El PP enmienda su ley en Doñana para venderla como una protección al acuífero pese a mantener el indulto a los regadíos

El grupo parlamentario del PP ha registrado una docena de enmiendas a la proposición de ley que ha presentado junto a Vox para indultar regadíos en el entorno de Doñana, la mayoría de ellas de carácter técnico (como corrección de erratas o una redacción más clara) pero que introducen un matiz singular: aunque no toca ni una coma del fondo de la cuestión, que no es otro que la legalización de estos cultivos, introduce un apartado en la exposición de motivos para presentar la norma como una garantía para la protección de las aguas subterráneas del entorno. De paso, los populares insisten en que a la zona tienen que llegar más recursos en superficie, para lo que incluso abren la puerta para que su origen sea otra demarcación hidrográfica al margen de la del Tinto, Odiel y Piedras, origen del trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos por el que suspiran todos los agricultores de esta comarca (y que no estará disponible hasta dentro de varios años por la magnitud de las obras a realizar).

En concreto, la enmienda sostiene que el Plan especial de ordenación de regadíos al norte de la corona forestal de Doñana (el Plan de la Fresa), que es el que se quiere modificar con esta ley ya en tramitación parlamentaria, tiene como motor la protección de las aguas subterráneas. “Esta proposición de ley mantiene y refuerza dicho objetivo prioritario”, sostiene, a la vez que incide en que “en modo alguno permite ni justifica la extracción” de recursos subterráneos, lo que choca frontalmente con la intención de regularizar unos cultivos que precisamente riegan con agua que obtienen ilegalmente de un acuífero en muy malas condiciones por su sobreexplotación. La superficie beneficiada, por cierto, sigue siendo una incógnita, ya que aunque el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, las ha cifrado en unas 700 hectáreas, lo cierto es que ninguna de las enmiendas introduce cifra alguna y el texto tampoco incluye ninguna.

En paralelo, introduce otro matiz en la exposición de motivos al hilo de la insistencia en incrementar los aportes de aguas superficiales a esta zona, lo que permitiría reducir la explotación de recursos subterráneos. En este sentido, apunta a que deben llegar de la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, tal y como está previsto por una ley de 2018, pero incluye la posibilidad de que procedan “de otra demarcación que lo permitiera” si así se incluye en su plan hidrológico. El texto original de la norma ya recoge también que, al margen, se pongan a disposición otros recursos hídricos como las aguas regeneradas o las desalinizadas.

Eliminación de una disposición final

Otra de las enmiendas incluye la eliminación de la disposición final tercera de la ley, en la que (en sintonía con el objetivo de presentar la norma como una salvaguarda para el acuífero) se subrayaba que con la misma “se da cumplimiento al mandato de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” de 2021 que condenó a España precisamente por no evitar el expolio de los recursos hídricos de Doñana. El texto ahora suprimido incluía también la salvaguarda explícita de que conceder el derecho de regadío a las tierras que se indulten (actualmente con calificación de secano o forestal) “no supone en modo alguno el derecho automático al riego de dichas tierras”, lo que no deja de ser una obviedad porque los permisos los concede la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este organismo, dependiente del Gobierno central, lleva más de un año rechazando rotundamente que se vayan a dar nuevas autorizaciones.

Las enmiendas, en definitiva, dejan intacto el fondo de la ley, que es precisamente lo que ha movilizado en su contra a la Comisión Europea, la Unesco, el Gobierno central (que anuncia un recurso de inconstitucionalidad), la comunidad científica nacional e internacional y las organizaciones ecologistas. De esta manera, vuelve a desoírse la petición expresa de todos estos actores, resumida en la declaración que hizo en el Parlamento andaluz el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes: “Las cosas han ido muy lejos, tengan el coraje de retirar la ley”.