Susana Díaz moviliza a los suyos para amortiguar los golpes en la Consejería de Salud
El fin de semana ha dejado en Andalucía una estampa de la ciudadanía levantada exigiendo mejoras en la sanidad pública en tres capitales de provincia -Granada, Huelva y Málaga- como colofón a una ofensiva que los últimos meses ha convertido este tema en el talón de aquiles del Gobierno de Susana Díaz porque se ha disparado contra la joya de la corona. Hasta la propia ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que este lunes estaba en su tierra, Huelva, ha aprovechado para criticar a Susana Díaz con este asunto.
Inmersa como está en la regeneración de su imagen como referente del PSOE, la presidenta ha movilizado a todo su equipo para hacer frente a una conyuntura que cree que tanto sus detractores como la oposición en general están aprovechando para propiciar el deterioro de un ejecutivo que no ha sabido reaccionar a tiempo.
El contraataque se centra en tres frentes: buscar la complicidad de la ciudadanía, sin dudar en rectificar, si hace falta; desenmascarar y enfrentar a sus propias contradicciones a la oposición, especialmente a PP-A y Podemos; y desastacar ciertos temas de la Consejería de Salud, como es el caso de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Porque cuando todavía no se habían digerido las habituales críticas del PP-A de cada verano por el cierre de camas de hospitales, prendió la mecha en Granada contra la fusión hospitalaria, donde ya no eran los populares los protagonistas, pese a que como Podemos y otros políticos echaran leña al fuego, sino los trabajadores y la ciudadanía. Pero tampoco se ha detenido en Granada -con tres movilizaciones sin precedentes en la ciudad- sino que el incendio se ha extendido a Huelva y Málaga, mientras el motivo de las protestas deriva desde la oposición a un modelo de reorganización de los hospitales a la queja generalizada por el supuesto deterioro de la sanidad pública en la comunidad autónoma.
El último mes, la propia Susana Díaz ha pedido hasta seis veces perdón -incluido en sus recientes entrevistas en dos televisiones nacionales dentro de su gira mediática- por la forma en la que se había emprendido la fusión hospitalaria y reconociendo que no se había dialogado lo suficiente con los afectados. Lo ha contabilizado la propia Consejería de Presidencia. Ha sido un cambio con respecto a las primeras reacciones del Gobierno de Andalucía y el PSOE-A, desde donde se insinuaba que estas protestas eran cosa del PP-A y Podemos cuando el primer impulsor había sido el médico Jesús Candel, apodado Spiriman, a quien el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha propuesto reunirse este jueves.
Por ello, el mensaje que están dando los socialistas pasa, en primer lugar, por reconocer a los manifestantes, incidiendo en la idea de que no se puede mirar para otro lado cuando miles de personas se han echado a la calle, e instando a buscar el diálogo con estas plataformas. En paralelo, tiran del discurso de la pinza entre el PP-A y Podemos, a los que acusan, por un lado, de hacer “uso de estas movilizaciones de manera torticera” y, por otro, de tener otros intereses como “dinamitar la sanidad pública para favorecer la privada”.
Por cierto que la pasada semana, para terminar de complicar el asunto, se presentaba el informe Sanidad privada, aportando valor: análisis de la situación 2016, desarrollado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y que muestra que “Andalucía cuenta con casi 1,3 millones de asegurados y que el 57% de los hospitales y el 28% de la camas” en manos privadas.
Dos PNL sanitarias y muy distinto recorrido
Por ello, por ejemplo, los socialistas han sacado partido del posicionamiento de Podemos en el caso de la proposición no de ley (PNL) relativa a la eliminación de los copagos de medicamentos y productos sanitarios elevada por el PSOE-A en el último pleno del Parlamento de Andalucía. Hay que partir de que el valor de una PNL es sobre todo el que se le quiera dar políticamente, porque no es de obligado cumplimiento y en este caso, además, se trataba de instar a que el Gobierno de Andalucía instara a su vez al Gobierno de España.
Dicha PNL tenía varios puntos, y en su principal contenido fue aprobada unánimemente. La parte que votaron en contra el PP-A y Podemos tampoco contó con el apoyo de IU y C's, que se abstuvieron, cada uno por sus razones, y todos porque ninguno entendía la intención de los socialistas con una iniciativa que era la tercera vez que llevaban al pleno y que ya había sido aprobada antes.
Sin embargo, al PSOE-A le ha servido para intentar neutralizar las críticas a su gestión en la Consejería de Salud. Se han referido a ello la propia Susana Díaz; la Consejería de Salud en un comunicado; el secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia... Es más, en el mismo pleno se aprobó otra PNL, también en materia sanitaria, en concreto para que la podología se incluya en el sistema sanitario público de Andalucía, que no ha tenido ese impacto. La presentó el PP-A, y contó con el respaldo de Podemos e IU, la abstención de C's -es el voto más recurrente de los de Juan Marín- y el rechazo del PSOE-A.
En este contexto, con la resaca de las manifestaciones del fin de semana, a la que la Consejería de Salud respondió con un comunicado mostrando su respeto pero rechazando los mensajes “catastrofistas”, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha centrado en este asunto su habitual rueda de prensa de los lunes. Ha defendido la apuesta del Gobierno de Susana Díaz por la sanidad pública y ha censurado “el intento de intoxicación de partidos como el PP-A y Podemos”, a los que ha acusado de usar las “legítimas” movilizaciones de los ciudadanos. De hecho, pese a que ha reconocido que “no son los convocantes”, ha insistido en que “se están aprovechando”, e incluso en el caso de Málaga “estuvo toda la cúpula del PP-A”.
Otro de los frentes está en el apremio para que cuanto antes llegue al Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, cuyo anteproyecto se aprobó el 23 de junio de 2015 por lo que se ha convertido en otro de los textos atragantados del Gobierno de Susana Díaz, que prometió que estaría listo para ser remitido al Parlamento de Andalucía en el primer trimestre de este año. De momento, pese a que se ha trabajado hasta última hora, no ha entrado en el orden del día del Consejo de Gobierno de este martes, pero se espera que esté para el próximo.
Con esta ley, la Consejería de Salud incidirá en que se pretende “blindar la sanidad pública con una norma pionera en España”, con un texto que “garantiza y refuerza los derechos constitucionales y estatuarios en esta materia para cualquier persona, independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad”.
Con todo ello, el Gobierno de Andalucía intenta poner freno a una escalada de críticas a la sanidad con la que sabe que la oposición no va a soltar presa. Especialmente el líder del PP-A, Juan Manuel Moreno, que como número 2 de la exministra Ana Mato vio venir las mareas blancas y tenía en la Junta de Andalucía el frente más importante contra los recortes. Por eso, incluso sabiendo que la situación en el territorio no es tan dramática, y menos en comparación con otras comunidades autónomas, no renunciará a un filón que tiene cierto sabor a revancha.
