El colapso de los Servicios Sociales de Granada se ceba con los más débiles: “Me siento abandonada”

“Me siento abandonada”, dice Mari Trini García. A sus 56 años, esta vecina de Granada capital, está sufriendo de primera mano la situación de colapso que atraviesa el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Usuaria de esos recursos desde hace más de una década, cuenta que, desde hace tiempo, incluso desde antes de la pandemia del coronavirus, no se siente respaldada ni ayudada por el Consistorio. Un caso que sirve como ejemplo de lo que están sufriendo decenas de familias granadinas que no pueden más. Tanto es así que incluso los propios trabajadores de Servicios Sociales reclaman más inversiones y un aumento de la plantilla porque dicen estar “saturados”. El Ayuntamiento, por su parte, admite la falta de medios humanos y económicos.

Contar la historia de Mari Trini es hacer un retrato análogo al de muchas personas que están viviendo situaciones similares. Cuenta que por las hernias que sufre en la espalda tiene una minusvalía reconocida por la que apenas ingresa algo más de 500 euros para pagar el alquiler y la manutención de sus dos hijos menores de edad. “Yo no quiero que me den dinero, solo quiero un trabajo que pueda hacer para poder pagar mis facturas”. El drama que vive es tal, que su hijo mayor, de solo 17 años, ha decidido irse a vivir con unos amigos para poder tener una vida digna.

Comer o pagar

“Pago más de 300 euros de alquiler y hay veces que tengo que elegir entre pagar la luz o el gas y poder comprar comida”. Además, es vecina de un céntrico barrio de la capital, por lo que su relato nada tiene que ver con haber crecido en un entorno deprimido, sino que es consecuencia de una serie de desgracias. Por ello, no tiene miedo a dar la cara y a enfrentarse con lo que haga falta. “El Ayuntamiento hace tiempo que no me ayuda. Me cambiaron hace unos meses la asistenta social y me ha tratado mal. Me llegó a decir que había que mirarse esto de llevar tanto tiempo sin trabajar”.

La pasada Semana Santa, por no poder pagar la luz, se quedó sin electricidad en su vivienda. “Nadie me avisó de que no tenía el bono social que por derecho me corresponde”, lamenta y se queja de la atención recibida en Servicios Sociales. “Mi asistenta se fue de vacaciones de Semana Santa y no me avisó si tenía derecho o no a que me devolvieran la luz. Si no llega a ser por mis vecinos que me ayudaron económicamente, ahora mismo no tendría electricidad”.

Mari Trini, que acude ahora a pedir ayuda a Cáritas y Cruz Roja, siente que la atención que reciben familias como la suya es deficiente. “Si llamo para intentar hablar con alguien, siempre me dicen que están reunidos o que no me pueden pasar en ese momento”. Además, recuerda que no solo necesitan asistencia para poder alimentarse, sino para estar asesorados cuando sean beneficiarios de alguna ayuda o bono social. Una situación que explican también los trabajadores de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada quienes protestan por la falta de recursos y de plantilla.

Colapso asistencial

En un comunicado de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de esta área, sostienen que el Consistorio no está poniendo medios para solucionar el colapso que padece el servicio de ayuda a las familias y ciudadanos más vulnerables. “A las personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad se unen las que antes vivían dignamente, con trabajos y viviendas estables, pero que hoy se ven en las colas del hambre”. Dicen que está habiendo una falta “importante” de recursos y de plantilla “lo que genera problemas de salud e inestabilidad emocional del personal que trabaja absolutamente desbordado”.

Como dato, algunos usuarios se están encontrando con que las primeras citas que tienen para ser atendidos tardan entre un mes y un mes y medio en producirse. Hay un gran retraso en “la tramitación de expedientes, especialmente en los de Dependencia, unido al propio retraso de la Junta. Resultado: población mayor y dependiente desatendida, por no decir maltratada”. Lo que hace que los ciudadanos aumenten la presión en los trabajadores de Servicios Sociales al no ver atendidas sus demandas.

Por si fuera poco, denuncian que “otras administraciones endosan encargos imposibles a los Servicios Sociales, aumentando aún más su carga, como ocurre actualmente con los certificados que se deben expedir para acceder al ingreso mínimo vital, o hace unos meses, cuando la Consejería de Vivienda encargó los certificados para las ayudas al alquiler”. En definitiva, consideran que es “indecente” cómo está actuando el Ayuntamiento de Granada con el área de atención a las personas más vulnerables.

Al respecto, el Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, también añade que cada vez son más los ciudadanos que acuden a pedirle ayuda ante la sensación de desamparo que tienen. “Miles de familias carecen de lo más básico. Cada vez hay más personas que recurren a los servicios sociales por primera vez o que han vuelto a hacerlo tras mucho tiempo sin necesitarlos”, dice Martín. “Las colas del hambre -en lugar de ser solo noticia-, deberían avergonzarnos a todos, sobre todo a los gobernantes”.

Falta de recursos económicos

Este periódico se ha puesto en contacto con el concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas (Ciudadanos), para contrastar la información que llega de usuarios y trabajadores. El edil se muestra empático: “Entiendo a las familias en riesgo de exclusión que cuando van a solicitar ayuda pues inmediatamente no se dé una respuesta o no sea la que esperaban”. Dice que, en lo que va de año, se han invertido “más de 4 millones de euros de dinero municipal extraordinario”.

Al mismo tiempo, asegura que los problemas actuales están relacionados con el trance que vivimos por culpa del coronavirus y que son sobrevenidos. Con todo, sostiene, “la implicación del equipo de Gobierno, tras el tsunami social que ha ocurrido por la pandemia, es máxima. La mayor debilidad o amenaza que tenemos no es cuestión del Ayuntamiento de Granada, sino del mundo porque estamos en una crisis sanitaria”.

Con respecto a la falta de personal para atender correctamente a los ciudadanos, José Antonio Huertas aclara que en los últimos dos años se han incorporado 54 profesionales nuevos y que se prevé seguir incrementando el número. “Hay voluntad de ampliar la plantilla a medio plazo, pero la situación económica actual del Ayuntamiento no lo permite”. Pone en valor que se están destinando “muchos recursos extraordinarios a programas específicos”.

Niega que no se atienda a los usuarios como es debido, porque cuando se declaró la pandemia tuvieron que cerrar los centros sociales, pero siguieron “atendiendo telemáticamente” y abrieron “líneas de teléfono”. Cree que la lentitud de algunos trámites viene por otro lado: “El problema de los retrasos en las tramitaciones viene derivado del Ingreso Mínimo Vital. Desde mi perspectiva, era una buena idea, pero cada día se ponen más trabas administrativas y tenemos familias que llegan nuevas y desconocemos sus perfiles por lo que hay que hacerles un seguimiento desde el principio que eterniza el proceso”.

“Somos muy conscientes de que hay que aumentar la inversión en Derechos Sociales. No dejamos nada para mañana. Desde el 14 de marzo trabajamos día y noche”. Por último, el edil concluye de forma optimista: “La esperanza de que todo mejore la ponemos en que la pandemia se acabe porque eso permitirá que muchas personas vuelvan a su puesto de trabajo”.