La investigación del caso ERE desvela subvenciones al Grupo Joly de comunicación
El director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Javier Guerrero envió en 2004 una carta a José Joly, presidente del grupo de comunicación, donde manifiesta su “compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales a los trabajadores mayores de 52 años”.
Según adelanta el diario ABC, en aquella misiva la cifra se fijó “en el entorno de entre 6.500.000 y 7.000.000 euros”, aunque el periódico asegura que el ingreso final fue de algo más de ocho millones de euros para el pago de un seguro de prejubilación de 36 trabajadores. El Grupo Joly, según esta información, creó la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz para recibir la ayuda.
De esta forma consta en el expediente que se analizó el martes en la sesión del juicio de los ERE en la que testificó uno de los funcionarios que realizaron el informe sobre las ayudasa la empresa editoria de los periódicos Diario de Sevilla y Diario de Cádiz, con quien la Junta de Andalucía firmó un protocolo para otorgarle la referida subvención para la “expansión empresarial” del grupo.
“No queda constancia alguna de la constitución de la citada asociación de trabajadores ni queda acreditada su personalidad jurídica, así como tampoco existe documento relativo a solicitud por su parte de ayuda económica alguna a la Consejería de Empleo”, dice el informe que se ha visto en el juicio de los ERE respecto a dicha subvención al Grupo Joly.
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, entonces jefe del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), ha sido uno de los funcionarios que ratificaron en el juicio los informes que analizaban las ayudas al Grupo Joly, a la Faja Pirítica de Huelva, a González Byass y a Fertiberia. “Los ERE fueron un monumental ninguneo al derecho administrativo, eran decisiones arbitrarias disponiendo de fondos públicos sin ton ni son. Para un estudiante de derecho es un ejemplo de lo que nunca se debe hacer”, manifestó.
Por otro lado, y según informa también ABC, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado incorporado al sumario detectó 21 irregularidades en la concesión de dicha ayuda. Para los interventores, el expediente demuestra que “en la concesión de la subvención se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho”.
