Un pacto contra Zaragoza

El pasado 30 de octubre descubrimos, por la confesión del concejal del PP, Jorge Azcón, que toda la oposición había tramado un plan para paralizar o ridiculizar la gestión de Zaragoza en Común en el Gobierno de la capital aragonesa. Realmente era un secreto a voces que ya había sido publicado en prensa el 18 de mayo, aunque ahora PSOE y CHA salgan indignados a contradecirlo. Lo que no se había publicado son las motivaciones de cada partido, que han resultado ser poco éticas.

Así, en un rifirrafe de reproches, el Sr. Azcón acusó a PSOE y CHA de romper el pacto para evitar que el Gobierno de Zaragoza en Común pudiera usar el remanente del presupuesto del ejercicio 2017 (lo que había quedado sin ejecutar: 8,6 millones de euros), en inversiones útiles para la ciudad, las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles, sujetas a estrictos controles.

Dijo que el PSOE había propuesto el gasto de 1,6 millones de euros en rebajes de aceras, a poder ser poco antes de la campaña electoral, ya que “cada rebaje de bordillo eran 60.000 € y significaba cortar un carril” de circulación de vehículos y, dada la cantidad de rebajes a hacer, colapsaría toda la ciudad, con los consiguientes efectos electorales negativos para ZeC.

Acusó a Chunta Aragonesista de proponer obras inejecutables en el entorno del estadio Romareda por 700.000 €, con el fin de que no pudieran emplearse en todo el ejercicio en ninguna otra obra. “¿Qué viabilidad tiene esto, señor Asensio? ¿Es que en aquella reunión no dijo la viabilidad que tenía esto? Lo dijo allí”.

El PP, a su vez, había propuesto una partida de 2,4 millones en compra de autobuses eléctricos, algo que no tenía sentido ya que ZeC ha aumentado en 2018 la partida para ello dentro del contrato concesional. Por este motivo no es inversión y, por tanto, también sería una partida inejecutable. Toda la oposición demonizó la “incompetencia” de ZeC por oponerse a esta partida que, finalmente, ha debido ser desestimada precisamente por la motivación argumentada por ZeC, según un informe municipal. Pero se ha retrasado el uso de este dinero durante medio año. Poara la oposición cuanto peor, mejor.

En este sentido, el 26 de junio se expresaban en estos términos: Javier Trívez, del PSOE, acusó al gobierno de “retrasar” este expediente y defendió el acuerdo de la oposición; Sara Fernández, de Ciudadanos, rechazó que no se pudieran comprar vehículos eléctricos: “¿Es viable cuando los prueban ustedes y no cuando lo planteamos desde la oposición?”, dijo; Leticia Crespo, de CHA, expresó que los informes que ha esgrimido Rivarés “plantean dificultades, pero no imposibilitan” la adquisición de los nuevos vehículos.

Sin embargo, el 30 de octubre, la derecha quería mantener el pacto y el resto había cambiado su postura radicalmente sin despeinarse ni pedir disculpas a ZeC: Sara Fernández dijo que su partido “respeta el acuerdo” que firmó toda la oposición, es una cuestión de “palabra y compromisos”. “Los acuerdos hay que cumplirlos, Aragón es tierra de pactos”; Trívez confesó que la compra de buses eléctricos que pactó con el resto de la oposición fue “una propuesta mal meditada” y “un lío en el que nos mete el PP”; Carmelo Asensio, de CHA, reconoció la “inviabilidad” de la compra.

Con este plan, la oposición evitó que el gobierno de ZeC empleara un millón de euros en una operación asfalto y 3 millones en obras menores en los barrios (unas actuaciones muy bien valoradas por la vecindad) y 2,5 millones en mejoras de parques. Estas inversiones habrían desmontado el principal reproche del PP a ZeC a lo largo de todo el año respecto al estado de los parques y las calles. La oposición, solamente permitió al gobierno una partida de 700.000 € para modernizar el parque automovilístico de la policía local y un millón para mejorar y abaratar la iluminación en la ciudad, aunque le marcaron dónde para evitar los planes de ZeC.

El PP, no conforme solo con paralizar la inversión municipal, lleva meses haciendo campaña para que el gobierno nacional compute la deuda del tranvía correspondiente al Gobierno de Aragón (50 %), como deuda municipal y así, que esta sobrepase el 110 % del presupuesto e impida que el ayuntamiento pueda reinvertir los remanentes anuales o pedir préstamos para realizar inversiones, como marca la ley Montoro.

Sin embargo, la buena gestión económica del actual Consistorio ha conseguido reducir la deuda en más de 250 millones, pasando del 126 % (que dejó el PSOE en 2015) al 92 % (previsión a 31 de diciembre de 2018), lo que ha permitido que Zaragoza haya salido del Plan de Ajuste, un sistema de control del gobierno Central sobre ayuntamientos hiperendeudados a finales de 2017, cinco años antes de lo previsto y a pesar de que la oposición estuvo evitándolo durante todo el año pasado.

El ayuntamiento ha pedido 24,8 millones de euros para realizar inversiones (en vivienda, prolongación Tenor Fleta, asfalto, parques, renovación de tuberías, etc.) que ya ha sido aprobado por el gobierno de Aragón. PP y Cs querían evitar esto. PSOE y CHA miraban complacidos.

Este pacto destructivo de la oposición desmonta la argumentación que los cuatro partidos usaron para justificar la paralización presupuestaria de empresas públicas y patronatos, tras aplicar el gobierno municipal la ley de Capitalidad diseñada y aprobada, entre otros, por PSOE y CHA. De hecho, el artículo 14, que ha sido recurrido en constitucionalidad por el gobierno español del PSOE (a pesar de que el PSOE aragonés insiste en su constitucionalidad, ¿hipocresía?), fue redactado por PAR y PP que, ahora, se oponen a su aplicación. O, más bien, se oponen a su aplicación por otro partido que no sean ellos.

La prueba de la falacia es que los partidos que defienden que en España o Aragón sean los gobiernos quienes tengan el poder ejecutivo sobre las sociedades públicas y que dejan al pleno una misión de control de los órganos de gestión y una función normativa, exigen lo contrario en el caso de Zaragoza. Así, para intentar demostrar que el ayuntamiento había “expulsado” a la oposición de las sociedades, decidieron no acudir a los consejos de administración, evitando facilitar los quorum necesarios para su funcionamiento y, de paso, también de los patronatos, que no habían sufrido modificación alguna.

No es desconocido el ofrecimiento de Azcón al PSOE municipal de darle su apoyo para gobernar, que hizo al principio de legislatura. Tampoco es desconocido, sobre todo entre la militancia socialista, que el portavoz municipal del PP entra en los despachos del PSOE con total libertad. Tampoco es desconocida la incapacidad de Ciudadanos de marcar un perfil propio que lo diferencie del PP zaragozano, como de Chunta de escapar de las inercias centrípetas del PSOE.

No ha existido una situación similar de oposición feroz de toda la oposición hacia el partido de Gobierno, en toda la historia democrática del Consistorio zaragozano. Ni siquiera el nacimiento de CHA produjo este efecto. La diferencia ha sido que Zaragoza en Común estaba gobernando la ciudad solo un año después de nacer. Algo imperdonable para quienes consideran que el Ayuntamiento es de su propiedad. Su reacción histriónica se ha materializado en un pacto para paralizar el Ayuntamiento y los servicios que ofrece a la ciudadanía, un pacto contra Zaragoza.