La jueza María Núñez da un paso al lado tras un lustro asediada por el PP en el caso ERE y otras macrocausas

Un paso al lado. María Núñez Bolaños, que obtuvo la plaza del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a mediados de 2015, seguirá como titular del mismo pero sin poder seguir investigando las macrocausas que afectan a dirigentes de la anterior Junta de Andalucía y que, ya desde el primer momento, no le fue fácil abordar porque su antecesora, Mercedes Alaya, no quiso cedérselas en un principio. La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado este lunes el acuerdo alcanzado entre Bolaños y el juez de adscripción territorial José Ignacio Vilaplana, quien ejerce labores de refuerzo desde 2016, para el reparto definitivo de competencias y que la alejan de dirigir dichas investigaciones, en manos ahora definitivamente de Vilaplana.

De algún modo, tras haber estado once meses de baja y haberse reincorporado hace apenas un mes, Bolaños pierde pese a haber ganado hace unos días su pulso con la Fiscalía Anticorrupción, que la acusó de retrasar injustificadamente la instrucción de las macrocausas y que el CGPJ ha dejado en nada. Pero el paso de Núñez Bolaños por el juzgado, en el que permanecerá asumiendo las “tareas ordinarias” pero en un segundo plano, al menos informativo, ha dado mucho de sí. Más del que se podría esperar para la persona que sustituía a la mediática jueza Alaya.

Núñez Bolaños llegó pisando fuerte, en junio de 2015, dejando sin efecto uno de los autos de su antecesora, que tampoco se lo puso nada fácil en su aterrizaje en el juzgado de los ERE: dijo que en ella no se daban “las máximas de seriedad y rigor necesario” y que mantenía una “estrecha amistad” con el entonces consejero de Justicia, el socialista Emilio de Llera, poniendo en duda su imparcialidad. La 'respuesta' de María Núñez fue, apenas unos días después, acordar la histórica división en piezas del caso de los ERE, en contra del criterio mantenido por Alaya durante varios años. El CGPJ, a propuesta del TSJA, que en principio dejó a Alaya seguir instruyendo las causas, apartó luego de todas las macrocausas a Alaya, que ya disponía de su plaza en la Audiencia. El PP, acusación particular en todos esos casos judiciales (ERE, cursos de formación, Faffe, avales y transferencias de la agencia IDEA), desde entonces ha puesto en duda, como hizo Alaya, la profesionalidad de Núñez en un serial de desencuentros a los que salió al paso finalmente la Audiencia el año pasado, calificando de “incomprensibles” las acusaciones de los populares, que han tratado de recusarla repetidamente.

La Comisión Permanente del CGPJ no hizo más el pasado jueves que ratificar el trabajo de Núñez Bolaños, concluyendo que no cabía inferir “la pasividad intencional o el descuido injustificable” que la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción atribuyó a la magistrada y cuyo archivo se filtró a finales del pasado julio. “La instrucción de todas las piezas se desarrolló con buen ritmo y transcurrió con normalidad, dándose respuesta a las peticiones de las partes y tramitándose los recursos en tiempos razonables”. Antes, abogados del caso ERE habían salido en defensa de la jueza Bolaños, calificando la denuncia de la Fiscalía como “auténtico desatino”. Ahora, Núñez Bolaños se aparta definitivamente de la instrucción de las macrocausas.

Las denuncias del PP

Cabe recordar que a finales de 2016 el CGPJ acordó el archivo de las denuncias presentadas por el PP andaluz contra la jueza por el caso de los cursos de formación. En aquella ocasión había sido denunciada por haber incurrido supuestamente en falta de motivación de las resoluciones judiciales. El PP había promovido una recusación “administrativa” de la jueza pero el CGPJ la rechazó por ser “algo inexistente y ajeno” al ordenamiento jurídico español. El CGPJ también archivó la denuncia del PP-A contra Núñez por la supuesta filtración del archivo del caso de la formación.

La jueza María Núñez tomó en primera instancia muchas decisiones diferentes a las de su antecesora, que llevaba 17 años como titular en el juzgado y que en junio de 2015 tomó posesión de su cargo como magistrada de la Audiencia (en la misma sección que conocía los recursos del caso ERE), entre ellas permitir grabar las comparecencias en el interior del juzgado o anular, nada más llegar, el auto que imputaba a dos exconsejeros en el caso de la formación.