Compromiso con la democracia

Vaya por delante que me alegro de que Pedro Sánchez no haya dimitido. Haberlo hecho hubiese sido una victoria de la derecha, hubiese supuesto un riesgo enorme para el gobierno de coalición y, por lo tanto, para los avances sociales de los últimos años, el proceso de normalización de las relaciones con Cataluña, el reconocimiento de Palestina como Estado…  Pero, ¿hacían falta cinco días de reflexión para llegar a la conclusión de que merece la pena continuar por la regeneración de la democracia?

¿Ha sido una estrategia política su retirada momentánea? Creo que no, el acoso a su familia me parece motivo suficiente para ponerle al límite de la resistencia -y espero que esté suficientemente recuperado-, pero quedan muchas cuestiones sin aclarar. Si en su decisión han influido de manera decisiva las muestras de apoyo recibidas, ¿es que no confiaba en el apoyo de su partido? ¿Acaso dudaba de que una parte importante de la sociedad se iba a movilizar en defensa de la democracia y de la democratización de la justicia? ¿O interpreta las movilizaciones solo como apoyo a su persona?

Los acosos políticos, mediáticos y jurídicos a personas relevantes de la izquierda -Irene Montero, Pablo Iglesias, Ada Colau, Vicky Rosell, Mónica Oltra-, independentistas, periodistas… no son nuevos, aunque hasta ahora no hayamos sido capaces de reaccionar. Quizás, el acoso a su pareja y el paso dado por los populares de introducir la violencia política vicaria en su estrategia -el PP, como los asesinos machistas, utilizan a los familiares para hacer daño a su objetivo- hayan convencido a Sánchez de intervenir, pero podía haberlo hecho sin necesidad de este paréntesis, ¿o cree que sus días de reflexión le van a permitir con más apoyo parlamentario? De momento no parece que sus socios catalanes estén muy contentos, tampoco el PNV. En cuanto, a la derecha, ni está ni se le espera.

En las entrevistas concedidas a TVE y la SER, Pedro Sánchez va apuntando el contenido del párrafo que tiene que seguir al punto y aparte: renovación y/o modificación de las competencias, normas de funcionamiento -como dice Cristina Monge, el Poder Judicial es el único poder del Estado que no rinde cuentas a nadie- y formas de elección del CGPJ y necesidad de acabar con la libertad de difamación. Hay que incluir la necesidad de avanzar en derechos y libertades -como la derogación de la Ley mordaza- modernizar y democratizar las instituciones del Estado, revisar leyes obsoletas tras 46 años de democracia, defender y difundir los valores democráticos en la enseñanza, apostar por la transparencia en la gestión …

El presidente también reclama la colaboración de la sociedad, falta va a hacer. Las reformas que necesitamos van a tocar esferas de poder de colectivos muy poderosos y estos no van a ceder fácilmente su posición de privilegio en la sociedad. Y menos las derechas, que se consideran con derecho a gobernar en cualquier caso y en cualquier lugar. Por eso, siempre han utilizado todos los instrumentos a su disposición para mantenerse en el poder, cuando lo tienen, o para conseguirlo si están en la oposición. Ejemplos nos sobran, desde acusar a Zapatero de traicionar a las víctimas de ETA, o a Sánchez de felón, presidente ilegítimo..., hasta montar una sección de la policía -la policía política- para utilizarla contra sus adversarios políticos, intentar controlar al Tribunal Supremo por la puerta de atrás, o negarse, durante más de cinco años, a renovar un CGPJ que consideran afín a sus intereses.

En el terreno de la autocrítica, tanto el PSOE como su secretario general, tienen un amplio recorrido. Tenían que haber reaccionado antes -teníamos que haberlo hecho mucha gente- ante los casos de acoso a políticos, periodistas artistas… Tienen que reconocer el despropósito de la estrategia del “y tú más”, que es un error por varias razones: por principios éticos; porque esa dinámica solo lleva a la desafección de la ciudadanía y porque, si jugar en el campo que nos marca las derechas nunca es buena táctica, hacerlo en el terreno de la descalificación, la mentira y el acoso es lo peor que nos puede pasar, no tenemos nada que ganar. 

El Gobierno PSOE-Sumar y las organizaciones progresistas tienen que ser conscientes, y actuar en consecuencia, de la importancia que tiene la organización de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia. Hasta hace 12 años era ETA quien ponía en peligro la democracia y la convivencia pacífica, hoy son el PP y Vox, con sus terminales mediáticos y judiciales quienes las ponen en cuestión, quienes generan una crispación que supone un riesgo para la convivencia y quienes pretenden, mediante presiones, chantajes y falsas acusaciones, cambiar lo decidido en las urnas. Y ahora, como entonces en Euskadi, es la ciudadanía española la que tiene que decir, en público y en privado, individual y colectivamente: “¡Basta ya, no vais a conseguir vuestros propósitos!”.