Procesado el exdelegado de Empleo de Huelva y otros seis cargos por el presunto fraude de la formación

El juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha procesado al exdelegado de Empleo en la provincia y exdirector del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Eduardo Muñoz, junto con otros seis altos cargos y técnicos en la causa de los cursos de formación profesional para el empleo en la demarcación, según un auto conocido este martes. También están implicados el secretario general de Empleo, José Martínez Iglesias, y el jefe del servicio de formación para el Empleo, José Ángel Gil Flores, además de varios técnicos.

En el auto, que adelantan el diario ABC y el diario digital pagina3huelva.es, el juez procesa a los acusados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. “Se considera que existen suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas”, reza. En el citado auto, el juez ordena la continuación del procedimiento abreviado y emplaza a las acusaciones a formular sus escritos para continuar adelante con el juicio.

El pasado 29 de junio, Eduardo Muñoz acudió a los tribunales citado por este caso y se acogió a su derecho a no declarar. Igual que el jefe del departamento de análisis, Programación y Formación Continua del SAE, Manuel María Velázquez y José Ángel Gil Flores, finalizando esta fase de declaraciones con estas dos citaciones.

Las detenciones de estas personas se llevaron a cabo el pasado mes de marzo tras el análisis de más de cerca de 12 millones de euros en subvenciones aprobadas en el año 2011 para 129 entidades, lo que provocó una nueva fase de la operación Edu. Estos agentes investigaron las subvenciones recogidas en la resolución de 21 de febrero de 2011 del SAE en Huelva, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Estas subvenciones se concedieron “con cargo al Programa Presupuestario 32D y al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el decreto por el que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía”, estando firmada por uno de los investigados.

Fruto del estudio de estas subvenciones, los investigadores de la policía acusan a los detenidos de haber cometido irregularidades vinculadas a la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

A su vez, cabe recordar que el juez ordenó a la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizar un informe de la situación patrimonial de los investigados.

El pasado 20 de junio se conoció que la Audiencia de Huelva admitió la personación de la Junta de Andalucía en calidad de perjudicada en esta causa al estimar el recurso interpuesto por la administración y la adhesión al mismo por el ministerio fiscal contra el auto del 17 de mayo del Juzgado de Instrucción número 5 y que desestimaba a su vez el recurso de reforma contra el auto del 22 de marzo. En consecuencia, revoca ambas resoluciones en el sentido de que la personación de la Junta de Andalucía debe admitirse en calidad de perjudicada.