Un preso español denuncia torturas de Marruecos
El ahogamiento simulado está considerado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una técnica “efectiva” de interrogatorio. El Congreso americano lo prohibió en 2015: puede provocar la muerte de la víctima y está considerada una técnica de tortura. Una flagrante violación de los derechos humanos. El Reino de Marruecos, “socio clave de Estados Unidos” en palabras de Washington, lo sigue practicando a discreción. Así lo denuncian las organizaciones de derechos humanos y así lo denuncia Faisal Abdessadik Mohand, ciudadano español, condenado a diez años de prisión en Marruecos por narcotráfico. Abdessadik la ha sufrido en sus propias carnes. No fueron las únicas torturas a las que se vio sometido durante su detención en Casablanca (Marruecos) el 2 de febrero de 2015
En la denuncia presentada al Gobierno de España, su abogado, Francisco Serrano, describe cómo “le cubrieron la cabeza con una capucha, desconociendo en todo momento el lugar donde se encontraba. Su familia no tuvo conocimiento de la detención hasta el día 6 de Febrero, cuatro días después. Tras la detención sufrió diversas torturas, tales como descargas eléctricas en sus testículos, golpes con la culata de un rifle, puñetazos y patadas en la cabeza y en la espalda. Incluso, en diversas ocasiones se orinaron en su cara. Después de las torturas descritas, lo amarraron a un solo tobillo y lo colgaron del techo (suspensión de carnicería inversa), permaneciendo en dicha postura varios días. Estuvo siete días sin comer, ya que no le proporcionaron alimento durante este periodo de tiempo”.
Faisal Abdessadik, en conversación telefónica con este diario desde la cárcel de Fez (Marruecos), añade la peligrosa técnica del 'waterboarding' (ahogamiento simulado) a la larga lista de torturas, así como las secuelas que sufre. “Me pusieron una especie de toalla, un saco, y me echaban agua (en la boca y la nariz) tumbado en el suelo. Me hicieron torturas de guerra. La pierna la tengo casi gangrenada, sufro cojera y tengo los vasos sanguíneos reventados. Tengo un testículo, descolgado e inflamado, que me duele. Tengo, además, una cicatriz en el labio, de cuando me pegaron con la culata de la pistola en la boca”, explica la víctima. También ha perdido un diente incisivo, según el testimonio de su familia y su abogado.
Un certificado médico, firmado por un facultativo marroquí que tuvo acceso al preso en noviembre de 2016, acredita que sufre “una lesión en la extremidad inferior de la pierna izquierda”. Es decir, en el tobillo. Según su hermana Newel, “nos costó mucho encontrarlo, porque lo tenían registrado como ciudadano marroquí, a pesar de que es español, lo que supone un tratamiento mucho peor”. El letrado español que lo defiende denuncia también torturas psicológicas, como amenazarle con hacer daño a su familia (tiene mujer y dos hijos, que se encuentran en tratamiento psicológico) o acortarle las visitas. Según su familia, sufre secuelas psicológicas, como crisis de ansiedad o claustrofobia.
Condenado por narcotráfico “sin pruebas”
Faisal Abdessadik fue acusado y condenado por tráfico de drogas y posesión de armas “sin ningún tipo de pruebas que lo corrobore. A pesar de ser condenado por dichos delitos, en ningún momento se le incautó cantidad alguna de droga ni ningún arma de fuego”, indica su abogado. Según la traducción de la sentencia aportada por el letrado, el Tribunal de Apelación de Marrakech lo condenó, el 11 de abril de 2016, por no denunciar “la ocurrencia de un crimen y la circulación de drogas a escala internacional, transportándola e importándola de manera ilegal”, así como la posesión de “armas sin justificación legal”.
Fue condenado a diez años de prisión y a una multa de 40.000 dirhams marroquíes (unos 3.500 euros). En el momento de la detención conducía un Porsche Cayenne y llevaba 20.000 euros en metálico. “Han desaparecido el Porsche, el Audi, mi ropa, dos relojes valorados en 18.000 euros y 20.000 euros”, denuncia el propio Faisal.
El Estado marroquí lo relaciona con el narcotraficante valenciano José Pérez Gómez, conocido como Pepito o Pepe de l'Alcúdia, investigado por el asesinato del cabecilla de una banda rival, al que supuestamente descerrajó un tiro en la nuca, y por el tráfico de unas 150 toneladas de hachís, según la Guardia Civil. Pérez Gómez fue detenido en Casablanca en marzo de 2015 en una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Gendarmería Real, el cuerpo de seguridad marroquí acusado de torturar a Faisal. En la operación se requisaron dos millones de euros y 1.280.000 dirhams (unos 115.000 euros).
Faisal es mecánico de barcos y tiene una empresa con sede en Marrakech bajo el nombre de Maritime Ship in Morocco. Fue condenado en España a tres años de prisión por traficar con decenas de kilos de hachís en el interior de su coche, cuando era transportado en ferry de Melilla a Málaga. Se fugó a Marruecos durante cinco años hasta que su causa prescribió. Durante ese tiempo, fundó su empresa de reparación de embarcaciones marítimas, según su propio testimonio.
Fuentes consultadas por este diario explican que Faisal es “mecánico de barcos. A lo largo de 2010, conoció a un español (el narcotraficante Pepito, al que Faisal conocía como Vicente) al que le hacía pequeños arreglos y le ofreció trabajar con él, a cambio de que le hiciera de traductor de árabe. Este hombre trabajaba en Marrakech y en diciembre de 2014, (la Gendarmería) entró en su casa, donde se encontraba su hermano y una gran cantidad de dinero. La vivienda estaba al lado de una vivienda de Faisal. (Pepito) llamó a Faisal y le dijo que no fuera por allí. Luego, (el narcotraficante) se dio a la fuga. Por eso lo relacionaron con él”. El preso español sostiene que no ha traficado con hachís: “Si me encuentran una sola llamada (que lo relacione con el narcotráfico), me inculpo a cadena perpetua”.
Según una hermana de Faisal, Nawal, “mi hermano jura y perjura que nunca se ha sentado a hablar de negocios ilegales con él, que sólo hacía negocios legales. Dado el origen árabe de mi hermano, le era más fácil acceder a (la compra) de un coche o de una casa. Faisal fue a Casablanca, para que (el narcotraficante) no pensara que él los había delatado. De camino para allá, (los gendarmes) lo sacaron bruscamente de su coche. Y, en vez de ponerlo a disposición judicial, le dieron un golpe, lo encapucharon y lo torturaron durante cuatro días”.
“Abandonados” por las instituciones
El abogado y la familia de Faisal han llamado a muchas puertas antes de hacer público su caso. Han acudido al Defensor del Pueblo, el Gobierno de España, la Casa Real y organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional, sintiéndose “abandonados” por todas estas instituciones, en palabras de la propia familia.
También acudieron al Congreso de los Diputados. Miguel Ángel Bustamante, parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso , ha intercedido por Faisal en la cámara baja. “La familia y el abogado estuvieron conmigo en el Congreso y mantuvimos reuniones con el PP, el PSOE y Ciudadanos. El Gobierno tiene que intervenir, porque (Faisal) no supone una amenaza, lo lógico sería que accediera a su extradición. La familia tiene sensación de abandono y dejadez por parte del Gobierno”.
¿Ha interpelado el Gobierno español al marroquí por esta supuesta violación de derechos humanos? El Ministerio de Asuntos Exteriores español afirma que son tres los consulados que han hecho seguimiento de su caso (Rabat, Tetuán y Tánger). “Se han hecho gestiones para favorecer la entrada en Marruecos de su letrado, Francisco Serrano. El detenido ha recibido además visitas consulares”, explican los responsables de la diplomacia española. Sin embargo, el Gobierno español no le ha pedido explicaciones por las torturas al Gobierno marroquí. “Si la persona presenta una denuncia por malos tratos o torturas, que sean las autoridades locales las que investiguen”, señalan desde Asuntos Exteriores.
El abogado de Faisal se muestra en desacuerdo con la posición del gobierno. “La obligación de España es salvaguardar la seguridad de cualquier ciudadano español, cuya integridad física peligre. Existen declaraciones de tortura, trato denigrante en prisión y supuestas irregularidades en un procedimiento judicial. El Gobierno español hace caso omiso y debería garantizar que su juicio se haga con todas las garantías procesales, cosa que no está ocurriendo, ya que se le va a condenar dos veces por los mismos hechos”. El principio jurídico de no ser juzgado por la misma causa en más de una ocasión está contemplado desde el derecho romano, Non bis in idem (autrefois acquitté (en francés), double jeopardy (en inglés)), y respaldado por la Convención Europea de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966 en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Faisal está encarcelado en la prisión de Fez, adonde fue trasladado hace pocos meses. Allí se encuentra a la espera de su segundo juicio previsto para este jueves, que han retrasado en numerosas ocasiones. “A través de abogados de Tetuán, me piden dinero para rebajarme la pena tres o cuatro años. Me dicen que le pague al juez para que me reduzca la pena o anule mi caso”, afirma el preso español.
En la cárcel de Fez, según relata, sus condiciones se han visto empeoradas, alegando hacinamiento y comidas escasamente nutritivas (“agua con patatas”) y condiciones muy insalubres. Con la maquinaria procesal de nuevo en marcha y sin una sentencia firme, no puede solicitar la extradición a España. Su abogado denuncia que el director de la cárcel de Fez, Abdelah Sefuao, mantiene “una actitud abusiva, desigual respecto a otros presos y totalmente desproporcionada, teniendo un trato totalmente denigrante y humillante hacia el preso”.
Amnistía Internacional “no se pronuncia”
Faisal describió su situación y las torturas a las que había sido sometido en una carta de su puño y letra. La ocultó en una fiambrera para burlar a los funcionarios de prisiones y podérsela entregar a su familia. Esa carta, escaneada, se la envió su hermana Newel a Amnistía Internacional hace un año, así como al Gobierno español. La organización pro derechos humanos se limitó, en un correo electrónico de respuesta con fecha del 7 de diciembre de 2016, a señalar que “lamentamos informar de que nuestra organización no ofrece asesoría judicial”, los redirigían a otra asociación y se disculpaban “por no poder hacer más”.
Consultados por este diario, la organización declara que “sobre este caso Amnistía Internacional no se pronuncia por no ser uno de los documentados por la organización. Somos conscientes de que hay muchos más casos de tortura de los que tenemos capacidad de documentar. Esto nos sucede no solo en Marruecos, sino en otros muchos países. Denunciamos la punta del iceberg. Por ejemplo, en el último informe realizamos 151 entrevistas en 17 lugares de todo Marruecos y el Sáhara Occidental, en relación con 173 casos de tortura y otros malos tratos, y aún así, somos conscientes de que hay muchos más casos”.
El Gobierno de Marruecos, a través de su embajada, ha sido interpelado por este diario por vía telefónica y por escrito, sin obtener ningún tipo de respuesta. Fuentes consultadas por este periodista, aseguran que Marruecos considera que este caso “daña su imagen”.
70 presos españoles en cárceles marroquíes
Según datos del último informe Defensor del Pueblo, en la actualidad hay unos 70 presos españoles en cárceles de Marruecos. Según denuncia Amnistía Internacional en su informe anual sobre violación de derechos humanos, en Marruecos ha habido “protestas de presos contra las duras condiciones de reclusión que soportaban, como higiene deficiente, alimentación y asistencia médica inadecuadas, y grave hacinamiento. Más de dos años después de la adhesión de Marruecos al Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, aún no se había establecido el mecanismo nacional de prevención previsto en él”.
La entonces alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanathem Pillay, señalaba en 2014 en Rabat, tal y como recoge un informe de Amnistía, que “su Majestad el rey Mohamed VI me informó de que no tolerará la tortura, aunque no podía descartar que se produzcan casos aislados. Otras autoridades admitieron que, aunque la tortura no forma parte de la política del Estado, llevará tiempo erradicar las ”malas costumbres“. Se han propuesto medidas como instalar cámaras de circuito cerrado de televisión en las comisarías de policía y proporcionar formación a los agentes. No obstante, la prueba de fuego de estos compromisos es la rendición de cuentas. La impunidad es el combustible que más alimenta las violaciones de derechos humanos”.
La ONG registró 173 casos de tortura y malos tratos ocurridos, supuestamente, entre 2010 y 2014. Desde ese año, su capacidad “para llevar a cabo visitas de investigación en Marruecos se ha visto restringida”. Los métodos de tortura documentados por esta ONG “abarcan desde palizas hasta uso de posturas en tensión y técnicas de asfixia y ahogamiento, así como violencia psicológica y sexual, incluidas amenazas de violación y, en contadas ocasiones, violaciones. Las duras condiciones de reclusión en los calabozos de las comisarías de la policía y de la gendarmería —donde, según informes, la falta de higiene, alimentos y atención médica alcanzan proporciones de crueldad— también constituyen malos tratos”.
Asimismo, Amnistía Internacional constata que “se tortura a todo tipo de personas Entre los sobrevivientes cuyas experiencias se recogen en este informe se cuentan manifestantes y activistas contra la pobreza, las desigualdades o la explotación de los recursos naturales; activistas estudiantiles y políticos de filiación izquierdista o islamista; partidarios de la autodeterminación del pueblo saharaui; personas acusadas de delitos de terrorismo, y presuntos delincuentes comunes”.
