El nuevo decreto para renovables supone 328 millones menos al año en Andalucía
Andalucía concentra el 20% del impacto a nivel nacional del nuevo sistema de retribución a las energías renovables aprobado por el Gobierno central. Ese porcentaje se traduce en 328 millones de reducción de ingresos al año para la comunidad autónoma, según una estimación inicial efectuada por la Agencia Andaluza de la Energía tras la reciente aprobación del Real Decreto 413/2014, que sustituye al anterior sistema de primas.
Esta nueva normativa es la encargada de regular la actividad de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables, cogeneración y residuos. “Es la confirmación de una noticia que conocemos desde hace mucho tiempo: se culpa a las renovables del problema del déficit de tarifa y por ello han de pagar”, lamentan fuentes del sector. El nuevo decreto, a ojos de la Junta, supone “un cambio radical en el tratamiento retributivo de la electricidad generada con las energías antes incluidas en el denominado régimen especial”.
Según explican desde el Gobierno autonómico, este tipo de energías antes recibían una prima, justificada por su carácter eficiente y limpio, que se sumaba a la retribución del mercado para las tecnologías del régimen ordinario. Ahora, la norma aprobada elimina la separación entre el régimen ordinario y el especial, otorgándoles a las renovables una “rentabilidad razonable” durante la vida útil del proyecto.
El sistema de retribución impulsado por el ministro Soria recoge este nuevo criterio, el de la “rentabilidad razonable”, que se revisará cada seis años y que se basa en las emisiones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, lo que representa un retorno antes de impuestos del 7,4%. No obstante, Soria dijo recientemente que esa cotización real era en estos momentos del 5,8%, algo que generó gran alarma en el sector.
La citada rentabilidad se aplicará bajo unos parámetros de inversión, definidos por el Gobierno en función de la tecnología y el tiempo que lleva en funcionamiento la planta. El recorte en la retribución a las instalaciones de energía renovables es de 1.700 millones, según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La quinta parte, como se ha comentado, afectaría a Andalucía.
Los 328 millones calculados inicialmente por la Junta, cantidad que dejarían de ingresar las empresas andaluzas, proceden de la estimación que se ha hecho sobre el parque generador de Andalucía. La Junta, que considera parámetros los ingresos por venta de electricidad, la evolución del precio de la energía en el mercado o la vida útil regulatoria, hace ese cálculo según la retribución anual estimada en comparación con la tarifa de 2013. El análisis en profundidad de la Orden de Parámetros definitiva, publicada este mismo viernes en el BOE en un extenso documento de más de 1.700 páginas, podría hacer que dicha cantidad bajara o subiera, aclaran fuentes de la Junta.
A expensas de estudiar con detalle la Orden definitiva, la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean), ya consideró que los borradores del Ministerio sobre dichos parámetros tenían “un efecto devastador en toda la industria de energías limpias en Andalucía”, condenando la aplicación del concepto de rentabilidad razonable a las instalaciones basándose en la capacidad instalada y fecha de puesta en marcha en vez de por la energía que aportan.
Asimismo, desde la patronal de las renovables entienden que se trata de “la regulación más perniciosa que jamás se haya dictado en un país desarrollado contra un sector económico y que llevará a continuar con la pérdida de inversiones y empleo ya iniciada por el Gobierno central con anteriores normativas y regulaciones”.
42.000 empleos menos
Un tercio de la electricidad generada en Andalucía (un 34%) es ya renovable y el 19,3% de la energía primaria que se consume en la comunidad autónoma es de origen renovable. Andalucía cuenta actualmente con 6.100 MW en instalaciones renovables (el 38% de toda su potencia instalada), de los que una parte importante está ahora “en riesgo de tener que cerrar por falta de rentabilidad”, apuntan desde la Agencia.
La nueva norma afectaría en Andalucía, según las estimaciones del Gobierno andaluz, a unos 4.000 empleos directos asociados a las plantas de renovables en operación y una reducción del 11% de sus ingresos. Asimismo, supondría un “freno” al desarrollo de 950 proyectos priorizados en Andalucía, con la tramitación administrativa regional ultimada. Estos proyectos supondrían unos 4.000 nuevos MW en tecnologías renovables, una inversión de 11.700 millones de euros y una generación de empleo para 38.000 personas en las fases de construcción, operación y mantenimiento, según la Junta.
El sistema aprobado tiene “un claro carácter retroactivo” ya que “cambia las condiciones económicas” de determinados proyectos que se cerraron con las entidades financieras en unas condiciones de ingresos distintas. En este sentido, alude la Junta a la “evidente inseguridad jurídica” que generará, al revisarse cada cierto tiempo su rentabilidad, y que conlleva que fondos de inversión internacionales y promotores nacionales no inviertan en estas tecnologías. De hecho, ya se han registrado una decena de denuncias ante arbitrajes internacionales por retroactividad e inseguridad jurídica.
La batalla en el Tribunal Constitucional
El Gobierno central defiende las bondades del nuevo sistema argumentando que, desde 2005, las primas a las energías renovables, la cogeneración y los residuos se han disparado más de un 800% hasta superar los 9.000 millones de euros en 2013, el mayor coste regulado para el sistema eléctrico. Por eso, consideran “necesario” aprobar un sistema “que garantice la estabilidad financiera del sistema con carácter definitivo”.
El Ministerio de Industria ha destacado tras aprobarse el nuevo sistema que se establece “un marco regulatorio transparente, estable y con reglas claras de revisión de los parámetros retributivos que da certidumbre al sector y proporciona confianza a los inversores”. “Entre 1998 y 2013, estas instalaciones han percibido más de 56.000 millones de euros en primas. Con el nuevo sistema, las instalaciones recibirán hasta el fin de su vida útil en torno a 140.000 millones de euros adicionales a lo que perciban por el mercado”, argumenta el Ejecutivo.
Para la Junta de Andalucía, el conjunto normativo planteado por el Gobierno desde la aprobación de la reforma energética en julio de 2013, y que se completa con este decreto, “no ofrece buenas perspectivas para la construcción de nuevas plantas, dada la escasa rentabilidad ofrecida para las mismas y la inseguridad jurídica”, y “pone en serio riesgo la supervivencia de una parte importante de las plantas en operación, ante la dificultad de éstas para poder devolver el servicio de la deuda pactada con las entidades financieras”.
Hay que recordar que el pasado día 11 de abril la Junta de Andalucía interpuso un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional contra dos disposiciones del Real Decreto Ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional a primeros de junio. El pasado año, el Gobierno andaluz presentó también recurso contra otras tres normas estatales, admitidas igualmente a trámite por el alto tribunal.
