Salud pública

El PSOE sopesa llevar a la Fiscalía los contratos a dedo del Gobierno andaluz con clínicas privadas por “fraude de ley”

El PSOE andaluz considera que los contratos a dedo del Gobierno andaluz con clínicas privadas, prorrogados desde mediados de 2021 hasta junio de 2023, constituyen “una operación encubierta de fraude de ley”. Un sistema “opaco” que el Sistema Andaluz de Salud (SAS) alargó durante dos años para cuadruplicar un presupuesto inicial de 70 millones de euros hasta 242,7 millones, amparándose en el marco legal habilitado por el Gobierno central en pandemia cuando ya estaba derogado.

Con esa premisa, los socialistas han anunciado este martes su intención de impulsar medidas políticas y jurídicas para exigir responsabilidades al Gobierno de Juan Manuel Moreno, tanto en el Parlamento andaluz como en los tribunales. “Vamos a hacer un análisis exhaustivo de los datos oficiales que tenemos y, si es como parece, vamos a ir hasta el final tanto políticamente como judicialmente”, ha asegurado el coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez.

El horizonte que maneja el PSOE pasa por trasladar toda la documentación que recaben ante la Fiscalía o ante el Tribunal de Cuentas, para que fiscalice el uso del dinero público por procedimiento de emergencia durante dos años. El equipo de Juan Espadas se ha hecho eco de la investigación publicada por este periódico, cotejada después con los datos publicados en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, para concluir que existen indicios penales, extremo que el Ejecutivo andaluz niega categóricamente.

Dos informes jurídicos

La Consejería de Salud solicitó expresamente dos informes jurídicos -uno a principios de 2021 y otro a finales de 2022- para justificar las cuatro prórrogas y más de un centenar de adendas de ampliación del presupuesto original del Acuerdo de Emergencia, que parte de 70 millones de euros, adjudicados a clínicas privadas durante más de dos años sin publicidad ni concurrencia competitiva.

Márquez ha denunciado que el Gobierno de Moreno ideó un “sistema opaco, falto de transparencia y concurrencia pública para financiar la sanidad privada basándose en normas derogadas o retorciendo jurídicamente la Ley de Contratos del Sector Público” -los dos preceptos legales que menciona el SAS en sus resoluciones de prórroga-, justificando la utilización del procedimiento de emergencia en la saturación de la sanidad pública en pandemia, “mientras con otra mano despedía a 8.000 sanitarios”.

Al Parlamento

El PSOE-A va a registrar “una batería de medidas” en el Parlamento para exigir explicaciones a la consejera de Salud, Catalina García. Los socialistas reclaman las dos últimas resoluciones de prórroga de los contratos a dedo con clínicas privadas, que justifican nuevas ampliaciones de gasto por la vía de emergencia hasta junio de 2023, pero que no aparecen publicadas en el Portal de Transparencia de la Junta.

La primera, del 30 de septiembre de 2022, tiene vigencia desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de ese año, con una ampliación de gasto de ocho millones de euros; la segunda prórroga, firmada el pasado 31 de diciembre de 2022, amplía los contratos a dedo hasta el 30 de junio de 2023, con otros ocho millones.

En total: 242,7 millones, de los que al menos 117 millones fueron adjudicados por el SAS a clínicas privadas amparándose en un real decreto ley derogado en mayo de 2021, que la Junta reproduce en sus resoluciones de prórroga porque “refuerza la aplicación del trámite de emergencia” recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.

Los informes jurídicos a los que se aferra el Gobierno andaluz están firmados por el letrado de la Consejería de Salud, no por el Gabinete Jurídico central. El primero es del 28 de diciembre de 2021 –días antes de que expirase el acuerdo de emergencia original– y el segundo data de noviembre de 2022, cuando el SAS ya había empezado a firmar las nuevas ampliaciones de gasto –no publicadas hasta este lunes– que elevan el presupuesto total hasta los 242,7 millones.

Ambos documentos, a los que ha tenido acceso este periódico, reconocen que el marco legal habilitado por el Gobierno central durante el segundo estado de alarma, incluido el Real Decreto Ley que facultaba a las comunidades a realizar contratos a dedo, “ha perdido su vigencia en el momento de emisión de este informe”. “Pese a todo”, añaden los letrados de la Junta, las resoluciones de prórroga aprobadas por el SAS “tienen su razón de ser en la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el 22 de enero de 2020”, y en el “Reglamento Sanitario Internacional”.

Los dos informes avalan las prórrogas de los contratos a dedo hasta 2023, en virtud de la Ley de Contratos Públicos, que ya existía antes de la pandemia para agilizar la contratación de bienes y servicios en situaciones de crisis. La posibilidad de justificar la dilatación de estos contratos durante los últimos dos años “resulta razonable y proporcionada dado que, en todo caso, debe prevalecer el interés general ante un eventual e imperceptible perjuicio de terceros, sin que pueda observarse que con la misma se contravengan los principios básicos y esenciales de la contratación pública como son la publicidad, la concurrencia, la igualdad y la no discriminación”, concluye el último de los informes.

“Esto no se puede mantener”

Márquez sostiene, en cambio, que “no hay informes jurídicos que avalen estas resoluciones de prórroga que se basan en artículos derogados hace años, esto no se puede mantener”. El PSOE, además, subraya que el Gobierno andaluz tampoco ha usado correctamente la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a prorrogar los contratos de emergencia “en los mismos términos que el contrato original”, y en todo caso, si se modifica debe hacerse “de acuerdo a las exigencias de la ley”.

Estas establecen, por ejemplo, que las ampliaciones de gasto no pueden rebasar el 20% del precio original de contratación, cosa que no ocurre con la mayoría de las adendas autorizadas por el SAS para prolongar los 79 contratos iniciales con clínicas privadas. Tampoco existe una consulta sobre la modificación contractual ante el Consejo Consultivo, como obliga la legislación en estos casos. “Si yo fuera el letrado de la Junta de Andalucía, no estaría tranquilo con esta situación”, concluye Márquez.