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La Junta impulsa una red de participación ciudadana para erradicar prejuicios sobre inmigrantes
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha presentado este martes al Consejo de Gobierno un informe sobre la puesta en marcha de la 'Red Anti-rumores en materia de Inmigración'. Este proyecto, impulsado por la Junta y en el que ya participan una treintena de entidades y organizaciones sociales, tiene como fin identificar y erradicar bulos, estereotipos, informaciones erróneas y prejuicios infundados sobre el colectivo de inmigrantes, que en Andalucía integran casi 700.000 personas. Asimismo, pretende dar respuesta a la percepción social negativa que vincula la presencia de población extranjera con la crisis económica.
La red, que ha consolidado su diseño y su estrategia de movilización, se basa en una estructura abierta y colaborativa que incluye a organizaciones sociales, ONG, asociaciones culturales, centros de estudios, sindicatos, fundaciones, expertos en materia de inmigración y personas interesadas en trabajar de forma voluntaria contra los prejuicios hacia el inmigrante, con la denominación de 'agentes anti-rumores'.
La Consejería de Justicia e Interior ha organizado en los últimos meses seminarios para especializar a los participantes en la iniciativa, así como talleres sobre la forma de afrontar la intolerancia y los delitos de odio. Además, ha editado un manual y una guía con información sobre cómo surgen y se difunden los estereotipos negativos, y cómo combatirlos.
La actividad de la red se irá extendiendo progresivamente a toda la comunidad autónoma, con especial incidencia en internet, para promover la empatía hacia la población inmigrante, destacar su contribución al desarrollo de la comunidad e impulsar la denuncia de contenidos multimedia de carácter xenófobo, discriminatorio, ofensivo o potencialmente delictivo.
El proyecto cuenta con sendos perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter (@RedAntiRumores), que canalizan la participación ciudadana en el desmentido de opiniones e informaciones infundadas en torno a la población inmigrante.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, a 1 de enero de 2014, Andalucía tiene un censo de 661.520 personas extranjeras, incluidas las de origen comunitario. Esta cifra es un 9,35 por ciento inferior a la del año anterior y supone el 7,87 por ciento del total de la población empadronada (10,74 por ciento en el conjunto de España). Los países con mayor aportación son Marruecos (más de 125.000) y Rumanía (en torno a 98.000).
La mayor parte de la población extranjera residente en Andalucía en situación administrativa regular pertenece al grupo de edad de 18 a 64 años (80,6 por ciento), lo que demuestra su carácter predominantemente laboral o económico.
Entre los estereotipos y prejuicios cuyo desmontaje constituye el principal objetivo de la red, los más generalizados apuntan a la identificación de los inmigrantes como competidores desleales en el mercado de trabajo; la vinculación con la delincuencia, el terrorismo o las mafias, o la creencia de que se niegan a integrarse o adaptarse a las costumbres autóctonas.
La creación de la Red Anti-rumores se enmarca en la política del Gobierno andaluz de gestionar la inmigración bajo los principios del respeto a los derechos humanos y de la integración social, más allá de la mera regulación de la entrada, tránsito o salida. En esta línea se desarrolla el III Plan Integral para la Inmigración de Andalucía Horizonte 2016, aprobado el pasado año con el objetivo básico de asegurar el acceso a los servicios básicos de sanidad, educación, empleo, vivienda, asistencia social y atención jurídica en igualdad de condiciones con el resto de la población.
El plan, que contará el próximo año con una dotación inicial de 1.257 millones de euros, concentra más de la mitad de sus recursos económicos en proyectos educativos, dirigidos sobre todo a la enseñanza del español en aulas de adaptación lingüística y al mantenimiento de las culturas de origen a través de actividades extraescolares. Actualmente, más de 90.000 alumnos extranjeros están matriculados en los centros educativos no universitarios de Andalucía (el 86 por ciento en colegios e institutos públicos).
Dentro del área sociosanitaria, la Junta ha garantizado la atención a toda la población inmigrante y su integración normalizada en el sistema público, frente a las limitaciones que las regulaciones estatales han impuesto en los últimos años.
En el ámbito sociolaboral se trabaja principalmente en el desarrollo de iniciativas de asesoramiento y asistencia, mientras que la atención jurídica gratuita se refuerza con servicios específicos para personas extranjeras en los Colegios de Abogados.