Interior retoma las expulsiones desde Canarias y reabre los CIE con las mismas carencias previas a la pandemia

La reapertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) vuelve a convertir a Canarias en un punto de expulsión de inmigrantes. El Ministerio del Interior anunció este jueves que estos espacios volverían a estar ocupados, haciendo desaparecer la idea de  dar otro uso a estos establecimientos para convertirlos en espacios de acogida, planteada por partidos políticos y asociaciones y estudiada por el Gobierno de España. Barranco Seco y Hoya Fría retomarán su actividad, con 112 y 238 plazas respectivamente, pero El Matorral permanecerá cerrado. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha explicado a esta redacción que “al igual que se fueron cesando internamientos tras la declaración del estado de alarma, cuando la capacidad de retorno fue tendiendo a cero”, ahora está en disposición de retomar la política de retorno. “Estas capacidades se enmarcan en la política migratoria puesta en marcha por el Ministerio y que tiene como principales ejes la lucha contra las mafias que trafican con personas y la cooperación con los países de origen y tránsito”, ha subrayado Interior seis días después de la visita del ministro a Mauritania. 

El juez de control del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, ha afirmado que las condiciones en las que se encuentra el inmueble son las mismas que cuando se ordenó su cierre el 31 de marzo. Una de las razones que dio el magistrado para decretar el desalojo de Barranco Seco fue el “hacinamiento” en el que se encontraban los internos, que facilitó los contagios de COVID-19 entre ellos y aumentó el número de positivos. “Me temo que en estos meses en los que ha estado cerrado no se ha realizado ninguna obra”, declara Díaz Tejera, que asegura haber advertido a las autoridades competentes de la necesidad de arreglar un montacarga en el CIE. “Si llega una embarcación con 20 personas y una da positivo, el resto debe guardar una cuarentena y no ser encerrados de inmediato. Si no, pueden dar positivo a los dos días y tendrá que desalojarse de nuevo el centro. Tiene que haber garantías”, exige Díaz Tejera. 

El magistrado comparó en febrero el centro con una “cárcel de la dictadura” y con una “ratonera” durante el estado de alarma, a pesar de que había estado en obras durante un año y medio para solventar las irregularidades contempladas en 2015 por la entonces jueza de control Victoria Rosell.

El Defensor del Pueblo también denunció a través de un informe publicado en junio de 2020 que el CIE de Tenerife no presenta “unas condiciones idóneas para la permanencia de personas hasta 60 días”. Una de las deficiencias que se identificaron fue el cumplimiento “parcial o incompleto” de acceder al aseo por la noche, así como la falta de asistencia social y cultural, de material de ocio, de lectura o deportivo suficiente.

Respecto a los migrantes que han llegado a Canarias durante la pandemia y que han sido ubicados en plazas de acogida, el juez responde que están en libertad: “Es decisión del Ministerio Fiscal evaluar si estos grupos son susceptibles de ser expulsados, analizando datos como sus nacionalidades”. Las personas que pueden ser deportadas cumplen un plazo máximo de 60 días internados en estos centros no penitenciarios custodiados por agentes de la Policía Nacional, hasta que se concluye su trámite de expulsión. En algunos casos, este tiempo no es suficiente para tramitar la repatriación, por lo que no son deportados, pero quedan fuera del CIE. 

Los migrantes que cumplen el perfil de solicitante de protección internacional, aquellos que tengan “un temor fundado a ser perseguidos en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual”, no pueden ser expulsados y, por tanto, no deben entrar en un CIE. Sin embargo, el Defensor del Pueblo notificó en los primeros meses de 2020 deportaciones de decenas de malienses desde Canarias a Mauritania, a pesar de que incluso algunos de ellos expresaran su intención de pedir asilo en España

Las condiciones de los vuelos de Frontex que expulsan inmigrantes también fueron descritas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que denunció la falta de intérpretes y señaló que incluso uno de los tripulantes tuvo que desplazarse descalzo desde el furgón policial hasta el avión. En otros casos, a pesar de que el lugar de destino era Nuakchot, ninguno de los deportados era nacional mauritano. El Ejecutivo central justificó que el convenio que existe entre ambos estados incluye también a nacionales de países terceros, siempre que el punto de partida de su trayecto sea Mauritania. En los últimos meses, buena parte de las embarcaciones que ha recibido el Archipiélago sale de Marruecos o del Sáhara Occidental. 

El Matorral seguirá cerrado 

El CIE El Matorral, levantado en Fuerteventura, “no reabre ahora”, ha asegurado el Ministerio del Interior. El flujo migratorio que ha recibido la Isla en los últimos meses abrió el debate sobre la posibilidad de volver a internar migrantes en este espacio o de hacer de él un espacio de acogida. La decisión de clausurar El Matorral la tomó Fernando Grande-Marlaska en 2018, después de que el Gobierno siguiera tramitando costes de millones de euros de servicios de mantenimiento, alimentación o limpieza a pesar de que estuviera vacío desde 2012.  Además, se declaró su cierre definitivo por no cumplir con las condiciones exigidas por ley para estos centros. “Las celdas son tipo cárcel, no hay iluminación nocturna. Hay rejas tanto en ventanas como en las puertas. Las primeras semanas de internamiento suelen pasarse dentro de la propia celda [...] su insalubridad era alarmante”, reveló un estudio elaborado por los departamentos jurídicos de cuatro universidades españolas y publicado por elDiario.es. Un año y medio más tarde, el Ministerio confirmó que estaba estudiando la posibilidad de reabrir el CIE a petición del Gobierno de Canarias. 

Ante el repunte de las llegadas por vía marítima y la ausencia de una red estable de recursos de acogida, el Ministerio de Migraciones también fijó la vista en El Matorral, valorando la opción de convertir estas instalaciones militares en un lugar de acogida. El presidente del Cabildo insular, Blas Acosta, aseguró en junio que la corporación planeaba firmar de inmediato un convenio con el Estado con este propósito, librando al establecimiento de ser “una cárcel”.