeará pronto. Sin tener en cuenta que lo público es lo único que tenemos la gente trabajadora para tener salud, educación, igualdad, atender a nuestros mayores y dependiente y, en definitiva, para vivir mejor y con dignidad.

El máximo exponente de estas políticas es un Gobierno andaluz que de cara a la galería hace denodados esfuerzos por mostrarse campechano, popular, del lado de la gente de a pie y se envuelve en la bandera blanca y verde y enarbola un andalucismo de cartón piedra que se hunde a poco que le cala el agua de su gestión. Una cara amable para enmascarar políticas que van en contra de la mayoría social, de ti que te levantas todos los días a trabajar y aun así te cuesta llenar la nevera o tienes que esperar a cobrar para comprarle un par de zapatos a tu hijo. La política del Gobierno andaluz solo está beneficiando a las grandes empresas y fortunas de Andalucía, esa que no necesita de servicios públicos porque tiene dinero de sobra para pagar un seguro privado y mandar a sus hijos a una escuela privada.

Una rebaja fiscal que no va a beneficiar al 98% de las andaluzas y andaluces, sino a una élite con grandes patrimonios, y que supone quitar 900 millones de euros a las cuentas públicas

La última rebaja fiscal, la sexta en lo que va de Gobierno de la derecha, es la muestra más clara de esta política: es un ataque frontal a la base de los servicios públicos, su financiación. Una rebaja fiscal que no va a beneficiar al 98% de las andaluzas y andaluces, sino a una élite con grandes patrimonios, y que supone quitar 900 millones de euros a las cuentas públicas. Esta, y no otra, es la explicación directa de por qué no hay citas en la atención primaria de los pueblos y ciudades, de por qué hay listas de espera inaguantables para ir al especialista o para operaciones, de por qué los colegios e institutos se caen a pedazos esperando adecuaciones que nunca llegan, de por qué las bajas de profesorado no se cubren, de por qué los expedientes de dependencia tardan años en resolverse y la ayuda no llega, de por qué la administración en general está colapsada. Todo lo que la gente trabajadora percibe que no funciona tiene una causa clara: los servicios públicos se están vaciando, se están dejando morir y generando las condiciones apropiadas para abrir camino a la inversión privada.

Ya está ocurriendo: la solución para aligerar listas de espera no está siendo invertir más, mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios ni reforzar por la vía pública la sanidad. La solución que este Gobierno da es sacar dinero de las arcas públicas y darlo a las empresas privadas en forma de conciertos, externalizaciones y privatizaciones.

Y está ocurriendo con la dependencia que acumula listas de espera para resolver expedientes tan largas que las personas usuarias fallecen en ese tiempo. La solución para este Gobierno no es invertir más y ofrecer más plazas públicas para mayores y dependientes, es inventar un problema de donde no lo hay y poner encima de la mesa un decreto de simplificación administrativa que no está claro que vaya a solucionar la espera de la tramitación de los expedientes. Y de paso, vuelve a beneficiar a las grandes empresas y fortunas de Andalucía con una serie de normas escondidas en el entramado del decreto hechas a su imagen y semejanza.

Andalucía es mucho más grande y diversa que esa élite para la que se está gobernando. Andalucía es de verdad. No es un adorno que desempolvar del armario y calzárselo de manera folclórica cada 28 de febrero o cada 4 de diciembre. No es una bandera vacía que arrojar en la lucha partidista contra otros territorios. Gobernar en y para Andalucía es tener los ojos y el corazón pegados a la tierra y no perder de vista los problemas de la gente de los barrios más pobres de España; de los pueblos donde se pierde población por falta de servicios públicos, de trabajo y de infraestructuras; de las empresas donde día a día se lucha por hacer frente a la siniestralidad y donde se construye la igualdad desde la base; de la gente joven que sigue esperando a que pase un tren que les prometieron y que nunca pasa; de todas esas personas que van con el agua al cuello porque los alquileres están por las nubes o la cesta de la compra no para de subir.  CCOO siempre ha luchado, lucha y luchará porque haya una Andalucía de todos y todas, para todos y para todas. Una tierra de igualdad de oportunidades, de derechos, justicia y cohesión social: La Andalucía de la gente trabajadora, desempleada, estudiante y luchadora.