Los andalucistas forzarán el debate sobre pobreza energética en el Parlamento de Andalucía
El partido Andalucía Por Sí ha (AxSí) conseguido, apenas tres meses después de su constitución, que 25 plenos de otros tantos municipios aprueben por mayoría absoluta su iniciativa legislativa municipal (ILM) contra la pobreza energética, con lo que ya tienen el aval para registrarla en el Parlamento de Andalucía e intentar que por primera vez en la historia de la institución se complete el proceso de participación ciudadana con esta fórmula.
Pese a que ya tienen las 25 resoluciones que exige el reglamento, como presentaron su proposición de ley en 50 municipios, calculan que se podría conseguir que fueran algunas más. Entre los pendientes, la única capital de provincia en la que han conseguido que se registre: Huelva, gracias a que han contado con el respaldo de la Mesa de la Ría. De hecho, dado que no tiene representación, porque nunca se ha presentado a unos comicios, AxSí ha buscado sobre todo la complicidad de formaciones como Podemos o en los ediles que todavía conserva el extinto Partido Andalucía (PA) para que elevaron a los respectivos plenos la propuesta.
El coordinador de AxSí, Joaquín Bellido, explica que pretenden registrarla a finales de febrero. “Luego iniciaremos una ronda de contacto con los grupos parlamentarios y esperamos contar con más respaldo”, ha expuesto. Sobre la posibilidad de que no se considere esta ley porque el PP y el PSOE ya han pactado un marco a nivel estatal, ha incidido que “en todo caso, Andalucía tendría que hacer la suya propia, como en otras competencias que tiene, por lo que es una oportunidad única para adelantarnos en esto”.
Por otro lado, no oculta su sorpresa, no ya tanto por las contradicciones en los partidos, donde “el mismo ha dicho sí, no o se ha abstenido según el municipio”, sino por el “desconocimiento” en el funcionamiento de esta figura. “Hay quien del PP nos ha dicho que AxSí era muy ambiciosa por presentar una ley en lugar de una moción mostrando una absoluta ignorancia en la materia”, ha expuesto.
Esta campaña la comenzaron el pasado mes de diciembre poco después de constituirse el partido. Los 25 plenos en los que se ha aprobado por mayoría absoluta son los de Ayamonte, Isla Cristina (Huelva); Écija, Coria del Río, Estepa, La Campana, Pruna, Palomares del Río (Sevilla); El Bosque, Setenil de las Bodegas, Villamartín, Paterna de Rivera, Barbate, Tarifa, Conil de la Frontera (Cádiz); Ronda, Montecorto, Vélez-Málaga y Frigiliana (Málaga); Vera (Almería); Aguilar de la Frontera, Posadas, Priego de Córdoba (Córdoba); y Almuñécar y Motril (Granada).
Cómo continuará el proceso
El texto que han elegido es el de la Ley de Reducción de la Pobreza Energética aprobada por unanimidad en Aragón tras 57 enmiendas de los distintos partidos que suman seis en el arco parlamentario. Una vez registrada, la Mesa de la Cámara tendría que admitirla a trámite. Luego se daría cuenta a todos los consistorios con la remisión del texto íntegro, para que en el plazo de dos meses presenten cuantas alegaciones estimen oportunas o se sumen. Las mismas deberán ser notificadas a los grupos parlamentarios antes del pleno en el que debería someterse a la toma en consideración.
De todas maneras, cabe la posibilidad de que no sea admitida a trámite por la Mesa de la Cámara. Entre las causas para no hacerlo, que tuviera un objeto que no sea competencia de la autonomía o que el texto careciera de unidad en su planteamiento. En esos casos, la Mesa de la Cámara deberá comunicarlo a los promotores de la ILM para que procedan, en su caso, a la subsanación en el plazo de un mes a partir de la notificación.
Pero también puede ser rechazada porque se refiriera a una materia ya en tramitación parlamentaria o que fuera una reproducción de otra igual presentada durante la misma legislatura. Es en esto último donde puede chocar con la proposición de ley que en el mismo sentido, e inspirada en la de Cataluña, presentó Podemos y que, con el dictamen contrario del Consejo de Gobierno a su tramitación y toma en consideración, lleva atascada más de un año. Desde AxSí creen que no hay colisión con esto porque su ILM es diferente a la de Podemos en Andalucía y se inspira en la referida de Aragón.
En todo caso, dado el devenir que esta vías de participación han tenido hasta el momento, se abren muchas interrogantes sobre cómo terminará la medida. Eso sí, contra la resolución de no admitir a trámite la ILM cabe también la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Los precedentes de estas fórmulas de participación
Cabe recordar que la ley contempla dos fórmulas de participación. Ésta de la ILM y la de la iniciativa legislativa popular (ILP), hasta el momento la única que se ha conseguido llevar hasta el final y sólo una vez. En este sentido, en 2014 se estrenó el llamado escaño 110 que permite que personas sin representación en la cámara puedan defender una ILP en la misma y lo hizo UPyD pidiendo una reforma de la Ley Electoral de Andalucía tras recoger más de las 40.000 firmas exigidas. Su propuesta fue tumbada por el pleno.
Por su parte, el PA intentó usar la fórmula de la ILM y en 2014 consiguió que se admitiera a trámite una para implantar en Andalucía una renta básica contra la exclusión social. Fue después de que lograra recabar el apoyo de una treintena de plenos. Este mismo asunto de la renta básica fue objeto de una ILP presentada por la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, compuesta entre otros, por CCOO, UGT, CAVA, Cepes, Al-Andalus, Facua Andalucía, UCA-UCE, Forum de Políticas Feministas, Attac-Andalucía, Plataforma 2015 y +, Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad (Cermi Andalucía) y Asociación de Progresistas de Andalucía. Como la ILM del PA, fue admitida a trámite en 2014.
Sin embargo, en los dos terminó pronto su periplo porque contaron con el veto del Consejo de Gobierno de julio de 2015 por implicar una incremento de los presupuestos autonómicos. En su dictamen contrario a la tramitación, el Gobierno de Andalucía sostenía que ya trabajaba en un anteproyecto de ley en la materia y prometía elevar una propuesta al Parlamento de Andalucía antes de que terminara el periodo de sesiones de 2016, lo que no se ha hecho.
