Hola.
Ayer dedicamos el boletín completo al genocidio de Gaza y nos dejamos en el tintero, que dirían los antiguos, un puñado de noticias y novedades. No te preocupes, que van integradas en el correo de hoy. No queda más remedio que avanzar.
Agarra un café y vamos al lío.
Pedro Sánchez y Begoña Gómez llevaban meses esperando que la Audiencia de Madrid pusiera orden en la causa que el juez Peinado instruye contra la esposa del presidente por presunto tráfico de influencias tras una demanda cutre de la ultraderecha a la que el magistrado ha dado alas. Tantas alas que, aunque ningún informe policial encontrara indicios de delito, la Audiencia de Madrid no ha tumbado el caso y ha avalado parte de su investigación, en concreto lo que tiene que ver con los contratos con el sector público del empresario Juan Carlos Barrabés. El juez también se lleva su palo, porque su tribunal superior le ha ordenado que deje de enredar con otras indagaciones que no iban a ningún lado, pero la lectura política es que el PP tiene material suficiente como para reavivar la ofensiva contra el flanco más personal de Pedro Sánchez.
De hecho, Isabel Díaz Ayuso ya ha montado una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre nepotismo en la Universidad Complutense para citar a Begoña Gómez en la primera sesión. Es algo que Feijóo dijo que no haría porque entrar en el terreno de lo personal no formaba parte de su estilo. Ahora acata lo que diga Ayuso. La presión aumenta y eso tiene sus consecuencias laterales: la Complutense le ha cancelado a Begoña Gómez los dos másters que dirigía.
La letra pequeña polémica de la semana es la de una ley sobre el tiempo que una persona puede permanecer en la cárcel. En España son 30 años. Una directiva europea establece que para el cálculo de ese tiempo máximo también deben sumarse las condenas que se hayan cumplido en cualquier otro país de la UE: lo que debe importar es cuánto tiempo ha pasado una persona encerrada, no dónde.
Hasta ahí, todo razonable y muy técnico. De hecho, todos los diputados, todos, votaron unánimemente en el Congreso a favor de la reforma para aplicar esa directiva a la ley española. Pero, ay amigo, aquí están los efectos: hay 44 presos de ETA que podrían verse beneficiados al descontarse las penas que han cumplido ya en Francia y siete de hecho podrían salir de la cárcel con esta reforma. El PP y Vox votaron a favor y no se dieron cuenta. “Es un error generalizado. No puedo dar una explicación más profunda”, dice el portavoz del PP. Vox ha pedido perdón. Tampoco tengo claro que el PSOE se diera cuenta de lo que estaba votando. Fue iniciativa de Sumar. Aquí todo el detalle.
Hace un año en el podcast escuchamos por primera vez a una ex numeraria auxiliar de Opus Dei relatar las condiciones de esclavitud en la que muchas mujeres han vivido al servicio de la organización religiosa ultraconservadora. Pues bien, esta semana la Justicia argentina ha activado acusaciones muy graves de trata de personas contra la cúpula del Opus en Argentina. Algo se mueve, hay un silencio que se rompe. Hoy en el podcast, contamos más.
Un abrazo,
Juanlu.
Sobre este blog
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