Cronología de una emergencia energética

El 30 de julio de 2023, en torno a las tres de la madrugada, se produce un apagón en toda la isla de La Gomera que estuvo perturbando durante varios días su normal funcionamiento. Según fuentes oficiales, este cero eléctrico se ocasionó debido a un incendio en la sala de servicios auxiliares que dejó inutilizada una gran parte de la flota de grupos generadores de la única central térmica de la isla, la central del Palmar. 

Contrariamente a lo que cabría esperar, en los días y semanas siguientes no se estableció un debate sobre los motivos del incendio, no se discutió el por qué una central tiene ubicados todos sus servicios auxiliares en el mismo sitio, no se habló de por qué no hay sistemas redundantes que, ante la avería de uno, el otro pueda seguir funcionando, ni siquiera se exigió la responsabilidad que Unelco Generación SAU, filial de Endesa‐Enel y propietaria de la planta, debía asumir. El debate se centró en que existe una cantidad importante de grupos con su vida útil regulatoria vencida y se desvió toda la atención hacia las administraciones y una normativa perniciosa que, al parecer, había impedido la renovación de estos grupos. 

Por extensión, la clase política y empresarial del archipiélago descubrió que el resto de las islas está en condiciones similares, a pesar de que esa información era pública y accesible a poco que se buscara y denunciada en multitud de ocasiones por los firmantes de este artículo y otros colegas de profesión desde hace más de 5 años.   

Comenzó entonces una suerte de histeria colectiva, el miedo a que se van a producir apagones frecuentes se extendió y, por tanto, es necesario ponerle un remedio urgente. En esta histeria no solo participan colectivos que en principio podrían desconocer el tema tratado, sino el asunto es avalado por algún ilustre miembro de Colegios de Ingenieros. 

Estando así las cosas, el lunes 2 de octubre de 2023, el Gobierno de Canarias se descuelga con toda una Declaración de Emergencia Energética en la que urge al Gobierno Central a resolver la situación, invocando el precepto regulatorio que establece la Ley 17/2013 tras conocer el informe de Red Eléctrica de España sobre el déficit de cobertura de potencia donde no había nada nuevo que anteriormente no se conociera (sin ir más lejos, en la legislatura anterior). Apenas dos días después, el 4 de octubre, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, publica la convocatoria para presentar las propuestas para la instalación de potencia de generación adicional de emergencia para cubrir las necesidades energéticas. 

Evidentemente, si el inicio de todo este proceso fue el apagón de La Gomera y si la causa fundamental, asimilada de manera general por todos los creadores de opinión, se encuentra en la obsolescencia de los grupos de generación, en esta convocatoria y pensando en buena lógica, se habrá reservado un lugar importante a la instalación de nuevos grupos en la isla colombina. Pues no, contrariamente a lo que se pudiera pensar, hay potencia adicional de emergencia para Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura por un montante de 250 MW, pero nada para La Gomera.

La presentación de estas propuestas expiraba el 26 de octubre y hasta hoy no tenemos ninguna noticia de las ofertas presentadas, salvo algunas filtraciones interesadas en la prensa. 

Por otro lado, y según parece, como respuesta a esta declaración de emergencia el Gobierno de la Nación ha sacado en fechas recientes la Propuesta de Resolución por la que se convoca el Procedimiento de Concurrencia Competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional para los sistemas eléctricos en territorios no peninsulares. Esta propuesta, que está publicada para recibir cuantas alegaciones se consideren y que se pueden llevar a cabo hasta el 30 de noviembre próximo, pretende ser el pistoletazo de salida para la renovación de todos los grupos que tienen su vida útil regulatoria vencida en las islas y que teóricamente acabaría con esta situación de precariedad energética. 

En cuanto vimos esta publicación inmediatamente nos enfrascamos en su lectura buscando el apartado de los grupos que se iban a renovar en La Gomera, ya que había sido el detonante de toda esta situación. Pues bien, a pesar de que en La Gomera hay siete grupos con su vida útil regulatoria caducada, lo que suman un total de 7,38 MW, tan solo se pretenden renovar 2,5 MW, por lo que da la impresión de que tan precaria no era ni es la situación en esta isla. 

Existe un célebre pensador de nuestro tiempo que mantiene que cuando quieres llevar a cabo algún proceso que no es del todo aceptado por la sociedad, lo que hay que hacer es crear un problema importante que cause alarma y proporcionar la solución a ese problema, integrando el proceso que no era del todo aceptado. El cuasi monopolista en el archipiélago ha pasado en poco menos de seis meses de negar la necesidad de reconvertir prácticamente todo el parque de generación fósil a convertirlo en un asunto de Estado. No puede negarse esta “habilidad” a la hora de darle la vuelta a la situación. 

La transición energética a las renovables y la descarbonización para el 2040 del territorio canario, contenidas en el PTECAN, ahora sufren un giro copernicano. De hacer una planificación sometiendo a todos los desarrollos de renovables y almacenamiento por procedimiento administrativo ordinario en la anterior legislatura y alimentada con 467 millones de euros de asignación directa procedente de los fondos europeos #NextGenEU, a un plan de urgencia que salta algunos pasos fundamentales (hurta la fiscalización por parte de los expertos independientes, impone las localizaciones sin haber hecho las consultas previas al territorio), que pone en desventaja competitiva a la generación renovable y que introduce un combustible costoso, volátil en precios y con infraestructuras de muy largo plazo como es el gas natural.   

El 30 de noviembre, cuando el MITERD reciba las alegaciones al concurso y, después de ellas, se ponga en marcha el proceso de concurrencia competitiva, la transición energética habrá dado un paso atrás muy relevante. Por supuesto que hay un “plan B” que no pase por introducir una nueva fuente de energía fósil: hacer gestionable todo el parque renovable actual acelerando las inversiones en almacenamiento hidráulico y en baterías. Y todo ello garantizando el suministro. Teniendo en cuenta que el proceso de concurrencia no tendrá listas las nuevas centrales hasta dentro de cuatro años, para entonces Canarias podría más que triplicar la potencia instalada de renovables ya gestionables y funcionar en condiciones de firmeza, tensión e inercia similar a las térmicas.

La pregunta es muy sencilla: ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos seis meses para que estemos en emergencia energética? La respuesta es muy breve: prácticamente nada. Los datos y la situación real de los grupos generadores es exactamente la misma que teníamos hace uno, dos, tres… hasta cuatro años antes. El Gobierno nos tendrá que explicar (pero de verdad, no como hasta ahora, no somos alumnos de preescolar) por qué así y de esta manera. 

Punto, juego y set de una manera absolutamente genial. Eso hay que reconocerlo. Pero el partido todavía no ha acabado…