El Ayuntamiento de Marbella levantó la protección del Centro Histórico antes de recibir un polémico proyecto inmobiliario

La pretensión de destinar la antigua Casa del Gobernador en Marbella a varios apartamentos de nueva planta ha levantado a buena parte de la sociedad marbellí y malagueña vinculada a la cultura y al patrimonio histórico. Se trata de un inmueble que apenas conserva trazas del original del siglo XVI, pero situado en el interior del castillo de Marbella, junto a la muralla y con alto valor histórico y simbólico. Allí nació un presidente del Gobierno, José López Domínguez, y está documentado que durmió el rey Felipe IV en su viaje desde Gibraltar a Málaga durante la noche del 30 de marzo de 1624. Cuatro siglos después, la intención de la nueva propietaria es que la Casa del Gobernador albergue al menos una decena de apartamentos. 

Hasta ahora, el proyecto afrontaba un escollo difícil de superar: la protección como Bien de Interés Cultural de todo el casco histórico marbellí, donde se sitúa la parcela. Pero ese escollo ya no existe. La Junta de Gobierno Local acordó de urgencia el pasado marzo el “levantamiento de la limitación” prevista en las normas urbanísticas de Marbella desde el PGOU de 1986 “para los ámbitos de intervenciones singulares en el Centro Histórico de Marbella”.

Ese PGOU, derogado en 2010 y restituido en 2015 (tras la anulación del nuevo), preveía la elaboración de un Plan Especial que estableciera qué se puede hacer en el casco histórico. Entre tanto, no se podía hacer nada salvo las obras de “estricta conservación necesarias para la seguridad y ornato” de las edificaciones existentes. Pero casi cuarenta años después, el plan especial no se ha elaborado, y seguía vigente la práctica prohibición indefinida de toda intervención urbanística. Hasta ahora.

En la práctica, el nuevo acuerdo supone abrir la puerta al proyecto en la Casa del Gobernador. Este acuerdo, que no había trascendido a la opinión pública, acaba de ser desvelado por el PSOE, que ve nocturnidad y alevosía en la actuación del equipo de gobierno. Isabel Pérez, portavoz socialista, imputa “falta de transparencia” a la alcaldesa Ángeles Muñoz, que había negado conocer el proyecto, pese a que acudió a la Junta de Gobierno Local que le abrió la puerta. El acta, que este medio ha podido consultar, no consta en la web municipal, pese a que el acuerdo se adoptó en marzo, acompañado de varios informes técnicos y jurídicos que avalan la modificación.

Francisco Moreno, presidente de la Asociación Cilniana, se muestra escandalizado y advierte de que denunciará el caso ante la Fiscalía. “Es urbanismo a la carta, lo mismo que cuando Gil. Tú compra la casa, que yo modifico la normativa y ya podrás construir. Es muy grave. Esas modificaciones sustanciales tienen que pasar por Pleno”. 

Manifiesto en contra y queja al Defensor del Pueblo

La operación, aún en ciernes, lleva semanas soliviantando a una parte relevante de la sociedad marbellí, y ha llegado al Defensor del Pueblo, que tramita una queja por este asunto. “Esta operación urbanística (…) va a desfigurar irremediablemente el inmueble, a cercenar para siempre el estudio arqueológico de su interior (…) y a impedir el acceso y visita al tramo de muralla que circunda la parcela”, advierte un manifiesto.

Lo firman una treintena de historiadores y profesores de la Universidad de Málaga, un miembro de ICOMOS (órgano asesor de Unesco), restauradoras, expertos en patrimonio, arquitectos, arqueólogos, el cronista oficial de Marbella y hasta un exfiscal jefe provincial, entre otros muchos. En él se pide a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento una “reflexión” que evite la conversión del inmueble en ocho apartamentos. Por el contrario, plantean su adquisición pública para convertirlo en un espacio cultural. 

La propietaria defiende el proyecto

Manuel Domínguez, uno de los socios de la entidad propietaria (Neckob Inversiones, S.L.), niega que vayan a construir viviendas turísticas, y asegura que la intención es construir de ocho a diez viviendas para uso residencial, con las condiciones que marque la Delegación de Cultura, “poniendo en valor lo que queda de muralla” y recuperando de paso una zona actualmente tapiada, que se convertiría en una plaza de uso público.

“Es una oportunidad magnífica y así lo hemos planteado, para poner en valor algo que jamás se va a poner en valor, a no ser que se expropie. Una iniciativa privada con sensibilidad; pero lo enfocan de manera contraria, como si fuese un expolio”, se queja, en conversación con este medio.

La Junta de Andalucía, que tendría que validar el proyecto por estar en un lugar protegido, asegura que aún no lo tiene, y que de momento se han mantenido dos reuniones con los promotores, que venían “de parte de la alcaldesa”. “Cuando esté listo se llevará a Comisión de Patrimonio, lo cual es garantía absoluta de que lo que se haga allí es porque se pueda hacer”, añade un portavoz de la Consejería de Cultura. Por su parte, el Ayuntamiento subraya que se trata de una propiedad privada, y confirma que la propietaria “está trabajando” con la administración autonómica para “definir el proyecto que pueden presentar”.

El inmueble no está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), pero el castillo sí lo es, como todas las fortificaciones de España. La casa es, por tanto, un inmueble sin protección específica dentro de un bien hasta ahora protegido.

“Es como si nos robaran la identidad”

“Hay líneas que no se deben sobrepasar, y esta se la han saltado. Hay que tener un poco de respeto a la ciudad, quererse un poquito. ¿Cómo se puede permitir esto?”, se pregunta Francisco Moreno, presidente de la Asociación Cilniana y promotor del manifiesto. “Las instituciones deben intentar recuperar el patrimonio en beneficio de la ciudad. Este es un edificio muy simbólico, en uno de los mejores sitios, con connotaciones históricas, simbólicas y sentimentales tremendas. Es como si nos robaran la identidad”.

Sabe bien de lo que habla. Doctor en Historia del Arte, Moreno fue vocal en la Comisión Gestora que tomó las riendas del Ayuntamiento tras la disolución por el caso Malaya. Ya entonces, en 2007, elaboró un Plan Director del Castillo en el que se planteaba la recuperación de la antigua Casa del Gobernador, por entonces en manos de Sevillana Electricidad, para convertirla en un activo cultural y turístico de Marbella. Una oportunidad, dice Moreno, para paliar en parte el histórico déficit de este tipo de equipamientos en la ciudad.

Aquella idea nunca se ejecutó, y el inmueble acabó llegando a manos de a su actual propietario, que encargó el proyecto a Grupo Loen y Asociados, orientados a la oferta de lujo en la Costa del Sol y Sotogrande. La parcela cuenta con 1.482 metros cuadrados de superficie, incluye el inmueble y un patio, y linda al norte y al este con las murallas.

Catas y protección en el Plan Director

Antes de nada, la promotora ha tenido que acometer diversas catas para comprobar si hay restos arqueológicos romanos o árabes. Es probable, más aún en la zona pegada a la muralla, pero de momento las catas se han limitado a la zona de patio. “Es un sitio muy sensible arqueológicamente, porque está junto al postigo de la entrada norte de la fortaleza”, señala Moreno, que conoce bien el lugar. Las catas ya han terminado y el informe deberá ahora ser evaluado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura.

Según Domínguez, apenas han encontrado trazas la antigua muralla: “Supuestamente, hay un trazado, pero tras las pruebas paramentales [que datan la antigüedad de unos restos], es un muro del XIX sin valor ninguno. Queda un trozo de una torrecita, que vamos a poner en valor. Y hay dos almacenes en ruinas donde se guardaban archivos, y ha aparecido una cimentación de una muralla. Todavía no está datada ni se sabe qué valor puede tener, eso es lo que falta el informe del arqueólogo”, asegura.

Más allá de la protección que le dispense la normativa autonómica, la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella dictó una resolución en 2007 (estando la gestora) protegiendo todo el Centro Histórico, de modo que en el área del castillo se prohíbe expresamente “cualquier operación de desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización”.

Cualquier otra actuación “deberá contar con la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía”. Intramuros, donde es más probable que haya restos arqueológicos, se requiere “excavación arqueológica extensiva previa” a “intervenciones de demolición y nueva planta”.

Un monarca de paso y lugar de nacimiento de un presidente del Gobierno

“Era el primer soberano, tras la conquista de la ciudad por Fernando el Católico, que pasaba por la ciudad y el último porque tras él nunca más vino un rey en visita oficial, que las de incógnito no cuentan”, escribe Paco Moreno en un artículo publicado en El Periódico de Marbella. El monarca que pasó por aquí se hacía acompañar de 300 coches de caballos, 500 carros y 1.500 mulas, y semejante cortejo real tuvo que acampar extramuros.

La antigua Casa del Gobernador, adquirida a los trinitarios por Melchor Domínguez Infante Vasconcelos, fue también el lugar de nacimiento de José López Domínguez, presidente del Gobierno durante algunos meses de 1906. Para entonces, ya había sido reedificada. De ahí que sus actuales propietarios insistan en que lo que hay es un edificio usado como oficinas que nada tiene que ver con la antigua Casa del Gobernador más que el suelo donde se sitúa.

La pretensión de destinar el solar a nuevos usos se conoce en un momento de especial sensibilidad con la voracidad inmobiliaria del turismo. Miles de inmuebles que antes tenían uso residencial o comercial se destinan ya al uso turístico en toda la provincia de Málaga, pero en los últimos meses se han producido algunos casos muy simbólicos. En la capital, el edificio de calle Ollerías que ocupaba Málaga Acoge, de titularidad autonómica, ha sido adquirido por un fondo de inversión israelí que lo dedicará a apartamentos turísticos.