El pacto de investidura

Cuando recibí las primeras noticias sobre el acuerdo entre el PSOE y Junts me preocupé, no me gustaba lo que me llegaba. Después, al leer el contenido del acuerdo -no hay nada mejor que prescindir de los intermediarios siempre que se pueda-, me he ido tranquilizando. No es que el pacto alcanzado para que Junts apoye la investidura me guste -creo que hay cosas que sobran y otras que faltan- pero no encuentro ningún compromiso que ponga en cuestión la democracia, que rompa España. De no ser, claro, que la única forma de entender la democracia o España sea la de Vox y el PP.

No creo que nadie, fuera del espacio independentista, pensase en la amnistía antes de las elecciones y, si no fuesen necesarios los votos de ERC y Junts para comenzar una legislatura progresista, no estaríamos hablando de esta cuestión. En ese sentido se puede considerar la amnistía como condición necesaria para que el independentismo catalán vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez, pero es cierto que con la amnistía se abre un nuevo escenario, la posibilidad de diálogo con el independentismo, de resolver los problemas políticos con medidas políticas dentro de la Constitución. La endiablada correlación de fuerzas que dejaron las elecciones del 23-J ha empujado a un proceso que puede tener un final virtuoso. 

Numerosas personas votantes de izquierdas, como bien señalan las encuestas, están descontentas con lo acordado por el PSOE, no les gusta lo que parece una rendición de Sánchez ante Puigdemont. Pero si analizamos el documento, lo que puede molestar es que aparezcan explícitas las reivindicaciones de Junts, la mención de la lawfare y, sobre todo -a mí no me gusta nada- un relato desequilibrado, excesivamente sesgado hacia la justificación de las reivindicaciones independentistas. Es en este terreno en el que el PSOE ha hecho las principales cesiones, pero nada de esto tiene repercusiones legales ni nos va a afectar en la vida cotidiana. 

 Por otra parte, no podemos pretender que, para llegar a un acuerdo, alguien renuncie a sus aspiraciones políticas. El independentismo no está prohibido por ninguna ley y todo el mundo, dentro de la legalidad, como dice el texto suscrito, tiene derecho a intentar que sus propuestas se hagan realidad. Tan inconstitucionales son algunas reivindicaciones de ERC y Junts como otras de Vox. Y, aunque no soy nacionalista y apuesto por la convivencia entre distintos, no me cabe ninguna duda de que para la mayoría sería mucho peor un gobierno de Vox que la independencia de Cataluña.

Además, ¿cuáles son las alternativas a la investidura de Sánchez? Según todas las encuestas una repetición electoral no cambiaría sustancialmente el resultado, no daría lugar a una mayoría distinta y estaríamos en la misma situación. ¿Tendríamos que repetir elecciones hasta que Feijóo consiga el apoyo mayoritario del Congreso? La otra opción sería dejar gobernar al PP, pero, ¿a qué acuerdo se puede llegar con un PP que, además de querer anular todos los avances sociales de la legislatura anterior, justifica la violencia de extrema derecha y equipara la ley de amnistía -que tendrá que ser aprobada por la mayoría del Congreso- con el 23-F? ¿Qué fiabilidad tiene un partido que niega la legitimidad del Tribunal Constitucional y se la concede al Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace cinco años por su negativa a renovarlo?

Se puede estar en contra de la amnistía desde diferentes ópticas, es una medida controvertida de resultados inciertos, pero, ¿qué estrategia tiene el PP para Cataluña? ¿Pretende resolver los problemas con la legislación y la represión? ¿Ilegalizar a los partidos independentistas? ¿Volver a la época predemocrática?

Al PP no le preocupa la unidad de España, sabe que no está en peligro, ni la democracia, que nunca ha sido su prioridad, le preocupa el poder y va a utilizar todos los instrumentos a su alcance para conseguirlo. Por eso no ha permitido la renovación del CGPJ, no critican la violencia neofascista, ponen en cuestión la validez de las elecciones y retuercen la realidad hasta que quede como más les favorezca. ¿Qué igualdad es la que reclama el PP, la que hay entre la Cañada Real y Pozuelo? ¿La que genera la concentración de instituciones del Estado en Madrid, en detrimento de otras ciudades españolas? 

Lo que sí pone en peligro el futuro de la democracia, la Constitución y la convivencia pacífica es demonizar al independentismo -como hacen las derechas con cualquier reivindicación que no encaje con su visión uniforme y estrecha del mundo-, considerar ilegítimo un gobierno salido de las urnas, llamar a la desobediencia de los agentes de policía a sus superiores o pedir la intervención del rey o del ejército. Lo verdaderamente peligroso es hacer apología del golpismo.

La valoración de la bondad o no de la amnistía la veremos con el tiempo, a lo largo de la legislatura iremos viendo si mejoran las relaciones sociales y políticas entre los catalanes y de las instituciones catalanas con las del Estado. Claro que la derecha no lo va a poner fácil, pretenden hacer de la legislatura un infierno para el Gobierno y sus posibles aliados, poner todos los obstáculos posibles, torpedear cualquier iniciativa del Ejecutivo. Y no cabe duda de que tienen suficientes instrumentos para hacerlo.

El bloque de investidura tendrá que hacer gala de sus mejores artes y su mejor voluntad para hacer avanzar los proyectos acordados. Y no es factor menor la comunicación con la ciudadanía, que no es precisamente una de las habilidades de los posibles socios de gobierno.