Juana Rivas se enfrenta a cinco años de cárcel por no entregar a sus hijos a su expareja

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada celebra este miércoles el juicio contra Juana Rivas, tras un aplazamiento por la renuncia de su letrado. Rivas se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cinco años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre sus hijos, de once y tres años.

Fuentes judiciales han confirmado a Efe que el juzgado penal celebrará este miércoles el juicio contra esta vecina de Maracena acusada de dos delitos de sustracción de menores, tras permanecer casi un mes en paradero desconocido con sus dos hijos menores el verano pasado.

Juana Rivas siempre ha alegado que se fue con sus hijos del domicilio familiar de Carloforte (Italia) para protegerlos de una situación de maltrato por parte de su expareja, Francesco Arcuri. Arcuri fue condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, en una sentencia que se dictó por conformidad de las partes; y en 2016 fue denunciado de nuevo por Juana Rivas en España.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la de ese país, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Rivas puso en Granada.

Arcuri está personado en la causa como acusación particular y se prevé que declare por videoconferencia en el juicio de este miércoles. Ha solicitado para ella cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre los niños. En concepto de responsabilidad civil, reclama que Rivas le abone por los “daños materiales y morales ocasionados” una indemnización de 30.000 euros.

Juicio aplazado

El juicio estaba fijado para el pasado 14 de junio. En aquel momento, Rivas se presentó en la sede judicial con el letrado Juan de Dios Ramírez, que renunció a representarla. El titular del Penal 1 desestimó los argumentos de Ramírez para aceptar su renuncia, pero tuvo que suspender el juicio porque el letrado abandonó la sala.

El juez trasladó esos hechos al Juzgado de Guardia, el Colegio de Abogados de Sevilla y la Fiscalía. En concreto, Ramírez trasladó al juez que desde hacía cinco meses no había participado de las actuaciones, que no había tenido tiempo de preparar la vista y que, además, la acusada confiaba su defensa al abogado José Estanislao López, que no pudo acudir a la vista para asistirla por encontrarse de baja médica.

Tras darle el juez un plazo de tres días para que designara a un abogado de su confianza, Rivas presentó la designación como letrado de José Estanislao López, el mismo que quería que la hubiera asistido en el juicio y que no pudo acompañarla por enfermedad, pero también del abogado Juan Manuel Pérez, del mismo despacho de aquél, por si su estado de salud le impedía nuevamente defenderla.