El ICA, un impuesto insolidario

El ambicioso Plan de Saneamiento de Aragón de 1989, el más ambicioso de España, ya que pretendía depurar todo el agua sucia generada en la Comunidad, nació, por su propia dimensión e irrealidad, con aires de fracaso, de la mano del PAR y el PP. En 1997 se creó el Canon de Saneamiento para intentar cubrir los elevados costes que, como habían descubierto, no podía asumir con sus medios la Comunidad. En 2001, de la mano del PAR pero esta vez con el PSOE, se rediseñó en el nuevo Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), que como su hermano mayor, nació abocado al fracaso por su dimensión. En 2014, de nuevo el PAR con el PP, vuelven a intentar hacer sostenible financieramente el plan convirtiendo el Canon en un impuesto, el ICA.

La idea de la depuración es necesaria, pero el dimensionamiento del plan, buscando la rentabilidad privada antes que la social, hace que su financiación se encarezca enormemente. Por una parte, se realizaron proyectos excesivamente grandes basados en sistemas de depuración intensivos (usando toneladas de hormigón), que son mucho más caros de construir y de mantener. Por otra, aunque en una primera fase se construyeron estaciones de depuración (EDAR) con fondos propios, desde 2005 se pasó a la construcción y gestión privada, lo que ha encarecido los proyectos en torno al 27 %, como señala la Cámara de Cuentas de Aragón (CCA). Para más INRI, la gestión y recaudación del ICA también se ha privatizado en 2015. El informe del órgano fiscalizador apunta a que la construcción de 1.153 plantas de depuración para tratar las aguas residuales de los 731 municipios de Aragón es un objetivo desproporcionado con un coste desorbitado: más de 3.000 millones de euros.

En la época de los pelotazos urbanísticos este era un buen negocio. El hecho de que el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA), se hiciera, casi sin sentirlo, con la gestión de la depuración, una competencia municipal en casi todo el territorio (exceptuando Zaragoza que ya tenía sus depuradoras y algún pueblo que se negó rotundamente como Fabara) es sintomático. De hecho, la CCA informa que 141 millones de euros de presupuesto estatal destinado a hacer depuradoras en los Pirineos pueden ser reclamados por no haberse aplicado al fin que fueron concedidos. Critica también, en su informe, la opacidad en su política de personal, donde el 65 % (funcionarios y personal laboral) son puestos directivos de alta remuneración. También se ha compensado a empresas que habían incumplido el contrato de licitación o a otras que, cumpliéndolo, tenían un lucro cesante por falta de colectores, cuando haber hecho los colectores era más barato que la indemnización. Pero hay muchas más dudas y las sospechas de corrupción persiguen a la anterior dirección del IAA.

Con todo esto: sobredimensión, ineficiencia, privatización, opacidad y compensaciones, la financiación del PASD requería que la mitad de la población aragonesa, la zaragozana, pagara también a pesar de que ya depura el agua con sus propios medios. Prueba de que su costo se ha ido por las nubes. La propia CCA alerta de que el plan financiero para 30 años (hasta 2045) será deficitario en 350 millones, al menos. Esto requerirá que los recibos suban un 4,1 % mínimo cada año, es decir, que lleguen a triplicarse respecto al actual. Y esto si se cumplen las expectativas, que no es habitual.

Las EDAR construidas son insostenibles con el impuesto pagado por sus usuarios, por lo que seguir insistiendo en el mismo modelo es, además de ilógico, temerario y algo que se nunca se menciona, mediambientamente insostenible. Aunque ya sabemos que la cantidad de edificios abandonados por la geografía española y aragonesa no han pasado factura a quienes tomaron las decisiones.

Sin embargo Fabara, un pequeño pueblo aragonés, ha dado un ejemplo de eficacia y sensatez al Gobierno de Aragón. El pueblo ha construido su depuradora extensiva con sus propios medios y la mantiene igualmente. La depuradora es respetuosa con el entorno. Este caso ha despertado mucho interés en varias universidades y ciudades extranjeras que quieren copiar el modelo. Esta es la prueba de que la depuración puede sufragarse por los propios vecinos, sin acudir a un impuesto a los zaragozanos y por un costo mucho menor. En esta línea se ha expresado también la CCA:“sería recomendable, por prudencia financiera, revisar la oportunidad de la ejecución del PID en la forma planteada”. Responde el IAA que los costes “serán sustancialmente inferiores al descartar el Gobierno su ejecución mediante el sistema de concesión de obra pública”. Esto ya demuestra el error de acudir a la concesión privada. Aún así, el IAA no quiere este modelo de depuración, seguramente, porque deja menos margen al negocio privado.

Repetimos, es necesario depurar, pero no a cualquier costo. El sistema diseñado en Aragón es el más caro de España, una media del 350 %, aunque algunas comunidades depuran por el 10% de lo que cuesta aquí. También es verdad que esas comunidades no han tenido el pelotazo depurador de Aragón. La calificación, por parte del Gobierno de Aragón del ICA como impuesto solidario para justificar que Zaragoza también pague por algo que no recibe es un insulto a la inteligencia. Solidaridad sí, pero cuando sea en beneficio social, no privado de gestores y empresas amigas. En este caso, que parece el actual, es un impuesto insolidario.

Por tanto, se requiere, urgentemente, eliminar el ICA y proceder a su rediseño. Para ello, lo primero que hay que hacer es una auditoría del PASD para conocer los gastos reales y a dónde ha ido a parar el dinero que llevan pagando la mayoría de aragoneses desde 1997 y las ayudas públicas y establecer responsabilidades políticas y penales si las hubiera. Después rediseñar el sistema de depuración basándose en el sistema extensivo para pequeños y medianos municipios. Por último establecer un impuesto o tasa acorde con los nuevos valores. Descubriríamos que los pueblos sí pueden afrontar su propia depuración y que no hace falta cargar a las ciudades y pueblos que pagan su depuración, como Jaca, Fabara o Zaragoza con una doble imposición por el mismo concepto.

Las dudas son tan grandes en el propio gobierno como en la ciudadanía informada. De hecho el presidente Lambán ha anunciado a media voz que se va a estudiar reformar el ICA e, incluso, eliminar el IAA, a la vez que se debería acometer una investigación parlamentaria sobre el PASD, aprobada en las Cortes aragonesas a petición de Podemos.

Sin embargo, el hecho de pasar al cobro, ya, los recibos en Zaragoza y hacerlo por barrios para evitar el enfado conjunto, es sintomático de que la intención es diferente a las palabras. Como siempre, a la ciudadanía no nos queda más remedio que oponernos a esta nueva tropelía. Más cuando los primeros pasos de la campaña contra el cobro del ICA han sido respondidos por Gobierno de Aragón y el consejero Olona con una operación propagandística en los medios, para la que se ha dispuesto de una partida de 100.000 euros -pagada por los aragoneses- en la que apelando a la “solidaridad” nos requieren a pagar este impuesto, pues no hacerlo condenaría a todo Aragón a no disponer de aguas limpias y depuradas.

La campaña contra el cobro del ICA no parte de una única organización. Al contrario acoge a organizaciones empresariales, vecinales, sindicales, de consumidores, etc. que se han unido para hacerle frente.

Para ello se ha confeccionado un recurso tipo que facilita oponerse primero administrativamente y después, si no es tenido en cuenta, judicialmente. Es gratuito y cada titular de toma de agua (local, empresa, vivienda, comunidad de propietarios, etc.) tiene un mes para hacerlo desde que reciba la carta de pago (ver en http://mareaazuldearagon.blogspot.com.es/2017/10/campana-para-recurrir-el-impuesto-de.html).

Algunas personas van más lejos y ya anuncian su insumisión al pago de este impuesto insolidario. Entre ellos el alcalde de Fabara, Francisco Domenech, que ha manifestado su insumisión al ICA y al que hemos tenido la oportunidad de escuchar en Zaragoza de la mano de la Red de Agua Pública de Aragón.