Las temporeras de la fresa se enfrentan por las acusaciones de acoso sexual y laboral
El conflicto entre las temporeras de una finca de Almonte (Huelva) con sus jefes, con acusación ante la Guardia Civil de maltrato laboral y abusos sexuales, se ha complicado este viernes con un giro inesperado que, aparentemente, enfrenta a las trabajadoras de la misma empresa. Varias compañeras de las denunciantes han denunciado ante los agentes de la Guardia Civil que lo contado por ellas el pasado lunes no es cierto, y que lo hicieron presionadas ante la posibilidad de tener documentación legal para residir en España todo el año. El SAT, indirectamente acusado, afirma que es lo contrario: que estas trabajadoras han sido coaccionadas para defender a la empresa.
El giro se ha producido cuando un centenar de temporeras de origen marroquí presentó este miércoles, aunque se supo dos días después, ante la Guardia Civil, una denuncia en la que aseguran que las demandas de sus compatriotas por presuntos abusos laborales y sexuales son “falsas” y que “han sido obligadas” a denunciar “cambio de papeles”. La denuncia la firman dos temporeras, que afirman en la misma que la realizaron en representación de un grupo de 131 trabajadoras, adjuntado firmas y pasaportes de cada una de ellas.
¿La razón para poner esta denuncia? A la luz del documento, parece que el miedo a no volver a trabajar en la fresa está detrás. De hecho en la denuncia precisan que, como temporeras de dicha finca, quieren denunciar “a las trabajadoras que, a su vez han denunciado a nuestros jefes, por ser totalmente falso que hayan maltratado, acosado o abusado sexualmente de ninguna de ellas”, añadiendo que “todo esto nos está suponiendo un problema con nuestros familiares, que pueden negarnos para los años próximos poder volver a trabajar en esta empresa o en ninguna otra”. Y es que el viaje a España para la recogida de la fresa está condicionado a que tengan arraigo para volver cuando acabe el trabajo. Se une que que algunas mujeres necesitan el permiso de sus maridos para ello. Y ese permiso parece peligrar por el revuelo montado a raíz de las primeras denuncias.
Manifiestan que las temporeras que han denunciando a sus jefes “han sido obligadas a hacerlo a cambio de que les arreglen los papeles para quedarse en España de manera definitiva y no tener que volver a Marruecos”, así como “cobrar los tres meses del visado”. Es un párrafo directo en el que señalan, sin mencionarlo, al Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT). Uno de sus máximos exponentes, Diego Cañamero, estuvo en Huelva el fin de semana pasado para seguir de cerca todo el proceso.
Aseguran que “un hombre” -no dicen quién- les hizo a ellas el mismo ofrecimiento y que podrían reconocerlo “sin género de dudas” si le vuelven a ver, y al tiempo dicen que “tienen miedo” por la repercusión en su país. “En la empresa no hay ningún tipo de problema, están muy bien y contentas con todo, con el módulo -la vivienda-, el sueldo y el trabajo”, termina la denuncia.
“La empresa las coacciona”
Acusado de coacción, Cañamero envió el mismo foco a la empresa a la hora de valorar este asunto. Para el también diputado de Unidos Podemos “todo obedece a coacciones de la empresa, y nosotros no le hemos ofrecido papeles a nadie, no depende de nosotros ningún papel, depende de la administración pública, del Gobierno”.
Con todo, insiste en que esta denuncia, respaldada por 131 trabajadoras, es consecuencia de “coacciones” por parte de la empresa, “o la defienden o no vienen más”, y asegura que tiene vídeos “donde se pone de manifiesto lo expuesto en esas denuncias e incluso información de dentro de la empresa en la que se evidencia que se les obliga a decir lo que ellos quieren”.
Para Diego Cañamero, lo único que pretende la empresa es “embarrar la realidad después de que haya mujeres que se hayan atrevido a denunciar algo impensable”, indicando, entre otras cosas, que “traen un contingente para tres meses y no trabajan más de 20 días, y ahora está ejerciendo una presión enorme hacia ellas para que se pongan enfrente de las denunciantes y limpiar su imagen”.
Fuentes de la propia empresa han anunciado que se tomarán medidas contra el SAT, para defender que “se nos ha crucificado sin escrúpulos, cuando lo único que estamos haciendo hace treinta años es trabajar”.
