Miles de profesores, padres y alumnos se manifiestan contra un Gobierno andaluz que los vincula a la herencia del PSOE

Miles de profesores, padres de alumnos y estudiantes de Andalucía han abandonado este miércoles sus aulas para salir a la calle a manifestarse contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno. Las protestas en defensa de la enseñanza pública han tenido lugar en las ocho provincias, a mediodía, y se han replicado en una concentración multitudinaria a las puertas del Parlamento andaluz, por la tarde.

Es la primera huelga general contra el Ejecutivo de PP y Ciudadanos en poco más de un año de legislatura. Las movilizaciones han hecho pedazos la imagen de “diálogo constante” que Moreno quería convertir en seña de identidad de su mandato, y la Junta ha terminado contraatacando duramente a la comunidad educativa que se ha manifestado, acusándoles de “sesgo ideológico”. La Consejería de Educación se ha apresurado a dar los datos de seguimiento de la huelga general a mediodía, sin contabilizar los centros escolares que trabajan de tarde (Escuelas de Idiomas, Conservatorios, Educación de Adultos, Régimen Especial).

En total, un 15,4% del profesorado andaluz había hecho huelga a las 14.00 horas: 15.644 docentes de una plantilla de 101.820 profesionales en la escuela pública. En Infantil y Primaria el porcentaje es mayor: 21,7% y en Secundaria ronda el 10,5%. “Un fracaso”, concluye la Junta. Los sindicatos de profesores, que contaban con piquetes informativos en cientos de escuelas, han elevado el porcentaje de seguimiento hasta el 80%, y recuerdan que los directores tienen 48 horas para grabar las incidencias de la jornada de huelga en el sistema informático Séneca de la Consejería. Aunque en las manifestaciones no había sólo docentes, sino familias, padres, madres, la suma total de manifestantes dada por fuentes policiales supera el número de profesores en huelga que dice la junta.

Marea Verde

Más visibles han sido las movilizaciones de profesores y padres en las ocho capitales andaluzas, que suman unas 60.000 personas según los convocantes, algo menos de la mitad según las fuerzas de seguridad. El número varía por provincia: en Sevilla, según la Policía Nacional “alrededor de 4.000 personas”, enfundadas con las camisetas reivindicativas de la Marea Verde por la Escuela Pública, han cortado el tráfico del centro de Sevilla en dirección al Palacio de San Telmo. A la misma hora en que estaba convocada la movilización, el gabinete de Presidencia de la Junta de Andalucía convocó de urgencia a periodistas, directores y subdirectores de medios de comunicación a un encuentro con el consejero de Educación, Javier Imbroda, y su número dos, la viceconsejera María del Mar Castillo, para tratar de explicar el nuevo decreto de escolarización y el por qué del incendio en las aulas.

Una foto fija: el Gobierno andaluz bunkerizado con la prensa dentro de San Telmo, miles de profesores, padres y alumnos gritando unos metros más allá, a las puertas del Palacio. De la reunión salieron dos consignas políticas. Uno: la Junta no pretende privatizar la escuela pública, fomentando las matriculaciones en la concertada con este nuevo decreto de escolarización. “Si nos acusan de querer desmantelar la escuela pública, no han entendido el espíritu de esta norma”; y dos: se trata de una “huelga ideológica” impulsada por aquellos que “usan el decreto para armarse contra este Gobierno”, a saber: profesores, estudiantes y padres de alumnos representados por los colectivos que han convocado los paros.

La movilización en las calles y el grito unánime de la comunidad educativa ha tensado los nervios del Ejecutivo andaluz, que se ha esforzado por despreciar sin matices las motivaciones “ideológicas” de todo el colectivo de la enseñanza. Imbroda, más a la defensiva, y el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, en línea de ataque contra padres y profesores presentes en la protesta, a los que ha acusado de seguir el dictado de los socialistas. “Ya no gobierna el PSOE y eso puede ser la motivación de la huelga. Pero la gente no es tonta, no se la puede engañar siempre”, dijo Bendodo. Si el portavoz se hubiera asomado a la ventana de San Telmo, habría visto pancartas como ésta: “No es sólo el decreto: ¿Quién eliminó 1.488 aulas en Infantil y 808 en Primaria? ¡El PSOE!”. O como ésta otra: “¡El PSOE puso la soga y PP y Ciudadanos nos la aprietan. Aquí está la Marea pa decírtelo a la jeta!”.

Ambiente festivo

La huelga ha unificado a todos los sindicatos docentes, que suelen estar enfrentados por intereses diversos, y también ha reunido tras la pancarta a los dos partidos de izquierdas de la oposición que andan a la gresca: PSOE y Adelante Andalucía. Los diputados socialistas caminaban entre camisetas verdes, con algunas banderas de su partido, viendo y escuchando lemas tan críticos con Imbroda como con sus ex consejeros de Educación. Los de Teresa Rodríguez (Podemos) y Toni Valero (IU) pedían la dimisión de Imbroda y la retirada del decreto, a la par que hacían corresponsable al PSOE de los recortes en la escuela pública que ha beneficiado paulatinamente a la privada concertada.

Banderas sindicales de CCOO, UGT, ANPE, CSIF, Ustea, CGT y la Confederación de Padres de Alumnos. Maestros jóvenes, profesores veteranos, familias con carritos, niños con la cara pintada de verde que van a la huelga como quien hace una actividad extraescolar. Tambores, pitos y arengas, todo en ambiente festivo. Muchos, muchos interinos, porque el gran temor del colectivo es que el discurso del Gobierno andaluz en favor de la concertada termine cerrando unidades en la pública, y eso les hará prescindir de interinos, despedirles o recortarles el horario. Pero también salpicará a los funcionarios, porque si se cierran unidades en los colegios donde tienen plaza, podrían ser desplazados a otra escuela o a otro pueblo. Las solicitudes de colocación de efectivos -cuando los interinos piden destino- se entregan en mayo, y los puestos libres vienen determinados por dónde se hayan matriculado los niños.

El nuevo decreto de escolarización, en vigor desde hace unos días, no va a alterar por sí mismo la planificación educativa en Andalucía, que oferta este año 93.100 plazas de nuevo ingreso, el 81,2% en centros públicos y el 18,8% a concertados. Pero el Gobierno andaluz ha envuelto una norma muy técnica en un discurso muy político en defensa de la libertad de los padres para matricular a sus hijos en colegios privados concertados. Un mensaje dirigido al electorado de PP y Ciudadanos, socios en el Ejecutivo de Moreno, y que forma parte de sus programas políticos.

La elección de centro

Respecto a la concertada, el punto más concreto del decreto que ha soliviantado a la comunidad educativa es en el que la Junta ofrece un colegio privado concertado a las familias que vivan en un distrito escolar que carezca de esta oferta. Pero, la propia consejería admite que la incidencia de este punto será de “menos 20”, porque en Andalucía apenas hay zonas escolares donde no haya colegios concertados. En Sevilla sólo hay una, el Polígono Sur, que aglutina a un alumnado con problemas socioeconómicos y culturales mucho más graves. Además en el 83% de los municipios andaluces no hay concertada, bien porque la población se concentra en el otro 20% (capitales y grandes ciudades), bien porque las empresas no hacen negocio en zonas rurales o poco pobladas.

En el epicentro de las protestas está ese nuevo decreto de escolarización. Con el que existía hasta ahora, que data de 2011, el 93% de las familias lograba plaza en el colegio elegido como primera opción (el 97% si se suma también la segunda opción). El 3% restante no logra entrar en el colegio elegido porque la demanda supera la oferta, pero esa situación no la va a cambiar el decreto, de ahí que muchas críticas contra el Gobierno andaluz provengan también de las escuelas concertadas, que acusan a Imbroda de haber fomentado “falsas expectativas”.

Sobre el desequilibrio entre la escuela pública y la concertada en Andalucía, los responsables de Educación han tratado de explicar que el origen del problema está en un Real Decreto de 1985, que establece las bases comunes de régimen de conciertos para el Estado. Pero en realidad esa norma sólo establece unos criterios generales. Las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, y son ellas las que diseñan la planificación educativa, ningún Real Decreto les obliga a optar por la concertada o por la pública. De hecho, con esa norma en vigor, hay comunidades, como Madrid, que han ido privatizando escuelas hasta concertar el 50% de su red escolar, y otras como Andalucía que se han mantenido 37 años en el 80% pública y el 20% concertada.

La primera huelga

Imbroda ha explicado también que la reforma de la LOMCE que acaba de aprobar el Consejo de Ministros -y que debe ser aún refrendada por una mayoría en el Congreso- elimina la mención a la “demanda social” de las familias como criterio de planificación educativa, un requisito que el Gobierno de Mariano Rajoy incluyó en su ley educativa a propuesta de la patronal concertada. El consejero andaluz asegura que cuando se apruebe esa reforma, Andalucía tendrá que “adaptar” su polémico decreto, para quitar también la mención a la “demanda social”.

Pero ese criterio nunca ha sido determinante. Sin él, sin la LOMCE, el Gobierno andaluz del PSOE ya alteró la planificación escolar en barrios acomodados de grandes ciudades, como Sevilla capital, donde autorizó más unidades concertadas a costa de cerrar públicas (e incluso tuvo que clausurar otros centros concertados de menor renombre social).

El presidente de la Junta había advertido hace dos meses de que el diálogo social de su gabinete con la comunidad educativa estaba fallando, y el resultado de aquellos desencuentros ha derivado en la primera huelga general de su mandato.