Alaya suma ya cinco macrocausas en su cartera
No hay quinta mala, ha debido pensar el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, que ha decidido asignar al Juzgado de Instrucción número 6 el caso de las supuestas facturas falsas de UGT en Andalucía. Su titular, Mercedes Alaya, ya investiga cuatro macrocausas (el caso de los ERE, los dos sumarios del caso Mercasevilla y la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis). Son diversas las veces en las que instancias políticas y judiciales, entre ellas el presidente del TSJA o la Fiscalía de Sevilla, han solicitado al juzgado celeridad en los avances de la investigación, principalmente respecto al caso de los ERE. En alguna de ellas le han prescrito delitos, según ha admitido la propia jueza, con declaraciones sucesivamente pospuestas. Ahora, Alaya tiene otra causa que, con varias ampliaciones respecto a la primera denuncia, tiene todos los visos de alargarse en el tiempo por el volumen de documentación a manejar.
En la nueva causa se investigarán facturas presuntamente maquilladas que distintos proveedores de UGT habrían emitido cargando gastos a programas de formación. El TSJA ha informado en una nota que el Decanato de Sevilla asigna a Alaya esta investigación después de la cuestión de competencia planteada por el Juzgado de Instrucción número 9, que había abierto diligencias por la denuncia de Manos Limpias. “La decisión de trasladarlo al Juzgado de Instrucción número 6 se debe a que ya existía un conocimiento de estos hechos por previa investigación judicial”, ha indicado el TSJA, contenidos entre las nuevas líneas de investigación derivadas del caso de los ERE y que tendrían en los pagos percibidos por el presunto 'conseguidor' y exmiembro de UGT, Juan Lanzas, como principal objeto.
Respecto a las investigaciones que ya lleva Mercedes Alaya y los instrumentos para llevarlas a cabo, hay que recordar que la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado mes de julio reforzar su juzgado con un magistrado “al objeto de que su titular pueda dedicarse a las macrocausas que viene investigando desde hace tiempo”. Previamente, en marzo, el TSJA aceptó atribuir a Alaya las cuatro 'macrocausas' que ya instruía, tal y como ella había solicitado. En mayo, la jueza Alaya se comprometió ante el TSJA a “agilizar” las 'macrocausas' para intentar concluir incluso alguna en 2013. Durante una visita a Sevilla, el mismo mes de mayo, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, comentó que se tomarían medidas disciplinarias si Alaya “se sigue demorando” en la instrucción de los ERE.
Mercasevilla
En el caso Mercasevilla, que engloba dos sumarios, la jueza admitió la semana pasada la prescripción de delitos imputados a los hermanos de la ministra Báñez en el caso Mercasevilla, un asunto que contempla ya varias ramas y dos sumarios y que podría verse también ligado con la Operación Madeja, abierta recientemente y que llevó a un asesor socialista a prisión antes del verano, si bien pudo salir bajo fianza de 60.000 euros.
En este mismo caso, Alaya acaba de retrasar la citación de los exdirectivos de Mercasevilla en noviembre a Fernando Mellet y Daniel Ponce por delito societario. Ambos están impitados desde mayo de 2010. Hay que recordar que el retraso en su citación llevó a la Fiscalía de Sevilla a elevar un escrito al juzgado, en diciembre de 2012 y cuando la juez se encontraba aún de baja, en el que solicitaba que “a la mayor brevedad que fuera posible” se fijara un calendario de declaraciones.
La supuesta venta fraudulenta de los terrenos, la adjudicación de la guardería de la lonja, un presunto delito societario en la gestión de la sociedad y la regulación empresarial que destapó el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía convierten a esta causa en un conglomerado de sumarios diversificados en distintas piezas. En el caso Mercasevilla ya ha habido sentencias hasta en segunda instancia, como la que condena por cohecho al exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas y los citados exdirigentes Fernando Mellet y Daniel Ponce.
La gestión de Lopera
El que fuera presidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, está citado a declarar como imputado el próximo día 6 de noviembre. Los inspectores de Hacienda elaboraron un segundo informe pericial en el que se ratificaba que causó al equipo un perjuicio de 17 millones de euros entre los años 1999 y 2008, cantidad que hay que sumar a los 12,4 millones en que los peritos cifraron el perjuicio causado entre 1993 y 1998. Lopera ya compareció ante la juez Mercedes Alaya el día 14 de julio de 2010, después de que el primer informe pericial cifrara en 12,4 millones de euros los perjuicios causados al club a través de la gestión de empresas interpuestas vinculadas al propio Lopera, en el periodo que va de los años 1993 a 1998.
El abogado de Lopera sostenía hace unas semanas que “la realidad es que, tras cinco años y medio de instrucción judicial, no constan en la causa elementos incriminatorios contra” su cliente, ya que el informe de los peritos judiciales, “según se ha acreditado ante el Juzgado, omite datos relevantes y sostiene conclusiones improcedentes”.
El caso de los ERE
Esta causa, la más conocida entre las que instruye la jueza, suma más de un centenar de imputados, de los que más de la mitad aún no ha declarado y no tienen fecha para hacerlo. La jueza ha establecido un calendario de declaraciones principalmente para los imputados el pasado junio. Magdalena Álvarez, dentro de este grupo, ha recurrido porque cree que la imputación la está colocando en una situación de indefensión.
Entre las últimas novedades de este caso destaca que Anticorrupción haya recordado a Alaya que no puede imputar ni investigar a aforados, después de abriera la polémica entre juristas a mediados de septiembre al plantear la posible imputación de los expresidentes Chaves y Griñán. Este jueves continúan las declaraciones con el exviceconsejero de Economía José Salgueiro.
