El Ministerio de Educación renovó “automáticamente” a los maestros de Religión sin clase a petición de los obispos

El Ministerio de Educación lleva tres años pagando a profesores de Religión de Infantil y Primaria en Andalucía que no imparten clases. Docentes que perdieron parte o la totalidad de su carga lectiva en 2015, cuando los colegios andaluces decidieron reducir el horario de Religión para reforzar otras materias, siguiendo una orden del Gobierno andaluz. Este periódico inició una investigación para determinar cómo pudo ocurrir y, sobre todo, cómo sigue ocurriendo tres años después, con el consiguiente “perjuicio a las arcas públicas”, en palabras de Sonia Gaya, la consejera andaluza de Educación. ¿No hubo coordinación entre las Administraciones educativas, entre el Ministerio, que contrata a estos profesores, y la Consejería, que les asigna plaza en sus colegios?

Un documento de la Subdirección General de Personal Laboral del Ministerio de Educación, al que ha tenido acceso este periódico, revela por fin una de las claves de este conflicto. El departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo renovó “automáticamente” a los profesores de Religión de Infantil y Primaria de Andalucía en el curso 2016-2017 y mantuvo las mismas horas contratadas que en el año anterior, a pesar de que la Junta de Andalucía le había informado previamente y por escrito de una reducción drástica de la carga lectiva de esta asignatura en el 65% de los colegios andaluces. 

Se trata de unas instrucciones dirigidas a las Archidiócesis de Andalucía y a la Alta Inspección Educativa, dependiente del Ministerio, que también han manejado inspectores de la Consejería de Educación. Esta orden interna, fechada el 5 de julio de 2016, está firmada por el Subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Benzo Sáinz, actual Secretario de Estado de Cultura. El contenido del texto demuestra que el Ministerio ignoró la propuesta de reducción horaria facilitada por el Gobierno andaluz, y decidió prorrogar todos los contratos de los profesores de Religión siguiendo instrucciones directas de las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza de Andalucía. “Las propuestas formuladas en los cursos académicos anteriores se entienden automáticamente renovadas en los términos establecidos en los contratos en vigor, salvo que los trabajadores contratados manifiesten expresamente su renuncia a dicha renovación o en el supuesto de que el Ordinario diocesano que propuso en su momento su contratación, proponga ahora la revocación”, reza el documento.

Las instrucciones también contienen un dato llamativo: se trata de un documento oficial en el que el Ministerio de Educación asume como propios los requisitos de contratación que la Conferencia Episcopal utiliza para seleccionar al personal docente que imparte Religión, y que nada tienen que ver con el acceso a la función pública, esto es, “moral recta y testimonio de vida cristiana”, por ejemplo “no estar separado ni divorciado del cónyuge” para poder impartir clases de Religión en la escuela pública.

2.000 docentes

Los profesores de Religión de Infantil y Primaria de Andalucía son el único cuerpo docente que no está transferido al Gobierno autonómico; dependen contractualmente del Ministerio de Educación, aunque son seleccionados por el Obispado. En Andalucía, hay 2.028 docentes de Religión en las escuelas públicas de Infantil y Primaria, cuyo horario lo establece la Consejería de Educación y los propios centros educativos “en el ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa”. Sin embargo, la renovación íntegra de los contratos de estos docentes fue gestionada por el Ministerio en comunicación directa con los obispos, y previa consulta a la Alta Inspección Educativa, dejando totalmente al margen a la Consejería del ramo, de quien depende la Planificación de horarios en las escuelas andaluzas.

Es el primer documento oficial que aclara, explícitamente, por qué el Ministerio de Educación lleva tres años pagando a profesores de Religión que no imparten clases. En 2015, los colegios andaluces habían reducido la carga lectiva de esta materia, y la Junta asegura haber informado al Ministerio de que no hacían falta tantos docentes. Se remitió a Madrid el reajuste horario “entre junio y julio”, “con tiempo suficiente para que se ”minorasen“ los contratos antes de que empezase el curso siguiente, adaptándolos a las nuevas necesidades de los centros. Pero el Ministerio no escuchó al Gobierno andaluz, sino a los obispos. ”Las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza deberán remitir la documentación justificativa de las nuevas necesidades de cada uno de los centros escolares que se proponga incrementar y/o disminuir, indicando el motivo de la variación de la propuesta y cumplimentar el anexo que se adjunta“, dicen las instrucciones de la Subdirección de Personal Laboral. Los obispos no comunicaron ningún cambio en la carga lectiva de los maestros de Religión al  Ministerio, como consta en dicho anexo. 

Menos horas, mismos docentes

El número global de horas contratadas para la etapa Infantil y Primaria aquel año -47.478 horas lectivas- es prácticamente el mismo que en el curso anterior, a pesar de que un 60% de colegios había recortado el horario de Religión de 90 a 60 minutos, y otro 5% decidió aminorarlo hasta los 45 minutos semanales, el mínimo legal que permitía la Junta de Andalucía. El Ministerio comunicó a los obispos que “el exceso de horas en un centro escolar se compensaría, en su caso, con la minoración de horas de otro, no pudiendo incrementarse el global de las horas autorizadas para el curso 2015/2016 en el conjunto de la propuesta que se realice para el curso 2016/2017”, según rezan las instrucciones.

El resultado final fue un desequilibrio entre el número de profesores y las horas asignadas que ha dejado a muchos docentes “de brazos cruzados y sin hacer nada” durante tres años. “El Ministerio asignó más horas de las que aquí se consideraron necesarias. Si los datos de matrícula que comunica esta comunidad no se tienen en cuenta por parte del Ministerio de Educación, es difícil tener un control exacto de lo que está pasando en nuestras escuelas”, denunció este miércoles la consejera del ramo, Sonia Gaya, en el Parlamento andaluz. La consejera, sin embargo, no ha sabido explicar por qué su departamento no actuó antes, si tenía denuncias de inspectores y colegios alertando de la situación desde septiembre de 2015.

Después de una profusa investigación interna que ha exigido a los inspectores educativos rastrear, “uno a uno y colegio a colegio”, la ocupación real de los 2.000 maestros de Religión bajo sospecha, el Gobierno andaluz ha admitido finalmente que sobran docentes en 252 colegios de las ocho provincias. Lo que no ha querido revelar la Junta es el número de profesores sin carga horaria (total o parcial) y el “perjuicio que esto ha supuesto a las arcas públicas” los últimos tres años. Falta ese dato para conocer el coste real de este problema, pero la Junta se niega a cuantificarlo porque no quiere “poner el foco” en el colectivo afectado.

Hace siete meses, la Consejería de Educación elevó un informe con los resultados de su investigación a la Alta Inspección Educativa y al propio Ministerio, denunciando el “perjuicio a las arcas públicas” y el “desperdicio de recursos educativos para la escuela”. “La razón de por qué, a día de hoy, el Ministerio no ha corregido aún esta situación, la desconozco, no tengo una respuesta”, admite Gaya. La consejera de Educación esgrime ahora las instrucciones del Ministerio para demostrar que su departamento “les informó convenientemente” de que se habían reducido horas de Religión, para que se procediera al reajuste de los contratos de profesores, pero Méndez de Vigo ignoró esa información. 

Las instrucciones del actual número dos de Cultura constatan que el Ministerio no atendía al requerimiento de la Consejería de Educación, responsable de la Planificación de horarios, sino de la propuesta de las Diócesis andaluzas. Los obispos, que han recurrido en los tribunales la orden de la Junta que habilita la reducción horaria de Religión, pidieron no tocar los contratos en vigor, y su solicitud fue atendida. “La Subdirección General de Personal, a la vista de la documentación justificativa de las necesidades de incremento y/o disminución de horas lectivas remitidas por cada una de las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza, y una vez estudiados los informes de la Alta Inspección de Educación en las comunidades autónomas relativos a las necesidades de horas lectivas de Religión de los centros escolares para el próximo curso 2016/2017, comunicará a cada una de las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza los incrementos y/o minoraciones de horas lectivas totales autorizadas y los centros educativos afectados dentro de su ámbito de propuesta”, sostiene el documento.