UGT-A empieza a tener que dar la cara en el juzgado por las facturas falsas
Lo advirtió Alaya hace algo más de un año, cuando la trama de los ERE empezaba a rondar considerablemente a los sindicatos y ya se atisbó entonces una presunta forma de “financiación irregular”. La rueda ha ido girando durante estos meses y ahora es un colega de la jueza el que llama a declarar en calidad de imputados a los dos últimos secretarios generales de UGT Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, por presuntos delitos de falsificación y fraude de subvenciones entre 2009 y 2013. Igualmente, por presunta “financiación ilícita” del sindicato. El primero no acudirá por enfermedad pero el segundo no se librará del siempre incómodo paseíllo en el juzgado ante los focos.
El caso de las facturas falsas del sindicato empieza por tanto a dar la cara judicial a su más alto nivel. Paralelamente, la Junta exige ya a UGT-A más de la mitad de las subvenciones otorgadas y el sindicato, en vía administrativa, niega la mayor y ha pedido suspender las resoluciones de reintegro notificadas ya por la Administración regional. Ahora bien, según el juez, hay “pruebas suficientes”, hay dos figuras (el 'rapel' y el 'bote') creadas supuestamente ad hoc para “la realización de la actividad fraudulenta” a través de una 'central de compras' y hay “facturas simuladas”.
Por todo ello, ambos ex dirigentes deben comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Pastrana no asistirá esta vez por su estado de salud (su declaración se ha suspendido sine die) pero Fernández Sevilla sí tendrá que responder a las preguntas del juez. Ya se las vio con Mercedes Alaya en julio por el ERE de Altadis y no parecíó sentirse cómodo. Apenas estuvo medio año en el cargo, apagando fuegos más que otra cosa, y va a pasar dos veces por el juzgado en unos meses, aunque en el caso de los ERE fue por el cargo que ocupaba a nivel local hace ya varios años.
“No es justo que paguen Paco y Manolo (Pastrana) paguen por la responsabilidad de otros, y que se lleven por delante el trabajo de los últimos 10 ó 12 años de este sindicato”. Lo dijo Antonio Tirado, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-A, el mismo día que Fernández Sevilla se vio forzado a dimitir, precisamente cuando el escándalo de las supuestas irregularidades en el sindicato era ya incontrolable. Pero “Paco y Manolo” están imputados. La actual dirección de UGT-A ha limpiado la ejecutiva de todo lo que oliera siquiera un poco al caso de las facturas. Carmen Castilla ha tirado del guión habitual: 'si alguien ha robado, que pague'.
Modus operandi: el 'rapel' y el 'bote'
Modus operandiAntonio Tirado, además de defender la honorabilidad de sus ex jefes, señaló a Federico Fresneda como responsable de las cuentas de UGT de la última década. Fresneda fue detenido en una macroperación de la Guardia Civil a finales de junio y salió en libertad pero imputado por dos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones. En su declaración, señaló que él no era responsable de pedir las subvenciones ni tenía ninguna relación con las facturas que se elaboraban, algo que dependía de la Secretaría de Gestión Económica de UGT-A. Fresneda apuntó hacia arriba y dijo que Pastrana y Fernández Sevilla estaban “al tanto”, al decidirse en la comisión ejecutiva regional las empresas que debían pagar el 'rapel'.
La Fiscalía, cuyo criterio ha sido seguido por el juez instructor, ya detalló cómo se desarollaba la “financiación ilícita” y el presunto modus operandi en el seno de UGT-A. Mediante el denominado 'rapel' “se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por este y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato”. Luego, ante la Administración, “el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones”.
También se refirió la Fiscalía Anticorrupción a la implantación y consolidación del llamado 'bote'. “Mediante esta figura el sindicato encargaba la elaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas. Esto hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote. Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación”, explicaba el fiscal en el escrito dirigido al juzgado.
La Fiscalía viene asegurando que los exlíderes del sindicato conocían y tomaban decisiones relacionadas con “la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación”. El “modo de financiación irregular” habría llegado a tener tal magnitud que “prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación”, dijo la Fiscalía.
