Aragón ultima su ley contra la despoblación: menos impuestos en el medio rural, crowdfunding para el emprendimiento o una academia rural digital

Menos impuestos para fijar la población en el medio rural; instrumentos de financiación alternativa para fomentar el emprendimiento y los autónomos, como el crowdfunding o un nuevo sistema de bonos de impacto rural; y la extensión de la conectividad además de la creación de una academia rural digital… En los 97 artículos, nueve disposiciones adicionales y tres finales de la futura ley contra la despoblación en Aragón no hay medidas mágicas que vayan a propiciar un vuelco inmediato en la situación actual de sangría demográfica que padece la comunidad. No obstante, recoge actuaciones llamativas de discriminación positiva que persiguen garantizar los servicios básicos en el entorno rural y “lograr la igualdad de oportunidades y una calidad de vida equivalente para todos los habitantes del territorio aragonés”, según se advierte en las disposiciones generales.

El Gobierno cuatripartito del socialista Javier Lambán trabaja desde hace meses en la futura norma con la que pretende hacer frente al serio problema de despoblación que padece la comunidad autónoma. El comisionado para la Lucha contra la Despoblación del Gobierno de Aragón, Javier Allué, se ha encargado de recoger las aportaciones de los diferentes departamentos del Gobierno al futuro texto legal que pretende ser transversal y que a lo largo del pasado año también se abrió a la participación de los diferentes colectivos afectados.

Aún no ha entrado en las Cortes

El texto del anteproyecto, que está pendiente del visto bueno definitivo del Gobierno antes de iniciar su tramitación en las Cortes, aborda de forma amplia la mayoría de cuestiones relacionadas con la despoblación: sensibilización y atracción del medio rural, valor ambiental, mujer rural, juventud, vivienda, inmigración, cooperación institucional, colaboración público-privada, conectividad, seguridad ciudadana, empleo público, acceso a equipamientos básicos, nueva economía de cuidados y protección civil.

Ayudas económicas sin concretar

En el documento, el Ejecutivo no establece ninguna partida pública específica para llevar a cabo políticas de dinamización del medio rural. Se limita a señalar que los presupuestos de la Comunidad Autónoma incluirán un anexo específico en el que se detallarán, a nivel comarcal, la inversión destinada a frenar la despoblación. También se habla de ayudas para zonas rurales, aunque sin especificar sumas concretas. 

Respecto al apoyo al trabajo autónomo y al emprendimiento, el proyecto de ley plantea, además de los instrumentos habituales de las entidades públicas, como el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) o la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR), la puesta en marcha de mecanismos novedosos de financiación alternativa orientados específicamente a proyectos del medio rural, El documento habla de “crowdfunding y el crowdlending, bussiness o fondos de capital semilla”. De forma paralela, el Gobierno impulsará un sistema de “bonos de impacto rural”, cuya finalidad será el apoyo económico a “intervenciones innovadoras que solucionen problemas rurales concretos”. Esos bonos se tramitarán mediante acuerdos de financiación por resultados. También se prevén bonificaciones para el acceso a diversas actividades de ocio, cultura, cine, comercio, movilidad o instalaciones deportivas, entre otros servicios. 

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno de Aragón implementará un Plan de Digitalización en el Medio Rural para promover la comercialización online de productos y servicios en el medio rural“. De forma paralela, se pondrá en marcha la denominada Academia Rural Digital para formación en las nuevas tecnologías.

El Gobierno plantea que la televisión y la radio públicas realicen una labor de promoción del medio rural que contribuya a “la construcción de un nuevo concepto de ruralidad, despejado de tópicos, integrador e igualitario”. 

Fiscalidad diferenciada

El anteproyecto de ley también regula en el título VIII un régimen de fiscalidad diferenciada, basado en incentivos y beneficios fiscales en temas relacionados con la natalidad, la dependencia, la vivienda y el emprendimiento. El documento no cuantifica esos beneficios fiscales, sino que se especificará en la ley aragonesa de tributos cedidos.

El Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional se configura como el órgano asesor del Gobierno en la puesta en marcha de políticas globales, sectoriales y locales y se encargará de realizar un seguimiento de los efectos de las políticas demográficas. La presidencia del Observatorio corresponderá a la consejera de Presidencia, Mayte Pérez. Asimismo, está previsto un Grupo Técnico de dinamización económica y social para el medio rural, y la creación de una nueva figura: los agentes dinamizadores rurales, que podrán ser personas físicas o jurídicas, como las propias administraciones públicas.