Hola.
Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!
La aplicación de la ley de amnistía va a ser tortuosa. Imagínate cómo le puede sentar al tribunal que juzgó al procés que venga a una ley a decirle que tiene que anular las condenas y que tiene que dejar de perseguir a los que quedan por juzgar. Pues no gusta, no. Y si encima es un Tribunal que ha demostrado muchas ganas de mano dura, pues menos. El Tribunal Supremo dice que los delitos de malversación atribuidos a los líderes del procés (por usar dinero público para organizar el referéndum del 1-O) no son amnistiables porque sí entran dentro de una de las excepciones de la ley: la del enriquecimiento personal. ¿Y cómo justifican eso, si nadie se llevó un duro a su casa? Pues dicen los jueces que tirando de dinero público, Puigdemont y otros se ahorraron pagar aquello de su bolsillo. Y que eso “supone un acto de claro enriquecimiento” y “un incuestionable beneficio personal”, dicen en una sentencia muy original.
Porque esos “claro” e “incuestionable” suenan a lo que son: un intento de reafirmar con adjetivos un argumento jurídico muy débil. Lo explica bien este análisis de Joaquín Urías, el exletrado del Tribunal Constitucional: “En el Supremo creen que su papel es hacer política y salvar a España antes que aplicar las leyes. Así que han decidido reinterpretar las leyes conforme a su propia ideología”.
Porque la consecuencia de todo esto, que estamos en el tercer párrafo y no te lo he dicho todavía, es que Carles Puigdemont no puede volver a España sin ser detenido. Y sucede justo en el mes que tiene la política catalana para buscar un pacto de investidura en el que el propio Puigdemont es aspirante. Sobre eso, otra derivada interesante: Puigdemont y Junqueras se reunieron el domingo en Waterloo tras años sin contacto.
La ultraderecha ganó el domingo las elecciones en Francia pero eso es solo el principio: hay una segunda vuelta este domingo que viene, su mecanismo no es tan sencillo como parece, hay negociaciones entre bambalinas y el laberinto puede terminar en un país ingobernable. Hoy en el podcast, te contamos qué ha pasado y qué puede pasar ahora.
El Gobierno acaba de anunciar una herramienta que cuando entre en vigor puede ser una enorme revolución o una enorme chapuza, pero que seguro que será una enorme polémica. La intención es que los menores de edad no puedan acceder a páginas porno en Internet, un asunto sobre el que hay consenso entre los expertos: no deberían.
¿Y cómo piensan hacerlo? Ese es el tema. Todos los usuarios (los adultos, también) que quieran entrar en una página porno tendrán que tener una app oficial del Estado que ejercerá de filtro al entrar en una de estas webs: te pedirá que te identifiques para verificar tu edad. Y no, no va a ser como con los cartelitos que salen ahora en algunas páginas tipo “¿eres mayor de edad?” y cualquier niño puede hacer clic en sí. Ver porno en Internet va a ser un trámite administrativo. Aquí lo que sabemos.
Hasta aquí llegamos por hoy.
Un abrazo,
Juanlu.
Sobre este blog
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